La Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con el Órgano de Administración Judicial y los comités ejecutivos del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, han decidido que el proceso de evaluación del desempeño del personal judicial no conllevará sanciones ni separación de cargos. Este acuerdo, cerrado la noche del sábado y firmado por el ministro presidente Hugo Aguilar, responde a las preocupaciones expresadas por los empleados respecto a una evaluación inminente.
El consenso alcanzado durante la reunión en la sede del Máximo Tribunal modifica el reciente Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación. Las autoridades judiciales y los sindicatos han convenido en eliminar cualquier referencia que sugiera consecuencias punitivas derivadas de las evaluaciones. Este cambio busca fortalecer la eficiencia y la calidad en la impartición de justicia, asegurando que el enfoque de la evaluación sea constructivo y no represente un riesgo para los trabajadores.
Entre los ajustes acordados se incluye:
- La eliminación de evaluaciones extraordinarias solicitadas por titulares.
- La modificación de porcentajes que contenían factores de subjetividad.
- La publicación de los cambios en el Diario Oficial de la Federación.
El texto original del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, que regulaba la evaluación de secretarios y actuarios, había establecido un ejercicio diagnóstico sin consecuencias laborales para 2026. Sin embargo, preveía evaluaciones ordinarias posteriores que podían resultar en la separación del cargo por obtener resultados insuficientes o incurrir en deshonestidad académica, generando así descontento sindical.
La solución alcanzada entre la Corte y los sindicatos marca un paso hacia un proceso evaluativo que prioriza el fortalecimiento del sistema judicial sobre la penalización del personal, lo que podría influir en la percepción pública sobre la capacidad y la integridad de la justicia en el país.










