La diputada Marybel Villegas Canché ha presentado una iniciativa en la Cámara de Diputados que propone la eliminación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para trabajadores que generan ingresos menores a 20,000 pesos mensuales. Esta medida, originada en Quintana Roo, busca mitigar los efectos de la carga fiscal en la economía familiar.

La modificación a la Ley del ISR tendría como finalidad establecer un «mínimo vital», concepto que pretende garantizar que los ingresos empleados en necesidades básicas como alimentación, vivienda y transporte no sean gravados. Actualmente, millones de trabajadores en México ven descontados sus ingresos mensuales por el ISR, el cual contribuye al financiamiento de programas sociales y del gasto público.

La edil argumenta que el sistema actual gravita sobre quienes apenas logran satisfacer sus necesidades diarias, especialmente en un contexto de aumento del costo de vida en diversas zonas del país. Según datos presentados en la propuesta, aproximadamente el 90% de la población trabajadora en México tiene salarios que no superan los 20,000 pesos cada mes.

La reforma planteada busca cambiar el artículo 90 de la ley, permitiendo que los ingresos básicos no sean objeto de retención fiscal. De aprobarse, esto implicaría un aumento en el ingreso neto mensual para los trabajadores afectados. La legisladora también indica que la necesidad de reducir la carga fiscal para este grupo es una cuestión de equidad social.

El ISR se convierte en un tema crítico, dado que es cobrado de forma automática desde la nómina, lo que cuestiona la capacidad de los trabajadores para sostenerse ante el incremento de la inflación y los costos de vida. La propuesta está en su fase inicial y deberá ser discutida y sometida a votación en las comisiones correspondientes del Congreso.

El debate sobre esta iniciativa ya ha comenzado a generar reacciones entre trabajadores, expertos fiscales y líderes de partidos políticos, a la espera de su posible impacto en la economía nacional y el presupuesto del gobierno. La medida ha suscitado interés, ya que podría significar un aumento directo en los ingresos de aquellos que actualmente enfrentan dificultades económicas.

En un operativo conjunto de fuerzas federales, se logró la captura de Isaí Martínez Cepeda, conocido como «El Chinacate», en Nogales, Sonora. Este individuo es identificado como sobrino de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera y presunto operador de la facción «Los Chapitos» del Cártel del Pacífico, según información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La detención se llevó a cabo durante un cateo domiciliario en la colonia Casa Blanca de Nogales. El despliegue involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Tras obtener evidencias, un juez autorizó la intervención del inmueble, resultando en el arresto sin se reportaron incidentes violentos.

Las autoridades federales destacan que Martínez Cepeda era uno de los principales coordinadores logísticos del tráfico internacional de estupefacientes, vinculándolo al envío de 10 mil píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos el año pasado. Además, está relacionado con la producción y distribución de drogas sintéticas hacia la Unión Americana y Costa Rica.

Se señala que «El Chinacate» tiene una orden de aprehensión con fines de extradición en su contra por delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Después de ser informado de sus derechos constitucionales, el detenido y los objetos asegurados fueron presentados ante el Ministerio Público de la Federación. La propiedad donde se realizó la detención ha sido sellada y se encuentra bajo resguardo de las autoridades.

El Gabinete de Seguridad reafirma el compromiso de las instituciones del Estado mexicano para promover la paz y el Estado de derecho en el país.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) ha alertado sobre el incremento del mercado ilegal de cigarros en México y ha lanzado una campaña nacional titulada “Vender cigarros pirata no vale la pena”. Esta iniciativa tiene como objetivo informar a los pequeños comercios y tenderos sobre las posibles consecuencias legales y económicas asociadas con la venta de productos de contrabando.

La organización señala que el aumento continuo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco ha encarecido los cigarros legales, lo que ha llevado a un incremento en el consumo de productos ilegales. Este tipo de comercio puede resultar en multas, clausuras y sanciones penales.

De acuerdo con ANPEC, el consumo de cigarros legales ha disminuido de 34 mil 80 millones de unidades en 2021 a 30 mil 160 millones en 2025, lo que representa una caída del 11.5% en cuatro años. En contraposición, el mercado de cigarros piratas ha crecido y ahora representa el 23.3% del consumo nacional, es decir, uno de cada cuatro cigarros vendidos en el país.

La organización destaca que el pequeño comerciante es una víctima en esta situación. Cada venta de un cigarro pirata reduce el margen de ganancia de estos negocios y disminuye la recaudación fiscal. ANPEC informa que la diferencia de precios ha llevado a los consumidores a optar por el mercado informal, donde una cajetilla de cigarrillos legales puede superar los 110 pesos, mientras que las versiones ilegales pueden ser adquiridas desde 15 pesos en diversos puntos de venta.

ANPEC también ha señalado las graves pérdidas fiscales que genera el contrabando, estimando que en 2025 la evasión fiscal por la venta de cigarros ilegales alcanzará los mil 314 millones de dólares, equivalentes a más de 13 mil 500 millones de pesos, afectando los ingresos del Estado y fortaleciendo redes criminales.

La agrupación advierte sobre la normalización del comercio ilícito en espacios públicos, donde se venden cigarros sin advertencias sanitarias y sin códigos fiscales. ANPEC critica que mientras el comercio formal enfrenta regulaciones estrictas, el mercado ilegal opera sin control. Un ejemplo de esta situación es el reciente decomiso de 1.8 millones de cigarros ilegales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que provenían de China y Corea.

Con el objetivo de abordar esta problemática, ANPEC organizó un foro en la Cámara de Diputados donde se discutió el impacto del IEPS en el comercio pequeño. En este panel participaron representantes del gobierno y economistas destacados.

ANPEC ha solicitado al Gobierno federal que se fortalezcan las aduanas y se endurezcan las sanciones contra el comercio ilegal, al tiempo que propone establecer un diálogo con los pequeños comerciantes para evaluar el impacto fiscal que enfrentan. La campaña “Vender cigarros pirata no vale la pena” es el primer paso de un enfoque más amplio para defender los intereses del comercio legal y de la economía popular.

Este miércoles, la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México se encuentra por debajo de los niveles que requieren la activación de contingencia ambiental, lo que permite que el programa «Hoy No Circula» se aplique de manera habitual. Los vehículos afectados por esta disposición son aquellos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, así como aquellos con hologramas 1 y 2. Quedan exentos los vehículos de emergencia, el transporte público, automóviles eléctricos o híbridos con holograma cero o doble cero, motocicletas y vehículos con placas para personas con discapacidad.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico reportó a las 5:00 horas que la calidad del aire es aceptable pero presenta un riesgo moderado, destacando la presencia de contaminantes PM₂.₅. Todas las estaciones de medición indican calidad buena, salvo en Tlalnepantla y Gustavo A. Madero, donde se clasifican como aceptables. Esta dirección actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México para facilitar la toma de decisiones informadas por parte de la población.

El programa «Hoy No Circula» se aplica de 5:00 a 22:00 horas en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados, que incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco, así como en las áreas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco. La falta de cumplimiento con la normativa puede resultar en sanciones de entre 20 y 30 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que equivale a multas entre 2,346 y 3,519 pesos.