El aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Creel, ha expresado su preocupación por la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2024, considerándolo un «factor de altísima prioridad» que debe ser prevenido.

Durante una reunión con siete exgobernadores como parte de sus giras para conseguir la candidatura, el político panista discutió diversos temas, entre ellos la inseguridad, la polarización y la participación ciudadana. También abordaron los factores externos que podrían afectar el proceso electoral del próximo año, como la intercesión recurrente del presidente Andrés Manuel López Obrador y el adelanto de los tiempos electorales.

En la reunión estuvieron presentes los exgobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo y Ángel Aguirre; de Querétaro, Enrique Burgos; de Tabasco, Arturo Núñez; de Tlaxcala, Marco Mena; de Michoacán, Víctor Tinoco y el de Chiapas, Julio César Ruiz.

Respecto a la posibilidad de presentar su solicitud de licencia ante la Cámara de Diputados la próxima semana, donde además funge como presidente de la Mesa Directiva, Creel mencionó que «no hay nada escrito». Previamente había anunciado que, una vez que consiga los 150 mil apoyos necesarios para avanzar a la segunda fase de la contienda interna del frente opositor, presentaría su licencia al cargo.

El político panista también ha buscado garantizar con la bancada de Morena que la titularidad de la Cámara Baja quede en manos de un panista durante el resto del segundo año de la actual Legislatura. Al respecto, Creel comentó que «una vez que cumpla con las firmas, necesitaré tiempo completo. No es, obviamente, por utilizar el cargo o la infraestructura de la Cámara, que no lo voy a hacer y nunca lo haría, sino por el tiempo. Si llego a un acuerdo con el grupo parlamentario de Morena, ya hablé con el coordinador Ignacio Mier, en principio hay buena recepción de mi planteamiento, pero vamos a tener que hacer algunos acuerdos».

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, ha lanzado duras acusaciones contra el exmandatario perredista Graco Ramírez, alegando enriquecimiento ilícito durante su periodo al frente del estado. Blanco no escatima palabras al referirse a Ramírez como una «mala persona» y lo acusa de realizar obras de mala calidad y desviar fondos.

Una de las acusaciones más destacadas de Cuauhtémoc Blanco es que Graco Ramírez destinó la asombrosa suma de 700 millones de pesos para la remodelación del estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec. Según Blanco, con esa cantidad de dinero, se podría haber construido un estadio completamente nuevo y mejorado.

Además, el actual gobernador señala que Graco Ramírez posee al menos tres casas en San Diego, California, junto con su familia. Mientras tanto, Cuauhtémoc Blanco asegura que él no tiene nada de qué avergonzarse, mencionando un departamento en Chicago, Illinois, que ya está pagado y una casa que compró para su madre cuando tuvo éxito en su carrera como futbolista.

El enfrentamiento entre ambos políticos tiene antecedentes, ya que Blanco venció a Graco Ramírez en las elecciones de 2018, y Cuauhtémoc Blanco sugiere que esta rivalidad puede ser el motivo del encono de Ramírez.

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el desempeño de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos y ha expresado su apoyo a su gestión.

Las acusaciones y el enfrentamiento entre Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez revelan la intensidad de la política en Morelos y plantean un escenario de tensión entre ambos líderes políticos. La situación será vigilada de cerca por la opinión pública y los actores políticos interesados en el estado.

La Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado la decisión de detener una millonaria compra de equipos de cómputo y periféricos, luego de detectar posibles inconsistencias en los procesos a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI). En este proceso de compra, aparecen como posibles proveedores dos empresas: Mainbit y BSS, siendo la primera compañía la que ha recibido cuatro contratos del INE en los últimos 13 años por un valor cercano a los 2 mil millones de pesos.

Esta compra, con un plazo de tres años y un techo de hasta 500 millones de pesos, ha sido detenida para una revisión más exhaustiva debido a que una observación preliminar la consideró inviable tanto técnica como económicamente. La investigación para asegurar la correcta sustentación de las licitaciones ha comenzado este mes, y al mismo tiempo, una comisión de consejeros del INE está revisando los gastos de cada área para elaborar el anteproyecto de presupuesto 2024.

Los servicios de cómputo siempre son relevantes para el INE, especialmente en relación con la actualización y seguridad de la base de datos del padrón electoral, que consta de casi 98 millones de registros. Sin embargo, ante la detección de presuntas irregularidades y señalamientos hacia uno de los posibles proveedores, los integrantes de la JGE han decidido tomar medidas para asegurar la transparencia y legalidad de la compra.

El contrato congelado incluía el mantenimiento de más de 18 mil equipos y la venta de diversos dispositivos destinados a las oficinas centrales, vocalías locales y distritales, y módulos de atención ciudadana. La UTSI, cuyo titular lleva 10 años en el cargo, demoró 14 meses en una investigación de mercado, lo cual levantó preocupaciones sobre los tiempos de entrega de los equipos.

La decisión de frenar esta compra ha generado la necesidad de encontrar una alternativa para garantizar que todas las áreas del INE cuenten con los recursos tecnológicos necesarios para la preparación del proceso electoral 2023-2024.