En un momento crítico para los productores del Bajío, el diputado local de Morena, Abraham Ramos Sotomayor, quedó nuevamente en evidencia al intentar frenar un dictamen que exigía al Gobierno Federal liberar pagos atrasados del programa Precios de Garantía y corregir rezagos en el gasto agropecuario.

El dictamen, contenido en los expedientes ELD 123/LXVI-PPA y 126/LXVI-PPA, estaba dirigido exclusivamente a la Federación, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Su objetivo era presionar al Gobierno federal para que pagara lo que adeuda a los agricultores y ejerciera de manera oportuna los recursos asignados al campo.

A pesar de ello, Abraham Ramos presentó una reserva para modificar el dictamen, lo que en los hechos significaba debilitarlo o retrasarlo. La votación fue clara: solo él y una diputada más apoyaron la reserva, mientras que la mayoría de los legisladores la rechazó. El dictamen avanzó sin sus cambios, quedando asentado que el diputado de Morena fue uno de los pocos que no respaldaron la exigencia a la Federación.

El currículum del propio legislador confirma que es pasante de la carrera de Ingeniería Agrónoma, es decir, tiene la carrera trunca. No cuenta con título profesional ni experiencia ejecutiva previa en el servicio público, un elemento que no lo descalifica como persona, pero que sí adquiere relevancia cuando se trata de intervenir en asuntos técnicos y sensibles como los que afectan al sector agrícola.

La actuación de Ramos Sotomayor se inscribe en un contexto nacional donde Morena ha reducido apoyos federales, eliminado programas históricos y debilitado la estructura de financiamiento al campo. Durante los últimos años, el sector agrícola en México ha sufrido recortes presupuestales, atrasos en pagos, desaparición de fideicomisos y falta de certidumbre para productores, lo que ha generado una crisis profunda en diversas regiones del país. La votación del diputado local reproduce esta misma lógica: cuando se trata de apoyar al campo, Morena opta por el discurso, no por los hechos.

Mientras el Gobierno del Estado mantiene mesas de diálogo, acompañamiento técnico y presión institucional para que la Federación cumpla con sus responsabilidades, desde Morena se enviaron señales contrarias. En lugar de fortalecer el exhorto para que se pagara a los productores, Abraham Ramos intentó modificarlo, colocándose en la minoría que no acompañó a los agricultores.

El saldo es claro: Abraham Ramos Sotomayor, diputado local de Morena y con la carrera trunca, intentó frenar un dictamen que beneficiaba directamente al campo guanajuatense. Su reserva no prosperó, pero sí dejó expuesta una doble narrativa: hablar de apoyar al campo mientras se vota en sentido contrario.

En un momento donde el campo mexicano atraviesa una de las peores crisis en décadas, la actuación del diputado de Morena se suma al largo historial de decisiones que han dejado a los productores en el abandono.

Las protestas agrícolas que recorren el Bajío son mucho más que un conflicto por el precio del maíz: son la factura acumulada de años de abandono al campo mexicano, abandono que se profundizó durante el sexenio de López Obrador con la destrucción de los programas, instituciones y mecanismos que daban certidumbre a la producción agrícola.

La narrativa presidencial aseguró que el campo por fin tenía un aliado en Palacio Nacional; la realidad demuestra lo contrario. Los productores fueron dejados sin herramientas, sin política pública y sin un Estado que los respaldara. Por eso hoy reclaman lo mínimo: no perder dinero por sembrar.

Ante la presión social, el gobierno federal decidió pagar el maíz por encima del precio internacional. Una solución políticamente útil para apagar el fuego inmediato, pero económicamente dañina: distorsiona el mercado, presiona la inflación y golpea la cadena alimentaria. No es culpa de los agricultores; es consecuencia directa del abandono institucional. Y las decisiones improvisadas siempre terminan saliendo más caras.

Pero quizá lo más importante de esta revuelta agrícola no está en la economía, sino en el estado emocional del país. El enojo no es solo contra Morena, aunque Morena sea el símbolo más evidente del desgaste; es un cansancio profundo hacia todos los políticos que dejaron de hacer su trabajo, que se desconectaron del territorio, que solo aparecen para la foto, que gobiernan con discursos vacíos y que creen que la gente aún se conforma con promesas gastadas.

La frustración que hoy expresan los agricultores es la misma que sienten los comerciantes abandonados, los transportistas ignorados, los profesionistas sin respaldo, los industriales sin interlocución. Es un hartazgo transversal, no partidista. No rechazan solo al partido en el poder: rechazan la clase política en su conjunto, su silencio, su inacción, su distancia y su incapacidad de dar resultados.

Y mientras el país manda señales, la oposición sigue en pausa. Dormida. Paralizada. Sin rumbo ni lectura del momento. Encerrada en pleitos internos, obsesionada con campañas de redes absurdas , como rifar iPhones para “movilizar bases” y completamente desconectada del enojo social que podría darle una oportunidad real.

Porque el Bajío les está gritando una posibilidad histórica rumbo a 2027. Guanajuato, tradicional bastión, ya no es terreno seguro para nadie. La gente está irritada, cansada del abandono de todos, no solo del partido gobernante. Si la oposición lograra sacudirse el letargo, limpiar sus viejas prácticas, trabajar el territorio de verdad y articular un mensaje serio, podría convertir este desencanto generalizado en una fuerza política real.

Falta tiempo para la Presidencia, sí, pero en México todo puede cambiar en semanas. La ventana está abierta. Lo preocupante es que pocos parecen darse cuenta.

En contraste, hubo quien sí entendió la magnitud del momento. Miguel Márquez fue uno de los principales impulsores en la defensa e interlocución con los agricultores, no para posar ante las cámaras, sino porque conoce el territorio, entiende su historia y sabe que cuando el campo protesta, protesta el país entero.

El Bajío habló.
La pregunta es si la oposición dormida, paralizada y desconectada será capaz de despertar a tiempo.

Mientras presume cercanía con la gente y respalda el proyecto hídrico más grande del estado, la alcaldesa Claudia Silva enfrenta observaciones de la ASF por opacidad en el manejo de más de 81 millones de pesos federales.

La ASF detectó que el gobierno de Acámbaro no presentó tres reportes trimestrales del destino del gasto en 2022. Falta de control interno, retrasos y silencio informativo marcan la gestión de Claudia Silva, más enfocada en la foto que en la rendición de cuentas.

⸻

Por Redacción Contacto Noticias | Acámbaro, Gto.

Mucho pueblo, muchas fotos, muchos abrazos… pero poca transparencia.
La alcaldesa Claudia Silva Campos ha hecho de la cercanía su lema, presumiendo respaldo popular y protagonismo en el proyecto de la Presa Solís. Pero los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuentan otra historia: una administración opaca, desordenada y con fallas graves en la rendición de cuentas.

Según la Cuenta Pública 2022, Acámbaro omitió entregar tres de los cuatro reportes trimestrales del destino del gasto, documentos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) exige para saber cómo se aplican los recursos federales. En otras palabras: durante gran parte del año, el Ayuntamiento guardó silencio.

El municipio recibió más de 81 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), destinados a seguridad, infraestructura y servicios básicos. Pero los informes fueron entregados fuera de tiempo, y solo después de que la ASF intervino.

El órgano fiscalizador también detectó falta de control interno y promovió acciones ante el Órgano Interno de Control, que abrió el expediente P.I. 27/2023 para investigar posibles responsabilidades.

Mientras tanto, la narrativa oficial de Claudia Silva sigue girando en torno al espectáculo político: inauguraciones, discursos, selfies y frases sobre “el pueblo y la presa”. Pero los números —fríos, concretos, sin filtros de Instagram— muestran otra cosa: una gestión que maquilla su desorden con eventos y sonrisas.

Porque una cosa es posar junto al pueblo, y otra muy distinta, rendirle cuentas.
Y mientras la ASF revisa los expedientes, los acambarenses siguen esperando saber en qué se gastaron los millones que debían mejorar sus calles, su seguridad y su futuro.

En Acámbaro, el verdadero espejo del agua no será la Presa Solís: será el reflejo turbio de una administración que confunde popularidad con transparencia.

La Pancha Villa de Acámbaro y la verdad detrás de la Presa Solís

Por momentos uno pensaría que en Acámbaro ha nacido una nueva revolución. Que el pueblo se ha levantado contra el centralismo, que las banderas ondean al viento clamando justicia por el agua… pero no. Lo que hay en realidad es una alcaldesa que se cree Pancho Villa y terminó pareciéndose más a una bandida que saluda con la izquierda y cobra con la derecha.

Resulta que el proyecto del Acueducto Solís, anunciado por el Gobierno Federal y respaldado por el Gobierno del Estado, es uno de los movimientos más estratégicos para garantizar agua potable a buena parte del corredor industrial del Bajío. Todo está alineado: estudios, recursos y aval político. Sin embargo, en Acámbaro, alguien decidió montar su propia farsa revolucionaria , con discursos inflamados, sombrero moralista y la cantaleta de que “van a dejar sin agua al campo”.

No hay tal. Pero el ruido de la desinformación se volvió música de campaña para quienes viven de administrar el enojo del pueblo: MORENA

La paradoja del abandono

Mientras se grita que “defienden el agua”, en las comunidades cercanas —como Chupícuaro— no hay ni calles pavimentadas, ni drenaje digno, ni siquiera un panteón decente.
Los vecinos entierran a sus muertos entre charcos, con las botas en el lodo y la esperanza empolvada.
Y la presidenta municipal, doña Claudia Silva, en lugar de dar la cara, se da baños de pureza: culpa al Estado, se desmarca del proyecto, y cuando la cosa se complica… ¡corre a tomarse la foto en las manifestaciones!

Ahí está, con el puño en alto y el presupuesto en el bolsillo.

Entre el teatro y la traición

El libreto es digno de una tragicomedia: por las mañanas le jura lealtad a la gobernadora Libia Dennise, sonríe ante las cámaras, firma oficios y presume coordinación.
Por las tardes, susurra al oído de los inconformes que “ella no sabía nada”, que “también la engañaron”, y que “está del lado del pueblo”.
Un doble juego tan torpe como transparente.

Porque una cosa es defender causas sociales, y otra muy distinta es disfrazar la corrupción con reboso revolucionario.
Y mientras tanto, la alcaldesa administra la confusión como quien reparte agua en cubetas: solo a quien le conviene, solo cuando hay prensa cerca.

La revolución que no fue

Claudia Silva se vende como la heroína de la resistencia rural, pero su revolución no tiene ideales, tiene nómina.
Y si Pancho Villa robaba trenes para repartir el botín, ella roba la confianza pública para repartir culpas.
Su “causa del agua” no busca justicia, sino protagonismo.
Su “solidaridad con el pueblo” no brota de empatía, sino de cálculo político.

Mientras el Estado y la Federación construyen un proyecto para garantizar el abasto regional, ella construye su propio mito, hecho de selfies, boletines y traiciones discretas.

Claudia Silva ha sido una pésima alcaldesa. No gobierna, administra el caos. Las comunidades siguen olvidadas, las obras no llegan y su única estrategia ha sido culpar a todos menos a sí misma.

Finalmente, a Claudia Silva le terminó saliendo lo perredista, esa vieja costumbre de la izquierda extraviada que confunde oposición con desorden; bien haría en regresar a ese partido sepultado del que nunca terminó de irse.