Este jueves, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGECAM) llevaron a cabo cateos en predios de presuntos prestanombres relacionados con Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la colonia Lomas del Castillo de la capital estatal de Campeche.

El fiscal Renato Sales informó que la revisión se realizó en predios aledaños a la propiedad del dirigente partidista, los cuales supuestamente pertenecen a prestanombres. Por su parte, Moreno Cárdenas negó tener relación con dichas propiedades y calificó el operativo como una farsa, atribuyéndolo a una persecución política en su contra.

«Queda bien claro: la diligencia de cateo no está enfocada en las propiedades del exgobernador, sino en los predios que están a nombre de otras personas y que colindan con su propiedad. El objetivo del cateo es delimitar con claridad estas colindancias con la ayuda de peritos», explicó el fiscal Sales Heredia a los medios presentes.

El cateo abarcó 29 propiedades, de las cuales 22 son predios colindantes a la del exgobernador, mientras que siete están a su nombre. Los delitos que se persiguen en el marco del operativo son enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y la investigación continúa en curso.

En respuesta, Alejandro Moreno Cárdenas acusó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y a Renato Sales de utilizar la fiscalía estatal como un instrumento de presión y persecución política. A través de un comunicado, Moreno Cárdenas denunció acciones de difamación, espionaje, hostigamiento e intimidación por parte de la fiscalía estatal hacia perfiles opositores al gobierno local.

El líder del PRI afirmó que Campeche atraviesa su peor momento en la historia, señalando los indicadores en materia económica, de seguridad y estado de derecho que, según él, reflejan la situación actual del estado.

Este miércoles, diputados del partido Morena realizaron un anuncio importante al presentar una solicitud de juicio político en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La solicitud se fundamenta en la acusación de que los ministros no han cumplido con la reducción salarial establecida por ley.

El diputado Alejandro Robles destacó en una conferencia de prensa que la demanda de juicio político no es un simple planteamiento o un capricho presidencial, sino una definición de la voluntad del pueblo de México, que los eligió para representar sus intereses.

Según los legisladores, los ministros están en desacato de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece límites salariales basados en las percepciones del presidente de la República. El pasado 27 de junio, la Secretaría de Gobernación y el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitaron una justificación a los ministros respecto a sus salarios.

En respuesta, la Suprema Corte argumentó que el artículo 94 constitucional prohíbe disminuir la remuneración de los ministros durante su encargo, lo que ha generado un debate entre el poder ejecutivo y el judicial.

Ante esta situación, el presidente López Obrador anunció que la iniciativa de reforma al Poder Judicial que presentará antes de concluir su mandato incluirá la reducción de los sueldos de los ministros, que calificó de ofensivos y contrarios a la constitución mexicana.

El artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que ningún servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. El caso ha generado controversia y se espera que el proceso de juicio político siga su curso para resolver esta situación.

Una nueva coalición integrada por organizaciones conservadoras hizo un llamado a los legisladores de Estados Unidos para considerar un nuevo entendimiento con el gobierno de México, argumentando que este ya no es un aliado ni socio para su país. La coalición, conformada por entidades como la Texas Public Policy Foundation (TPPF), Heritage Foundation, Mexico’s Patria Unida, America First Policy Institute, the Center for Renewing America, y el Center for a Secure Free Society, presentó sus razones para establecer una nueva relación con el país vecino.

En una carta dirigida a los legisladores, la coalición expresó que la situación de violencia, corrupción y autoritarismo de izquierda en el Estado mexicano representa una amenaza directa tanto para Estados Unidos como para los propios ciudadanos mexicanos. Afirmaron que los efectos de estos problemas repercuten en los hogares y comunidades de Estados Unidos, generando un impacto trágico en ambos lados de la frontera.

La coalición conservadora señaló que el consenso político previo que sustentaba acuerdos como el TLCAN (NAFTA en inglés) y el T-MEC (USMCA en inglés) ha colapsado, y consideran imprescindible adquirir un nuevo entendimiento que permita desarrollar políticas y soluciones actualizadas.

La carta destacó que México está siendo gobernado por un régimen de autoritarios de izquierda en asociación directa con los cárteles del narcotráfico, lo cual representa uno de los principales desafíos de seguridad nacional para Estados Unidos. Según la coalición, el gobierno de México ya no puede ser considerado un aliado ni un socio, y acusaron al gobierno de mantener una relación de simbiosis consciente y voluntaria con los cárteles, incluso hasta la presidencia.

La Coalición de Políticas Conservadoras de Estados Unidos-México resalta que el gobierno mexicano no está defendiendo las instituciones cívicas del país y muestra una creciente actitud antagónica hacia la sociedad civil libre. Con esta carta, la coalición busca establecer un nuevo enfoque y entendimiento entre ambos gobiernos para afrontar los desafíos y problemáticas que afectan a ambas naciones.

La organización Artículo 19 condena las declaraciones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en las que acusa a la prensa de atacar a su administración. En un comunicado, Artículo 19 señala los dichos del gobernador del pasado 29 de junio en un evento público, en el que criticó la manera en que los medios reportaron la muerte de un trabajador en la construcción de la Arena Potosí.

La crítica de Artículo 19 también es respaldada por otras organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), Educación y Ciudadanía, y la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí. Estas organizaciones expresan su preocupación por el hecho de que las autoridades, en lugar de cumplir con sus obligaciones de prevención y protección a los periodistas, utilicen un discurso que estigmatiza a este sector.

Además, se reportaron declaraciones de Gallardo Cardona del pasado 7 de junio, en las que justificó su negativa a transparentar los contratos de obras públicas asignados por el estado. Artículo 19 indica que, según testimonios recogidos por la organización, se ha detectado un patrón de intolerancia por parte de Ricardo Gallardo ante preguntas críticas.

Las organizaciones, medios y periodistas abajo firmantes hacen un llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que recuerde que el cuestionamiento de las acciones de una administración no constituye un ataque, sino parte del ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información ejercido por los periodistas de la entidad.