El órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) ha tomado la decisión de suspender con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, en medio de un proceso disciplinario por acusaciones de conducta sexual inapropiada. Esta medida, sin precedentes en la historia de la CPI, fue aprobada por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes, constituida por 125 países.

Durante una reunión celebrada en La Haya, la Mesa comunicó que remitirá el procedimiento disciplinario al pleno de los Estados miembros. La suspensión no implica un juicio de valor sobre el resultado final del procedimiento, pero representa un significativo revés para Khan, quien había alegado que un panel independiente había exonerado las acusaciones en su contra.

La evaluación se basó en un informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS), así como en pruebas recopiladas durante la investigación. La documentación examinada permanecerá confidencial. La crisis institucional en la CPI comenzó en abril de 2024, cuando surgieron acusaciones de conducta no consentida por parte de una abogada que trabajaba bajo la supervisión directa de Khan.

Dichas acusaciones inicialmente fueron comunicadas por compañeros de la denunciante, lo que activó un mecanismo interno de supervisión que cerró la investigación poco después. Posteriormente, la OIOS asumió el caso y elaboró un informe que, aunque permanece sin revelar, ha sido objeto de diversas interpretaciones entre los Estados miembros respecto a su gravedad.

La controversia se ha intensificado por el contexto en que emergieron las acusaciones, justo después de que Khan solicitara órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Khan ha sostenido que la suspensión es parte de una campaña en su contra, vinculada a sus decisiones judiciales.

Con la reciente decisión, se convocará una sesión extraordinaria de la Asamblea de los Estados Partes para decidir el futuro de Khan y evaluar si las acusaciones constituyen una falta grave incompatible con su cargo.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene una ventaja del 0.25% sobre la derechista Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú, tras el conteo del 95.084% de los votos emitidos. Según el último informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez ha obtenido el 50.126% de los sufragios, mientras que Fujimori alcanza el 49.874%, lo que representa una diferencia de 44,522 votos.

Aún quedan por contar 3,042 actas, en su mayoría provenientes del extranjero, cuyo progreso es limitado, ya que solo se ha contabilizado el 7.35% de ellas. La tensión en el proceso electoral se intensifica debido a que las cifras finales podrían definirse voto a voto. Hasta este momento, se reportan 1,518 actas que enfrentan impugnaciones, las cuales deberán ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales antes de que algunas de ellas sean remitidas al Jurado Nacional de Elecciones para la decisión final.

Por otro lado, la Cancillería de Perú anunció que el miércoles se completará la llegada de las actas de votación de peruanos en el extranjero, correspondientes a 2,506 mesas instaladas en 73 países. Este proceso incluyó la fusión de 490 mesas, principalmente en Europa y Estados Unidos, cumpliendo así con la normativa vigente.

El escenario electoral fue anticipado por proyecciones realizadas por empresas encuestadoras que reflejaron la estrecha contienda. Un estudio elaborado con actas oficiales indicó que Sánchez recibiría un 50.3% de los votos frente al 49.7% de Fujimori; otra encuesta arrojó resultados similares, con el margen de error del 1%. La comunidad internacional mantiene un seguimiento cercano a los resultados, dada la importancia de la consolidación democrática en la región.