La gestión de Manuel Bribiesca Sahagún al frente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) —primero en León y posteriormente como el presidente estatal de Guanajuato— marca un antes y un después en la forma de entender el activismo político-empresarial en el Bajío.

Su periodo (2022-2026) no fue el de una presidencia de oficina y protocolos silenciosos; fue una gestión de intervención pública, debate frontal y fortalecimiento institucional bajo fuego cruzado.

Hacer un balance de estos años requiere analizar cómo un sector duramente golpeado por la pandemia logró no solo sobrevivir, sino posicionarse como un actor político y social de primer orden.

La Transformación del Gremio: De la Resistencia a la Relevancia

Bribiesca asumió el mando en un momento crítico, enfrentando la «triple presión»: la recuperación post-pandemia, la crisis de seguridad y una oleada de cambios regulatorios. Bajo su dirección, la delegación León rompió el techo de cristal de la representatividad.

Crecimiento Exponencial: Con más de 300 establecimientos afiliados, consolidó a León dentro del Top 10 de delegaciones más importantes de CANIRAC a nivel nacional.

Profesionalización: La capacitación de más de 2,500 colaboradores elevó el estándar de servicio, entendiendo que la competitividad del sector reside en su capital humano.

Identidad Regional: El impulso a la iniciativa «Guanajuato ¡Sí sabe!» fue un acierto estratégico para dotar de una narrativa cultural a la gastronomía local, convirtiéndola en un activo turístico de exportación.

El Activismo de la Provocación Útil

Si algo definió la marca Bribiesca fue su comunicación. La campaña «Si manejas, no te empedes» es el ejemplo perfecto de su estilo: rompió las formas tradicionales para priorizar el fondo.

«El mensaje debía hablar en el lenguaje de quienes están detrás del volante, no en el de los manuales de urbanidad.»

Aunque la controversia léxica generó roces con el gobierno municipal de León, el resultado fue un posicionamiento mediático sin precedentes que puso el foco en la responsabilidad social del consumo de alcohol. Asimismo, su postura frente a la Ley General del Tabaco, priorizando la salud pública sobre el amparo legal, demostró una madurez política que alineó sus valores personales con la ética gremial.

Seguridad: Propuestas frente a la Adversidad

En lugar de limitarse a la queja por el impacto de la inseguridad en la vida nocturna, la gestión de Manuel Bribiesca transitó hacia la colaboración técnica. Dos hitos documentan este avance:

Integración Tecnológica: La propuesta de conectar las cámaras de seguridad de los restaurantes al C4 transformó establecimientos privados en ojos aliados de la vigilancia urbana.

Perspectiva de Género: El programa «Mujeres Seguras» fue una respuesta institucional concreta a una demanda social urgente, demostrando que la cámara podía ser un espacio de protección y no solo de consumo.

Navegación Política: Autonomía y Consenso

Manuel Bribiesca logró lo que pocos líderes empresariales consiguen: mantener una interlocución constante con tres administraciones distintas (Diego Sinhue Rodríguez, Alejandra Gutiérrez y Libia Dennise García) sin perder la autonomía del gremio.

Con Alejandra Gutiérrez: Supo plantar banderas. La defensa de los horarios y la oposición a medidas punitivas frente a las preventivas marcaron una sana distancia institucional que protegió los intereses económicos de los restauranteros sin romper el diálogo.

Con Libia Dennise García: La transición hacia el gobierno estatal actual se dio en un marco de respeto institucional, cerrando su ciclo con un agradecimiento conjunto que subraya la estabilidad de la industria al final de su mandato.

El paso de Manuel Bribiesca Sahagún por CANIRAC deja un sector más unido, más visible y tecnológicamente más integrado a la realidad del estado.

Su presidencia estatal, la primera en la historia de Guanajuato, deja la vara alta para su sucesor, Joaquín Ledesma Nova, especialmente en la capacidad de convertir el debate público en una herramienta de gestión.

Manuel Bribiesca Sahagún no solo representó a quienes sirven mesas; representó a una industria que es el corazón del turismo y la economía del Bajío, recordándonos que un líder empresarial también debe ser un ciudadano activo en la discusión de las políticas públicas.

He dicho.

La elección de 2027 en Irapuato no se va a definir como las anteriores.

No será una elección de estructuras, ni de redes sociales; será menos ideológica y más pragmática, porque ese es el nuevo perfil del irapuatense: un votante que ha dejado de guiarse por partidos y discursos, y que hoy decide en función de lo que vive todos los días, de lo que le duele y de quién realmente le resuelve.

Porque Irapuato ya cambió.
Y quien no entienda ese cambio, simplemente no va a conectar.

Hoy la ciudad enfrenta una acumulación de fenómenos sociales que ya no pueden analizarse de forma aislada:

La inseguridad dejó de ser un evento y se convirtió en entorno que ha cambiado la dinámica y el humor social del Irapuatense

El crecimiento urbano de Irapuato ha superado su planeación, expandiendo la ciudad hacia la periferia y aumentando las distancias, mientras el parque vehicular crece más rápido que la infraestructura; el resultado es una movilidad más congestionada, con traslados más largos, costosos y desgastantes para la población.

Irapuato enfrenta un problema estructural de agua: gran parte de su red hidráulica supera los 40 años, lo que provoca fugas, baja eficiencia y fallas constantes; por ello, el siguiente gobierno deberá invertir de forma millonaria en su renovación, con un costo político inevitable.

El siguiente político en Irapuato tendrá que cambiar su modelo de comunicación, no por moda, sino por una realidad social: la gente ya no confía en lo institucional porque lo percibe lejano y poco creíble, y conecta más con lo cercano y auténtico, como lo muestran perfiles como Zohran Mamdani. Esto implica herramientas concretas: videos simples y directos grabados en el momento, presencia constante en redes, interacción real en comentarios, uso de WhatsApp para informar y responder, mensajes claros y cotidianos, y una narrativa construida desde la calle y no desde la oficina. En un entorno de frustración e inseguridad, la ciudadanía no busca producción, busca verdad; por eso el modelo tendrá que ser más sencillo, más humano y más consistente.

La clase media Irapuatense opera bajo mayor presión económica y percepción de riesgo.

El siguiente político en Irapuato tendrá que ir más allá de la seguridad y asumir una reingeniería social desde el municipio. No bastará con entregar apoyos como calentadores o estufas; hoy la gente necesita ser escuchada, atendida y acompañada. El reto será concreto: fortalecer servicios básicos, invertir en atención psicológica municipal de calidad, implementar programas de prevención y atención a las adicciones con enfoque territorial y generar espacios reales de integración comunitaria. Más que apoyos materiales, la ciudadanía está demandando cercanía, atención y soluciones que reconstruyan la convivencia.

Ese es el terreno real en Irapuato del 2027.

Desde mi posición —no solo como empresario, sino también desde el activismo— me toca recorrer la ciudad y recoger el sentimiento de la gente . Escuchar lo que no se reporta, entender lo que no se mide pero hay una precisión necesaria: escuchar no sustituye analizar.

La ciencia de datos explica y ayuda a entender el fenómeno y solucionarlo.

El candidato que no logre integrar ambas dimensiones, va a construir decisiones incompletas.

A partir de ello, el perfil competitivo hacia 2027 no puede ser convencional.

Un verdadero estadista es el que gobierna con base en el conocimiento científico y con el apoyo de especialistas; no quien delega las decisiones en incondicionales que validan sin cuestionar.

La ingeniería electoral hacia 2027 tampoco será lo que tradicionalmente se ha entendido.

No se limitará a segmentar votantes.
Se centrará en comprender comportamientos.

El votante que definirá la elección en Irapuato es, en su mayoría, un adulto joven de entre 25 y 44 años, perteneciente a una clase media y trabajadora que vive bajo presión constante: se traslada todos los días, enfrenta inseguridad, lidia con servicios públicos deficientes y con un ingreso que pocas veces alcanza con holgura. No es un votante ideológico ni leal a un partido; es volátil, crítico y cada vez más desconfiado, que decide su voto a partir de lo que vive en su colonia y en su rutina diaria. Más que discursos o promesas, evalúa resultados concretos, y su decisión se construye desde la experiencia cotidiana: si su entorno mejora, permanece; si no, castiga.

Esta columna no está dirigida a una persona ni a un partido en particular, sino a todas las fuerzas políticas que competirán en Irapuato. Es una reflexión construida desde la experiencia de quien, como empresario joven, observa la ciudad en su operación diaria, pero también desde el análisis de datos, los fenómenos sociales y las nuevas dinámicas que hoy están redefiniendo la política. El mensaje es claro: el perfil del próximo liderazgo ya no admite improvisaciones. Irapuato exige perfiles más completos, más preparados y más conectados con su realidad. Quien no entienda esta exigencia y no postule a los mejores, no solo perderá una elección, quedará fuera de la relevancia pública. Porque en el Irapuato que viene, los proyectos políticos que no evolucionen están condenados a desaparecer.

El debate sobre el abasto de medicamentos en Guanajuato ha dejado de ser un asunto de salud pública para convertirse en un botín político. Los diputados locales de Morena han encontrado en el tema una plataforma de golpeteo, ignorando en el proceso una regla básica de la fiscalización: el que acusa, debería tener la casa limpia.

Lo verdaderamente preocupante no es que se exija transparencia —una demanda siempre legítima y necesaria—, sino la ligereza y el dolo con el que se interpretan los procesos institucionales. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son, por definición técnica, solicitudes de aclaración dentro de un proceso en curso; no son sentencias firmes ni acreditan en automático un daño patrimonial. Sin embargo, en el discurso legislativo, estas sutilezas desaparecen para construir narrativas de escándalo y erigir tribunales mediáticos antes de que concluyan las auditorías.

El problema de esta estridencia y de su tono de superioridad moral es que no resisten la prueba del espejo. Si el estándar de pureza será la ASF, el análisis debe ser parejo. Y es ahí donde el discurso guinda se resquebraja.

A nivel federal, en las estructuras directamente operadas por la autodenominada Cuarta Transformación, las anomalías no solo superan con creces los montos locales, sino que exhiben fallas estructurales mucho más graves.

Hablamos del caso Birmex, que arrastra más de 1,044 millones de pesos pendientes por aclarar, con expedientes que documentan desde pagos sin respaldo hasta la entrega de medicamentos caducos. Hablamos del extinto Insabi, donde la ASF detectó irregularidades por 651 millones de pesos en un periodo crítico donde apenas se logró entregar el 5.1% de los fármacos oncológicos demandados. Hablamos de Veracruz, bastión del oficialismo, con un boquete financiero por aclarar que supera los 730 millones.

En suma, estamos ante más de 2,500 millones de pesos en la opacidad institucional, a lo que habría que sumarle un proceso federal de compra consolidada anulado por cerca de 13 mil millones. Frente a este desastre administrativo, el tono de los legisladores cambia radicalmente. El escándalo se vuelve silencio; la condena inmediata se transforma en matiz y justificación.

Esta diferencia no es técnica, es profundamente política y evidencia un uso selectivo de la rendición de cuentas: implacables hacia afuera, pero condescendientes hacia adentro.

La narrativa pierde aún más sustento cuando intentan satanizar a proveedores específicos, como DIMESA o PHARMAJAL, presentándolos como un fenómeno exclusivo de Guanajuato, omitiendo convenientemente que estas empresas son contratistas habituales en estados gobernados por su propio partido.

Aquí es donde el papel de diputados como Hades Aguilar y David Mendizábal resulta cuestionable. Su actuación en tribuna se reduce a ser cajas de resonancia de una lógica federal: amplificar los procesos en curso cuando conviene golpear al adversario, y minimizar el desastre cuando las irregularidades manchan al propio proyecto.

Cuando la transparencia se aplica a conveniencia, deja de ser un mecanismo de control institucional para convertirse en una simple herramienta de golpeteo. No es un tema de ser gobierno u oposición, es un tema de consistencia elemental. Y en política, esa falta de congruencia tiene nombre. Tarde o temprano, también tiene costo.

Por Mario Villegas

León, Gto., 19 de marzo de 2026.— La Directora General de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Guanajuato, Irma Leticia González Sánchez, sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Nacional de la Industria del Conocimiento (CNEMCO), con el objetivo de fortalecer la participación del sector privado en proyectos de obra pública federal.

Durante el Espacio de Consultoría convocado por el Consejo Directivo del organismo —presidido por Juan Antonio Guzmán Acosta para el periodo 2026-2027—, se presentaron avances, lineamientos y mecanismos para que empresas puedan integrarse a procesos de licitación en la entidad.

Uno de los temas centrales fue el avance del proyecto ferroviario interurbano, particularmente en el tramo Querétaro–Apaseo el Grande–Irapuato, el cual contempla una extensión total de 108 kilómetros. De acuerdo con la funcionaria, desde 2025 se trabaja en la liberación de derechos de vía, lo que ha permitido dar continuidad a esta obra estratégica para la región.

Además, González Sánchez informó que se han implementado mesas de atención social en los municipios involucrados, con el propósito de socializar el proyecto con la población y prevenir conflictos durante su desarrollo.

En materia de infraestructura social, la SICT destacó la construcción de bachilleratos tecnológicos en Celaya y León, así como acciones de mantenimiento y señalización en la red carretera federal del estado.

Durante el encuentro, también se expusieron los requisitos y normativas para participar en licitaciones públicas nacionales, así como el uso de la plataforma Compras.mx, herramienta clave para que empresas accedan a convocatorias y procesos de contratación gubernamental.

El presidente del Consejo Directivo de CNEMCO, Juan Antonio Guzmán Acosta, subrayó la relevancia de estos espacios de diálogo.

“Permiten conocer de primera mano las necesidades del gobierno y abrir oportunidades para que las empresas participen en proyectos de infraestructura y desarrollo social”, afirmó.

Este acercamiento refleja una estrategia de vinculación entre gobierno y sector empresarial, en un contexto donde los proyectos federales buscan mayor participación de proveedores locales en Guanajuato.

Irapuato, Gto. — Irma Leticia dio un paso importante en su trayectoria profesional al rendir protesta como Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), una de las organizaciones más relevantes del país en materia de infraestructura carretera.

Este nombramiento representa no solo un reconocimiento a su experiencia, sino también un compromiso activo con el desarrollo técnico y la mejora continua en el sector de las vías terrestres, un rubro clave para el crecimiento económico y la conectividad en México.

A través de AMIVTAC, especialistas del ramo impulsan mes a mes la actualización de conocimientos, la capacitación constante y el intercambio de mejores prácticas, con el objetivo de elevar la calidad de la infraestructura en el país.

En este contexto, Irma Leticia destacó la importancia de seguir preparándose y fortalecer las capacidades técnicas para responder a los retos actuales en materia de desarrollo urbano y movilidad.

“Es un paso que asumo con compromiso y responsabilidad, convencida de que la capacitación y la profesionalización son fundamentales para construir un mejor futuro para la infraestructura de nuestro país”, expresó.

Su incorporación a la vicepresidencia refuerza su perfil dentro del ámbito técnico y profesional, consolidándola como una figura con presencia en espacios clave para la toma de decisiones y la evolución del sector.

Irapuato, Gto.– Autoridades de los distintos órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— llevaron a cabo la firma del Convenio de Entrega en Custodia de la Zona Federal del Río Silao, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (JAPAMI).

El evento fue encabezado por la alcaldesa Lorena Alfaro García, acompañada del director de JAPAMI, Roberto Castañeda, quienes destacaron la importancia del acuerdo para fortalecer la protección, conservación y uso responsable del recurso hídrico en el municipio.

De acuerdo con la información oficial, este convenio permitirá establecer mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el resguardo de la zona federal del Río Silao, considerada una franja estratégica tanto en materia ambiental como urbana.

Durante el acto, las autoridades señalaron que estas acciones buscan mejorar la gestión del río, así como prevenir riesgos derivados de la ocupación irregular de zonas federales y posibles afectaciones ecológicas.

Sin embargo, el desafío va más allá de la firma. El Río Silao ha sido señalado de manera recurrente por problemas como descargas contaminantes, deterioro ambiental en distintos tramos y una vigilancia limitada, lo que plantea dudas sobre la capacidad de las instituciones para traducir estos acuerdos en resultados concretos.

En este contexto, especialistas han advertido que el impacto real dependerá de la ejecución: supervisión constante, recursos suficientes y acciones efectivas en campo que permitan recuperar y proteger el afluente.

Este convenio se da en medio de una creciente presión sobre los recursos hídricos en Guanajuato, donde la gestión del agua se ha convertido en un tema prioritario ante el estrés hídrico que enfrenta la entidad.

Por ahora, el acuerdo representa un paso institucional relevante; será en los próximos meses cuando se pueda evaluar si estas acciones logran mejorar las condiciones reales del Río Silao y su entorno.

Por Redacción Contacto Noticias

El escenario rumbo a la próxima elección en Irapuato empieza a mostrar movimientos dentro de Morena, y aunque formalmente aún no hay definiciones, varios factores políticos comienzan a perfilar una tendencia dentro del partido.

Entre los nombres que circulan en el contexto interno del movimiento, Irma Leticia González Sánchez aparece como uno de los perfiles que podría terminar encabezando la candidatura. No necesariamente por un momento coyuntural, sino por la acumulación de varios elementos políticos.

Uno de ellos es el trabajo territorial que ha desarrollado durante años en distintos sectores de la ciudad, lo que con el tiempo ha generado presencia política y reconocimiento dentro del entorno local. Ese tipo de trabajo prolongado suele producir un efecto natural: una inercia política que termina generando posicionamiento.

A esto se suma otro elemento relevante: su incorporación dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, designación realizada durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la dinámica interna de los partidos, este tipo de nombramientos también envían señales políticas sobre ciertos perfiles.

Sin embargo, el tablero dentro del morenismo local no se explica únicamente por un perfil, sino también por las condiciones de los otros aspirantes que han sido mencionados.

Uno de ellos es el diputado Abraham Soto Mayo, quien enfrenta un obstáculo evidente: la falta de madurez política y de trayectoria territorial consolidada. En una ciudad con la complejidad política y social de Irapuato, la experiencia en operación política suele ser un factor determinante.

Además, en el contexto actual del país y de Irapuato el diputado local Abraham Soto Mayor debe cumplir plenamente con los requisitos legales y éticos para ocupar un cargo público, si así fuese su decisión de participar en la contienda del 2027, particularmente la obligación de acreditar que de su parte no existe ningún vínculo con el crimen organizado, un principio que hoy a mi parecer es fundamental para encabezar cualquier proyecto político.

Recordemos que hace algunos meses se filtraron en medios de comunicación y redes sociales imágenes de un familiar cercano a Soto Mayo portando armas de alto calibre. Esto ocurrió a raíz de un supuesto “asalto” a una pollería de su propiedad, en la cual dicho familiar trabajaba como empleado.

Otro actor mencionado es José Aguirre Gallardo, conocido como Pepe Aguirre. Su cercanía política con el grupo del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández forma parte de las dinámicas internas del movimiento.

No obstante, Aguirre enfrenta el reto de fortalecer su posicionamiento público y su imagen política, especialmente después de episodios que han sido recordados en la discusión política local, como aquella ocasión en la que se quedó dormido durante un evento público.

A esto se suma un elemento que también modificó los equilibrios internos del morenismo en Guanajuato: el fallecimiento del exdiputado federal Miguel Ángel Chico Herrera, una figura que durante años tuvo influencia dentro del movimiento y que participó en su articulación política. Debo decirlo con claridad: estimé mucho a Miguel Ángel Chico Herrera, y su ausencia dejó un espacio político que todavía continúa reacomodándose.

Mientras tanto, el escenario electoral de la ciudad sigue teniendo como referente histórico al Partido Acción Nacional, que durante años ha mantenido una posición dominante en Irapuato.

En este contexto, la definición de Morena dependerá de varios factores: estructura territorial, mayor posicionamiento político, capacidad de comunicación pública y equilibrio interno dentro del propio movimiento.

Irma Leticia González Sánchez todavía enfrenta un desafío importante: fortalecer su relación con los medios de comunicación, así como con algunos líderes sociales y empresarios tradicionales de Irapuato, quienes continúan siendo actores clave en la dinámica pública de la ciudad. Estos sectores mantienen influencia en la vida política y económica local, por lo que construir puentes con ellos resulta fundamental para cualquier candidatura que aspire a competir con seriedad en una elección municipal.

El proceso interno todavía no concluye, pero dentro del tablero político de Morena en Irapuato la combinación de trabajo territorial acumulado, señales políticas y las debilidades de otros aspirantes comienza a perfilar una tendencia

Y en ese escenario, la candidatura parece comenzar a girar alrededor de un nombre.

Por Mario Felipe Cervantes Villegas

La narrativa de la “austeridad republicana” ha sido durante años una de las principales banderas políticas de Morena en México. Se presentó como una promesa para terminar con los excesos del poder y reducir los gastos superfluos del gobierno.

Sin embargo, una revisión de comprobantes, facturas y tickets correspondientes al segundo y tercer semestre de 2025 -reportados ante la PNT a inicios de año- del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato revela un contraste difícil de ignorar.

De acuerdo con el análisis de los documentos disponibles, los 11 diputados locales de Morena coordinados por David Martínez Mendizábal en el periodo 2025 acumulan gastos por más de $3.7 millones de pesos en el último semestre, pagados con recursos públicos provenientes del erario de los guanajuatenses.

Los comprobantes muestran consumos que incluyen gasolina, medicinas, dulces, snacks, supermercados, farmacias, restaurantes y restaurantes de lujo, autopistas y compras diversas, lo que abre el debate sobre el uso de recursos públicos por parte del grupo legislativo.

Entre las marcas y establecimientos que aparecen en los comprobantes se encuentran Farmacia Guadalajara, OXXO, Costco, Liverpool, Mobil, Pemex, Megagas, Restaurante la Vaka , Viva Aerobus, Concesionaria Bicentenario y la autopista Morelia-Salamanca, la cual no tiene nada que ver con responsabilidades legislativas dentro del Estado de Guanajuato.

Dulces, chocolates y snacks pagados con dinero público

Medicinas y compras en farmacias

Otro rubro identificado en los comprobantes corresponde a compras en farmacias, donde se incluyen medicamentos y productos de salud adquiridos con recursos públicos.

Este tipo de consumos también ha sido cargado a los gastos del grupo parlamentario.

Supermercados y tiendas departamentales

El análisis también detecta compras en Costco y Liverpool, con tickets que pueden superar los $5 mil pesos en una sola operación.

Este tipo de compras contrasta con el discurso político de austeridad que Morena ha promovido en distintos ordenes de gobierno.

Restaurantes y restaurantes de lujo

Entre los comprobantes también aparecen consumos en restaurantes, algunos con montos elevados que superan varios miles de pesos por cuenta.

Estos consumos incluyen comidas que han sido cubiertas con dinero de los Guanajuatenses.

Gasolina constante

Otro de los rubros más frecuentes en los comprobantes es el combustible.

Las cargas se registran en distintas marcas como Mobil, Pemex, Enerser y Megagas, con montos que van desde $300 pesos hasta más de $1,200 pesos por carga.

El promedio por carga ronda los $800 pesos.

Autopistas y viajes

También aparecen pagos de peajes en autopistas, incluyendo concesiones como la Morelia-Salamanca y la Concesionaria Bicentenario, además de comprobantes relacionados con movilidad aérea.

Entre los documentos revisados se identifican facturas de Viva Aerobus, lo que indica que parte del gasto también corresponde a viajes.

El ticket promedio

Al analizar una muestra representativa de comprobantes, el ticket promedio ronda los $997 pesos por gasto, es decir, prácticamente mil pesos cada vez que se presenta una factura al Congreso.

Los gastos menores como dulces o snacks presentan un promedio cercano a $500 pesos por ticket, mientras que las cargas de combustible rondan los $800 pesos por operación.

¿Cuánto cuesta cada diputado?

El grupo parlamentario de Morena está integrado solo por 11 legisladores.

Si se divide el monto total de $3.7 millones de pesos, el resultado arroja un costo promedio cercano a $336 mil pesos por diputado en gastos de representación en el ultimo semestre del 2025

En términos simples: cada legislador representa cientos de miles de pesos en gastos pagados con recursos del erario de los guanajuatenses.

El contraste con la austeridad republicana

Morena ha construido buena parte de su narrativa política criticando los excesos de los gobiernos del pasado.

Se prometió terminar con los privilegios, reducir gastos innecesarios y aplicar una política estricta de austeridad.

Sin embargo, los comprobantes revisados muestran una realidad distinta: dulces, chocolates, bebidas, gasolina, medicinas, supermercados y restaurantes cargados al erario.

Más allá del monto individual de cada ticket, el debate gira en torno al principio.

Una pregunta inevitable

Un diputado local en Guanajuato gana más de $224 mil pesos mensuales entre dieta y apoyos legislativos.

Ante esa realidad, surge una pregunta que muchos ciudadanos podrían hacerse:

¿Por qué los contribuyentes deben pagar también dulces, snacks, medicinas o consumos cotidianos de sus representantes?

“Austeridad con latte: el gasto en Starbucks de los diputados de Morena”

En tiempos donde miles de familias enfrentan inflación, inseguridad y dificultades económicas, cada peso del presupuesto público adquiere mayor relevancia.

Y quizá ahí está el punto políticamente incorrecto que muchos prefieren no decir. Mientras el discurso de la austeridad republicana, repetido durante años por el presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en terminar con los excesos del poder, los comprobantes cuentan otra historia: dulces, supermercados, gasolina, restaurantes y hasta tickets de Starbucks que rondan los mil pesos facturados al Congreso.

Al final, la contradicción es evidente: mientras desde la tribuna política se habla de vivir en la justa medianía, en los comprobantes aparecen cafés premium pagados con dinero público.

Esta investigación fue realizada por un equipo de investigadores de Contacto Noticias, a partir del análisis de comprobantes de gasto disponibles para consulta pública en el portal del Congreso del Estado de Guanajuato, donde cualquier ciudadano puede revisar los tickets y facturas presentados por los legisladores.

Por Rosario Martínez de la Vega
Periodista de Investigación | Contacto Noticias

Por Rosario Mtz de la Vega y Mario Villegas

Una investigación realizada por Contacto Noticias reveló un comprobante por $3,951 pesos en dulcería y botanas, cargado al erario del Congreso del Estado de Guanajuato, dentro de los registros de comprobación de gastos de la diputada local de Morena Hades Aguilar.

La información fue consultada directamente en la plataforma digital del Congreso del Estado de Guanajuato, dentro del apartado de control y comprobación de gastos correspondientes a la legisladora, donde aparece el ticket que detalla la compra de distintos productos de dulcería y botanas.

El documento forma parte de los registros de gastos relacionados con la actividad legislativa de la diputada.

Sin embargo, más allá del consumo en sí, el caso ha comenzado a generar cuestionamientos sobre cómo se utilizan los recursos públicos dentro del Poder Legislativo.

El dinero con el que se cubren este tipo de gastos no pertenece al Congreso ni a los diputados.
Se trata de recursos públicos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos de Guanajuato.

Y es justamente ahí donde surge una pregunta que muchos ciudadanos comienzan a hacerse.

Si una diputada local en Guanajuato percibe un ingreso mensual cercano a los $224 mil pesos, ¿por qué cargar al erario la compra de dulces y botanas?

El caso también llama la atención por otro motivo.

La propia Hades Aguilar ha sido una voz crítica desde Morena contra lo que su partido suele señalar como excesos o mal uso de recursos públicos por parte de gobiernos del PAN en Guanajuato.

Por ello, para diversos ciudadanos resulta contradictorio que, mientras se critican prácticas relacionadas con el uso del dinero público, aparezcan comprobantes de consumo pagados con recursos del Congreso.

La política suele exigir coherencia.

Y cuando el discurso habla de austeridad, combate a privilegios y defensa del dinero público, los ciudadanos también esperan que esas palabras se reflejen en las acciones.

Para muchas familias en Guanajuato, $3,951 pesos representan una parte importante del gasto mensual en alimentos.

Por eso, cuando un consumo de dulcería y botanas aparece cargado al presupuesto del Congreso, el debate público es inevitable.

No se trata solamente de un ticket.

Se trata de algo más simple: la congruencia entre lo que se dice en la política y lo que se hace con el dinero de los ciudadanos.

En los últimos meses, Hades Aguilar ha dedicado buena parte de su discurso público a criticar al Fiscal de Guanajuato y la estrategia de seguridad en el estado.

Sin embargo, para muchos ciudadanos resulta inevitable contrastar ese discurso con este tipo de gastos.

Sobre todo cuando Salamanca —municipio que representa— enfrenta una situación económica complicada para muchas familias.

En medio de ese contexto, hay quienes consideran que la prioridad de una diputada debería ser defender el bolsillo de los salmantinos, particularmente en momentos donde la economía también golpea a los hogares del estado.

Porque en política, las palabras pesan… pero los hechos pesan más.