La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incluido a 43 individuos en la Lista de Personas Bloqueadas por su relación con proveedores electorales, tras realizar un análisis de operaciones financieras clasificadas como de riesgo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha calificado esta acción como preventiva y ha indicado que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar los hechos.
Los afectados comprenden a 28 personas físicas y 15 personas morales. La dependencia aclaró que la inclusión en esta lista es una medida administrativa y no implica responsabilidad definitiva. Las personas que han sido bloqueadas tienen derecho a presentar mecanismos de defensa y recibir garantías de audiencia, conforme a la normativa vigente.
Desde la Secretaría de Hacienda no se han precisado los nombres de las personas afectadas ni su vinculación con proveedores electorales específicos. Tampoco se ha detallado la magnitud de las operaciones financieras, las fechas en las que ocurrieron o los elementos de riesgo identificados por la UIF.
La UIF señala que estas medidas son parte de un esfuerzo por prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, enfatiza que es esencial garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas implicadas en estas investigaciones.
Este anuncio se produce en un contexto marcado por indagaciones relacionadas con presuntas irregularidades en licitaciones, la utilización de recursos públicos y conflictos de interés en los Organismos Públicos Locales Electorales y en el Instituto Nacional Electoral, tras el caso de la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei.
El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio que abarca a estos organismos, así como a empresas y servidores públicos vinculados. La auditoría busca identificar posibles conflictos de interés, colusiones y la triangulación de recursos.
La ASF ha ampliado su investigación al extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y llevará a cabo un análisis de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 para detectar patrones en la contratación, concentración de proveedores y posibles irregularidades en las prácticas de empresas o funcionarios públicos. También se ha anunciado una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral (INE) y un examen exhaustivo del gasto por parte de los organismos electorales locales.