Un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República en México ha revelado cifras alarmantes sobre la creciente incidencia de fraudes y extorsiones en el país. Según el informe, se registran hasta 15 mil fraudes y 13 mil extorsiones cada día, delitos que se han vuelto más sofisticados con el uso de tecnologías de la información para engañar a las víctimas y afectar su patrimonio. Estos delitos también se han convertido en uno de los más comunes en México, y lo más preocupante es que la mayoría no son denunciados ante las autoridades, lo que crea una «cifra negra» en este tipo de delitos.
El estudio, titulado «El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo», destaca diversas modalidades de fraude, como los «montadeudas», las pirámides financieras, las llamadas de extorsión, la oferta de falsos premios, la venta de productos falsificados y la suplantación de identidad. Estas prácticas buscan engañar a las víctimas para obtener ganancias ilegales.
La Ciudad de México es identificada como la entidad con el mayor número de casos de fraude, con un total de 9,651 casos. Le siguen el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León y Guanajuato en la lista de entidades con altas tasas de fraude. Por otro lado, estados como Nayarit, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tlaxcala registran un menor número de estos delitos.
El estudio también señala que se han realizado esfuerzos legislativos para combatir estos delitos, con 16 reformas legales presentadas en el periodo legislativo actual, que comenzó en septiembre de 2021 y concluye en agosto de 2024. Sin embargo, muchas de estas iniciativas aún están pendientes de análisis y discusión en el Congreso mexicano.
Las cifras reveladas por el estudio del Senado son alarmantes y destacan la creciente incidencia de fraudes y extorsiones en México. La sofisticación de estas prácticas delictivas, así como la falta de denuncias, representan un desafío importante para las autoridades. Además, se resalta la importancia de los esfuerzos legislativos para combatir estos delitos y proteger el patrimonio de los ciudadanos. La sociedad y las autoridades deben trabajar en conjunto para abordar este problema y reducir la impunidad en casos de fraude y extorsión.
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