Este martes 3 de noviembre entra en vigor la regulación del uso de teléfonos celulares en escuelas de México, medida impulsada por el gobierno federal con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas en estudiantes. La implementación de esta normativa resulta de una consulta realizada a docentes de educación básica y la coordinación con gobernadores de todos los estados.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), prohíbe el uso de celulares en escuelas primarias y secundarias. En el caso de las preparatorias, se permitirá un uso responsable y seguro bajo las directrices establecidas por cada institución, mientras que en educación superior se exhorta igualmente a un uso responsable.
Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mencionó que un 81% de los docentes encuestados se mostró a favor de la regulación. Esta acción alinea a México con más de 100 países que han adoptado medidas similares, motivadas por preocupaciones sobre el uso excesivo de dispositivos móviles en el ámbito escolar.
La regulación también responde a advertencias sobre los efectos negativos del uso prolongado de redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, instando a los estudiantes a participar en actividades físicas, culturales y académicas.
A pesar del respaldo de los padres, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) criticó la falta de inclusión de la opinión de los niños en este proceso de decisión. La organización sostiene que restringir el acceso a las tecnologías no es la solución adecuada y aboga por la creación de entornos digitales seguros.
De acuerdo con el DOF, los dispositivos móviles deberán permanecer guardados durante la jornada escolar y serán custodiados por las autoridades educativas. La regulación indica que un uso no controlado de celulares afecta la atención y el rendimiento académico, y está sustentada por investigaciones que demuestran que la mera presencia de un celular en el aula puede ser distractora.
La normativa tiene como objetivo proteger la salud mental, el desarrollo cognitivo y el derecho a la educación de los estudiantes. La regulación contempla excepciones para su uso en emergencias, así como en casos relacionados con discapacidad y necesidades de salud.