Manifestantes bloquean la autopista Guanajuato-Silao en protesta por las multas desproporcionadas impuestas a taxis ejecutivos.

Protesta en la autopista Guanajuato-Silao debido a conflictos entre operadores de transporte digital y personal de Movilidad estatal

La autopista Guanajuato-Silao fue bloqueada como resultado de los conflictos entre los operadores que prestan servicios de transporte a través de plataformas digitales y el personal de Movilidad estatal. El cierre de la circulación ocurrió cerca del Hospital de Subzona número 54 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Aproximadamente 30 vehículos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) llegaron al lugar para abordar la situación que surgió a raíz de las quejas de los operadores sobre lo que consideran una «cancha desigual» en cuanto a la imposición de multas.

Uno de los manifestantes expresó su descontento diciendo: «El cinturón ya se reventó porque no se cumplen los acuerdos, o más bien, no se aplican de manera equitativa. A final de cuentas, estamos trabajando». El malestar se originó cuando se confiscaron los documentos de dos conductores, lo que llevó a sus compañeros a respaldarlos de inmediato.

Con el fin de calmar la situación, asesores del gobierno estatal y funcionarios como Ysmael López García, director de Transporte del estado, y José Luis Manriquez, subsecretario de Servicios a la Comunidad, se presentaron en el lugar y mantuvieron conversaciones con el grupo representado por Víctor Hugo Mosqueda, líder del colectivo ADE/CETEG.

Propuesta para llevar a cabo un «Parlamento Juvenil LGBTI+» en el Congreso del Estado de Guanajuato

Con el objetivo de fomentar la participación de los jóvenes pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual en el ámbito legislativo, la Asociación Civil LGBT+ Rights México ha presentado una solicitud al Congreso del Estado de Guanajuato para llevar a cabo el «Parlamento Juvenil LGBTI+». A través de esta iniciativa, buscan brindar a los jóvenes la oportunidad de conocer de cerca las actividades legislativas y promover un mayor entendimiento de las mismas.

En el documento dirigido a la presidenta del Congreso del Estado, Cristina Márquez Alcalá, se especifica que el evento está programado para el 1 de septiembre de este año. Se destaca que este ejercicio difiere de lo establecido en la Ley de Juventudes del Estado de Guanajuato, ya que busca crear un Parlamento conformado específicamente por jóvenes de la comunidad LGBTI+, con un enfoque en el reconocimiento y promoción de los derechos humanos.

En la solicitud, se solicita el uso del salón de sesiones del Congreso, incluyendo el sistema de audio y la transmisión en redes sociales durante el evento. Además, se pide un recorrido guiado por las instalaciones del Congreso del Estado para los 36 participantes, así como apoyo de catering para los asistentes al «Parlamento Juvenil LGBTI+».

En el oficio, se menciona que el Estado de Guanajuato se distingue por su labor en la promoción de la participación ciudadana a través del Modelo de Gobierno Abierto, el cual busca fomentar la interacción directa en asuntos de interés público y acercar el trabajo del Poder Legislativo a la población.

El próximo lunes 26 de junio, representantes de la organización civil ofrecerán una rueda de prensa en el Congreso del Estado para brindar más detalles sobre el «Parlamento Juvenil LGBTI+».

Bárbara Botello denuncia violación de derechos de 12 presos en Cerezo Mil de Valle de Santiago

La exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez ha interpuesto una denuncia penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, con el objetivo de que se castiguen las violaciones a los derechos humanos de 12 personas inimputables que fueron encarceladas ilegalmente en el Cereso Mil.

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Guanajuato, la activista de Morena expresó su dolor al ver que estas 12 personas, quienes padecían enfermedades mentales y, por lo tanto, eran inimputables, estuvieron recluidas en el penal de Valle de Santiago, algunas de ellas por hasta 17 años. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, contra aquellos que resulten responsables.

Botello, abogada originaria de León, mencionó que la publicación del caso por parte del Periódico Correo en octubre del año pasado generó una investigación de derechos humanos que confirmó las violaciones, pero las recomendaciones emitidas no tuvieron ningún efecto. Es decir, la denuncia realizada por un familiar de uno de los enfermos recluidos, quien solicitaba que su hermano fuera atendido en un lugar adecuado debido al peligro para su vida, no fue tomada en cuenta.

Según Bárbara Botello, hay omisiones por parte del Gobernador del Estado, así como de los responsables de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública (encargada de los Ceresos) y la Secretaría de Salud. Han solicitado a la Fiscalía que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se finquen responsabilidades.

«Estamos aquí para exigir que se repare integralmente el daño causado, y no solo se limite a una sanción administrativa. Tenemos nombres y apellidos de las personas que, en su negligencia como funcionarios públicos, han cometido estos casos de lesa humanidad, tanto por acción como por omisión», enfatizó Botello.

Los municipios de Celaya, Salamanca y Guanajuato figuran entre los lugares con mayor incidencia de extorsiones en México, según un informe de la Coparmex.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha presentado su informe sobre el delito de extorsión, revelando que los municipios de Celaya, Salamanca y Guanajuato capital se encuentran entre los diez municipios con la tasa más alta de este delito por cada 100 mil habitantes.

Encabezando la lista se encuentra Metepec con una tasa de 96.9, seguido de Toluca con 80.2, Celaya con 75.2, Zumpango con 74.2, La Paz en el Estado de México con 63.2, Pachuca con 58.2, Salamanca con 54.5, Ecatepec con 41.7 y Guanajuato con 49.2.

En cuanto a los estados, Guanajuato ocupa el cuarto lugar en términos de tasa de extorsión. El Estado de México registra una tasa de 22.7, Baja California Sur 20.6, Colima 15.4, Guanajuato 14.1, Nuevo León 12.6, Veracruz 11.1, Hidalgo 9.6 y Campeche 9.

Jorge Peñuñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, señaló que según los datos del INEGI sobre la victimización empresarial, la cifra negra del delito de extorsión en 2021 fue del 96.1%. Además, estima que el costo de los delitos para las empresas durante ese año fue de 120.2 mil millones de pesos, equivalente al 0.4% del producto interno bruto. De acuerdo con los datos de Coparmex, uno de cada dos socios de la organización fue víctima de algún delito en 2022, y la extorsión fue el tercer delito más frecuente.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las extorsiones han aumentado en un 48%. En cuanto a las carpetas de investigación por extorsión, se reportaron 8,381 durante el gobierno de Vicente Fox, 22,084 con Felipe Calderón, 28,362 con Enrique Peña Nieto y 41,873 en lo que va del sexenio de López Obrador.

José Medina Mora Icaza, presidente nacional de Coparmex, afirmó que el ánimo de invertir ha disminuido, especialmente entre las micro y pequeñas empresas. El 19% de las empresas socias de Coparmex considera que la inseguridad es un obstáculo importante para la inversión. El 64% de las empresas ha aumentado su gasto en medidas de seguridad, recursos que podrían destinarse a desarrollar nuevos productos, contratar más personal o adquirir insumos para incrementar la producción.

La región Centro-Bajío es una de las más afectadas por las extorsiones, ya que concentra a 17 de las 20 ciudades con mayor número de víctimas de este delito. En esta región se encuentran Celaya, con una tasa de 75.2, Salamanca, con 54.5, y Guanajuato Capital, con 49.2.

Coparmex se compromete a colaborar con las autoridades y los diferentes niveles de gobierno para trabajar en la recuperación de la paz y