En política, las señales importan más que los discursos. Y en Irapuato, las señales comienzan a alinearse en una dirección que merece ser observada con lupa.

Esta editorial no surge de la especulación ni del ánimo de confrontar por confrontar. La escribo con conocimiento de causa, desde la doble responsabilidad que implica ser empresario y ciudadano. Desde la trinchera de quien genera empleo, invierte y entiende que el desarrollo de una ciudad no puede depender de acuerdos en lo oscuro, sino de decisiones públicas con visión de largo plazo.

De acuerdo con información obtenida de una fuente con conocimiento directo de los movimientos internos del PAN. existe una relación cada vez más estrecha entre el “ Gallo” Barba y Víctor Zanella Huerta. No es una relación social ni circunstancial. Es política. Y apunta a un objetivo concreto: la construcción de una candidatura.
El dato no es menor. En el contexto actual, donde las campañas se definen tanto por estructura como por financiamiento, la cercanía con actores económicos relevantes suele anticipar el armado de proyectos de poder.

La pregunta que surge es obligada:¿Este movimiento está operando con el visto bueno de Ricardo Ortiz Gutiérrez, figura que ha sido clave en la formación política de Zanella y que sigue teniendo capacidad de influencia en las decisiones estratégicas del diputado local?
Porque en Irapuato, como en buena parte del país, las candidaturas no se construyen en el aire. Se negocian, se acuerdan y, en muchos casos, se financian con anticipación.

Aquí es donde el tema deja de ser anecdótico y se convierte en estructural.
Durante años, el discurso político ha sido claro en exigir que Morena rompa cualquier vínculo con estructuras criminales. Es una exigencia legítima. Pero ese estándar no puede aplicarse de forma selectiva.

El PAN, si aspira a sostener una narrativa de legalidad y orden, también tendría que demostrar que sus proyectos no están condicionados por intereses empresariales de unos cuantos que buscan traducir apoyo político en beneficios exclusivos que solo concentren ventajas en un grupo reducido, sino en decisiones que generen beneficios distribuidos de manera amplia, con impacto real en toda la ciudad y no únicamente en un círculo limitado de intereses. Porque Irapuato no es un negocio: es una ciudad donde todos vivimos.

Y lo digo con claridad: no se trata de estar en contra de la iniciativa privada, porque soy parte de ella. Se trata de marcar una línea entre la inversión productiva y la captura del poder público para fines particulares.

Porque el riesgo es evidente: cuando una campaña nace con compromisos financieros, el margen de maniobra del gobierno que emerge de ella se reduce
Y eso tiene consecuencias.

Irapuato enfrenta un entorno económico complejo. La desaceleración es visible, la generación de empleo no logra consolidarse y la percepción ciudadana apunta a un desgaste en el modelo de gestión. En ese escenario, la prioridad debería ser construir un proyecto que reactive la economía, no uno que llegue con facturas por pagar.

Convertir la política en un mecanismo de inversión distorsiona las decisiones públicas. Prioriza intereses particulares sobre necesidades colectivas. Y, en el largo plazo, erosiona la confianza en las instituciones.

El problema no es que un “gallo” quiera volver a cantar, el problema es bajo qué condiciones lo hace.
Porque si el canto responde a compromisos previos, entonces ya no es un proyecto político: es una operación financiera.

Decia un gran político pensador al cual admiro mucho : Jésus Reyes Heroles, “El poder no se comparte, se ejerce.”

En Irapuato la duda ya no es quién quiere gobernar… sino quién va a cobrar cuando ese poder se ejerza.
Y esa, hoy, es la pregunta que incomoda.

Por eso, en un contexto donde la transparencia no es opcional sino obligatoria, sería pertinente que Víctor Zanella Huerta haga pública y detalle con claridad su declaración patrimonial.
No como un trámite, sino como una señal. Porque hoy, más que nunca, la confianza también se construye mostrando de dónde se parte.

Por Mario Felipe Cervantes Villegas

Irapuato, Guanajuato. El nombre del senador Emanuel Reyes Carmona volvió a colocarse en el centro de la controversia tras ser mencionado en testimonios relacionados con una presunta red de encubrimiento y silenciamiento vinculada a la organización religiosa La Luz del Mundo, actualmente bajo escrutinio internacional.

De acuerdo con declaraciones difundidas en un material audiovisual, Reyes Carmona es referido como uno de los actores políticos señalados dentro de un entramado en el que también figuran nombres como Israel Zamora, Rogelio Zamora Barradas y Nicolás Menchaca, presuntamente vinculados a una estructura de protección institucional.

Víctimas exigen investigaciones reales

Durante el testimonio, la denunciante Sochil Martín cuestiona directamente la actuación de las autoridades, señalando la falta de diligencias en torno a las personas que, asegura, habrían participado en actos para silenciarla.

“¿Qué ha ocurrido con el caso? ¿Con quiénes han hablado? ¿Han ido a investigar a Emanuel Reyes Carmona, a Rogelio Zamora, a Nicolás Menchaca?”, cuestiona en el material, evidenciando lo que considera omisiones graves en la investigación.

Las declaraciones abren nuevamente el debate sobre la actuación de las fiscalías y la posible existencia de redes de protección política alrededor de casos sensibles.

Relaciones políticas bajo la lupa

Por su parte, Sharim Guzmán hace referencia al papel político del senador, destacando su cercanía con figuras relevantes del ámbito nacional, como Marcelo Ebrard, lo que añade un componente político al caso.

Según lo expuesto, esta relación no sería reciente, sino que formaría parte de una estructura de vínculos construida a lo largo del tiempo entre actores políticos y la organización religiosa.

Un caso que sigue sin claridad

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre avances contundentes en investigaciones que involucren a los nombres señalados, lo que ha generado inquietud entre víctimas y organizaciones civiles.

El caso de la La Luz del Mundo ha sido uno de los más polémicos en los últimos años, especialmente tras los procesos judiciales internacionales contra su líder, lo que ha detonado una serie de señalamientos sobre posibles redes de complicidad.

Silencio institucional

La falta de posicionamientos claros por parte de las autoridades y de los propios señalados mantiene el tema en una zona de opacidad que contrasta con la gravedad de las acusaciones.

Para las víctimas, el reclamo es puntual: que las investigaciones no se queden en declaraciones, sino que alcancen a todos los nombres mencionados.

Por Ángel Rivera

En política, la coherencia no es opcional. Es la base de la credibilidad. Y hoy, en Guanajuato, la bancada de Morena enfrenta una contradicción que no pasa desapercibida: mientras a nivel local se cuestionan los conciertos y eventos públicos incluidas ferias, desde la Presidencia de la República se respaldan como parte de una política social y cultural.

Por un lado, diputados locales de Morena han insistido en criticar la realización de conciertos en ferias y eventos municipales, señalando presuntos excesos en el gasto, falta de prioridades o incluso calificándolos como distractores frente a los problemas del estado. El discurso es claro: austeridad y enfoque en lo urgente.

Pero en el plano nacional, la narrativa cambia.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido este tipo de eventos como herramientas legítimas de política pública: acceso a la cultura, convivencia social y dinamización económica. No es una postura aislada. El propio gobierno federal ha impulsado conciertos masivos en espacios públicos, llevando artistas de gran convocatoria al corazón del país.

Ahí están los casos recientes: presentaciones en el Zócalo de la Ciudad de México con espectáculos de alto impacto, como los de Grupo Firme o Shakira que han sido promovidos como eventos abiertos y accesibles para la ciudadanía.

La contradicción es evidente.

Lo que en Guanajuato critican como gasto innecesario, a nivel federal se promueve como política pública. Lo que aquí se señala como exceso, allá se presenta como inclusión cultural.

Dos discursos dentro del mismo partido. Dos visiones que no dialogan entre sí.

El problema no es si los conciertos deben realizarse o no. El problema es la inconsistencia.

Porque cuando un partido no logra alinear su narrativa entre lo local y lo nacional, lo que transmite no es pluralidad, es desorden. Y en este caso, también evidencia una crítica que parece más política que técnica.

Si los conciertos son negativos en Guanajuato, ¿por qué son positivos en el Zócalo?
Si representan un gasto cuestionable, ¿por qué a nivel federal se impulsan como eventos emblemáticos?

La crítica local de Morena pierde fuerza cuando se enfrenta a la realidad de su propio gobierno.

Y eso tiene consecuencias.

Porque en lugar de posicionarse como una oposición seria y propositiva, la bancada local cae en una lógica contradictoria que debilita su credibilidad. Se cuestiona sin construir, se señala sin matices y se ignora el contexto nacional del propio partido.

Morena tiene un reto urgente en Guanajuato: decidir si va a construir una postura propia, seria y consistente, o si seguirá adaptando su discurso según la coyuntura.

Porque cuando un partido critica en lo local lo que celebra en lo nacional, deja de ser una alternativa clara y se convierte en un mensaje confuso.

Y en política, la confusión rara vez juega a favor.

Por Mario Felipe Cervantes Villegas

Por más que dentro de la llamada “familia panista” se insista en señalar al PRI como el gran lastre electoral por su desgaste histórico, la realidad vista con frialdad es otra: la marca PAN también está desgastada.

Y no es un tema ideológico, es un tema de percepción.

Durante años, el PAN ha construido una narrativa de diferenciación frente al PRI, señalando corrupción, prácticas del pasado y estructuras cerradas. Sin embargo, hoy enfrenta un problema similar: la repetición de los mismos perfiles, los mismos grupos y las mismas decisiones cupulares.

En estados como Guanajuato esto es evidente.
Cambian los cargos, maquillan los discursos, pero los nombres siguen siendo prácticamente los mismos. La rotación interna ha sustituido a la renovación real.

Y ahí está el punto clave.

La política ya no es solo de partidos

El problema del PAN no es solo político, es profundamente simbólico: ha perdido claridad sobre lo que representa y dejó de ser un proyecto de ciudadanos para convertirse en una estructura cerrada que recicla perfiles y decisiones.

En ese proceso, se desconectó del sentir social, comunica desde la técnica pero no desde la emoción y proyecta más distancia que pertenencia. No es que México haya dejado de creer en la derecha, es que dejó de creer en una derecha que no conecta con su realidad ni traduce sus ideas en empatía.

A esto se suma un error grave: replicar prácticas que antes criticaban, como las “corcholatas” de Morena, enfocándose más en espectaculares y posicionamiento de imagen que en caminar las calles, escuchar y construir desde abajo con ciudadanos y empresarios; basta ver el caso de León, donde la estrategia ha privilegiado la exposición sobre la cercanía. Hoy en día la política cambió: ya no se posiciona una marca, se evalúa a la persona; ya no gana quien más se anuncia, sino quien logra conexión. Y cuando la gente deja de verse reflejada, no rechaza… simplemente se aleja.

Hoy, en la percepción ciudadana, la imagen negativa pesa por igual en figuras como Alejandro Moreno y Ricardo Anaya.
Las figuras “nuevas” como Jorge Romero siguen representando la imagen del viejo político de antes, su estilo, su copete , su forma de comunicar “alzando la voz”, manoteando, “cansados del régimen” … es la política del guión, la de siempre, la que narra Luis Spota en la “Costumbre del Poder”

El PAN estatal, dirigido por Aldo Márquez, enfrenta un gran reto de cara a las presidencias municipales y diputaciones locales: ya no basta con la marca ni con la estructura. El desgaste es real, los mismos perfiles generan rechazo y la competencia es cada vez más territorial. Si no hay apertura y renovación, el riesgo es claro: perder espacios que históricamente parecían seguros. Guanajuato tiene perfiles valiosos que hoy están fuera del juego: empresarios reconocidos que no necesitan del cargo para enriquecerse, médicos de trayectoria, líderes sociales con legitimidad real.

En 2024, el PAN en México, apenas ganó 3 distritos por sí solo en todo México.
El PRI ganó 0 distritos de mayoría relativa compitiendo solo (sin coalición)
Ese es su tamaño real sin alianzas.

Si en el 2027 la coalición PRI-PAN se da en algunos estados y se decanta por un ciudadano, existen altas probabilidades de que puedan abanderar los proyectos de Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, sin contar la permanencia en Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes.

Las alarmas se encienden en Guanajuato. Hoy ya no basta con ganar León; el escenario cambió. La lógica electoral dejó de concentrarse en las grandes ciudades y ahora se define en el territorio completo. Así lo entendió en su momento Donald Trump: no ganó solo por sus bastiones, ganó al enfocarse en estados y regiones que parecían menores, pero que resultaron decisivos. En Guanajuato puede ocurrir lo mismo. Si el PAN no voltea a ver los municipios medianos y pequeños, si no construye presencia real por medio de representantes ciudadanos fuera de sus zonas cómodas, el riesgo es claro: perder donde antes ni siquiera competían.

Porque hoy las elecciones ya no se ganan en las capitales, se ganan sumando territorio.

Mario Felipe Cervantes Villegas

Hoy Irapuato no solo pierde a un funcionario. Hoy se apaga la vida de Roberto Castañeda, un gran servidor público que entendió su responsabilidad más allá del cargo: como una misión.

Su asesinato no solo duele por la forma, duele por el fondo. Porque cuando cae un hombre como Castañeda, no se pierde únicamente a una persona; se pierde Irapuato, se pierde el compromiso y una forma de trabajar que hoy es poco común en el servicio público.

Roberto Castañeda no fue producto de la improvisación. Su trayectoria se construyó con años de trabajo técnico, con disciplina y con una comprensión clara de los desafíos que enfrentan ciudades como Celeya e  Irapuato, particularmente en uno de los temas más sensibles: el agua.

Desde su inicio como funcionario, Roberto asumió una tarea compleja: garantizar el abastecimiento de agua, modernizar la infraestructura y pensar en los que menos tienen.

No era un político de reflectores. No buscaba el aplauso inmediato ni la narrativa fácil. Su estilo era otro: el de quien trabaja en silencio y responde con hechos. En tiempos donde la política se ha vuelto espectáculo, él representaba lo contrario: ejecución, constancia y responsabilidad.

Quienes lo conocieron coinciden en algo: su congruencia. No decía una cosa y hacía otra. En un entorno público donde la confianza es frágil, esa consistencia vale más que cualquier discurso.

Roberto Castañeda fue también un funcionario que entendió el cambio generacional que vive el servicio público. Siempre confió en los jóvenes, les abrió espacios y apostó por su talento como motor de transformación. Creía en una administración moderna, más ágil y eficiente, y por eso impulsó la digitalización como herramienta clave para mejorar procesos, transparentar la gestión y acercar los servicios a la ciudadanía. No veía la tecnología como discurso, sino como una ruta obligada para construir instituciones más sólidas y preparadas para el futuro.

Su legado queda en las obras, en los proyectos que seguirán funcionando, en la infraestructura que continuará beneficiando a miles de familias, en todos los servidores públicos.

Pero también queda en el ejemplo: el de un hombre que entendió que servir no es figurar, sino resolver.

Y justamente por eso, su muerte no puede quedarse en una estadística más.

 

Aquí es donde el reconocimiento se vuelve exigencia.

Las autoridades no pueden limitarse a lamentar los hechos. No basta con comunicados, ni con condenas de rutina. El asesinato de Roberto obliga a una respuesta a la altura: una investigación seria, transparente y, sobre todo, resultados.

Hoy, la responsabilidad recae en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. No solo para dar con los responsables, sino para demostrar que en Guanajuato todavía hay capacidad de respuesta ante la violencia.

Particularmente hoy no solo despido a un funcionario, despido a un amigo. A alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, que me tendió la mano sin condiciones y que siempre tuvo una palabra de consejo en los momentos clave. Roberto Castañeda no solo construía instituciones, también construía personas. Su confianza, su cercanía y su forma de orientar dejaron huella más allá de lo público. Por eso su ausencia no solo se siente en el ámbito institucional, se siente profundamente en lo personal.

A Roberto Castañeda se le honra con memoria, pero también con justicia.

Porque un hombre que dedicó su vida al servicio público no merece que su historia termine en el silencio de un expediente sin resolver.

Hoy Irapuato despide a un gran hombre, particularmente despido

Y exige, con la misma fuerza, que su muerte no quede impune.

 

Vuela Alto Ing. Robert!!

La gestión de Manuel Bribiesca Sahagún al frente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) —primero en León y posteriormente como el presidente estatal de Guanajuato— marca un antes y un después en la forma de entender el activismo político-empresarial en el Bajío.

Su periodo (2022-2026) no fue el de una presidencia de oficina y protocolos silenciosos; fue una gestión de intervención pública, debate frontal y fortalecimiento institucional bajo fuego cruzado.

Hacer un balance de estos años requiere analizar cómo un sector duramente golpeado por la pandemia logró no solo sobrevivir, sino posicionarse como un actor político y social de primer orden.

La Transformación del Gremio: De la Resistencia a la Relevancia

Bribiesca asumió el mando en un momento crítico, enfrentando la «triple presión»: la recuperación post-pandemia, la crisis de seguridad y una oleada de cambios regulatorios. Bajo su dirección, la delegación León rompió el techo de cristal de la representatividad.

Crecimiento Exponencial: Con más de 300 establecimientos afiliados, consolidó a León dentro del Top 10 de delegaciones más importantes de CANIRAC a nivel nacional.

Profesionalización: La capacitación de más de 2,500 colaboradores elevó el estándar de servicio, entendiendo que la competitividad del sector reside en su capital humano.

Identidad Regional: El impulso a la iniciativa «Guanajuato ¡Sí sabe!» fue un acierto estratégico para dotar de una narrativa cultural a la gastronomía local, convirtiéndola en un activo turístico de exportación.

El Activismo de la Provocación Útil

Si algo definió la marca Bribiesca fue su comunicación. La campaña «Si manejas, no te empedes» es el ejemplo perfecto de su estilo: rompió las formas tradicionales para priorizar el fondo.

«El mensaje debía hablar en el lenguaje de quienes están detrás del volante, no en el de los manuales de urbanidad.»

Aunque la controversia léxica generó roces con el gobierno municipal de León, el resultado fue un posicionamiento mediático sin precedentes que puso el foco en la responsabilidad social del consumo de alcohol. Asimismo, su postura frente a la Ley General del Tabaco, priorizando la salud pública sobre el amparo legal, demostró una madurez política que alineó sus valores personales con la ética gremial.

Seguridad: Propuestas frente a la Adversidad

En lugar de limitarse a la queja por el impacto de la inseguridad en la vida nocturna, la gestión de Manuel Bribiesca transitó hacia la colaboración técnica. Dos hitos documentan este avance:

Integración Tecnológica: La propuesta de conectar las cámaras de seguridad de los restaurantes al C4 transformó establecimientos privados en ojos aliados de la vigilancia urbana.

Perspectiva de Género: El programa «Mujeres Seguras» fue una respuesta institucional concreta a una demanda social urgente, demostrando que la cámara podía ser un espacio de protección y no solo de consumo.

Navegación Política: Autonomía y Consenso

Manuel Bribiesca logró lo que pocos líderes empresariales consiguen: mantener una interlocución constante con tres administraciones distintas (Diego Sinhue Rodríguez, Alejandra Gutiérrez y Libia Dennise García) sin perder la autonomía del gremio.

Con Alejandra Gutiérrez: Supo plantar banderas. La defensa de los horarios y la oposición a medidas punitivas frente a las preventivas marcaron una sana distancia institucional que protegió los intereses económicos de los restauranteros sin romper el diálogo.

Con Libia Dennise García: La transición hacia el gobierno estatal actual se dio en un marco de respeto institucional, cerrando su ciclo con un agradecimiento conjunto que subraya la estabilidad de la industria al final de su mandato.

El paso de Manuel Bribiesca Sahagún por CANIRAC deja un sector más unido, más visible y tecnológicamente más integrado a la realidad del estado.

Su presidencia estatal, la primera en la historia de Guanajuato, deja la vara alta para su sucesor, Joaquín Ledesma Nova, especialmente en la capacidad de convertir el debate público en una herramienta de gestión.

Manuel Bribiesca Sahagún no solo representó a quienes sirven mesas; representó a una industria que es el corazón del turismo y la economía del Bajío, recordándonos que un líder empresarial también debe ser un ciudadano activo en la discusión de las políticas públicas.

He dicho.

Humberto Gutiérrez

La elección de 2027 en Irapuato no se va a definir como las anteriores.

No será una elección de estructuras, ni de redes sociales; será menos ideológica y más pragmática, porque ese es el nuevo perfil del irapuatense: un votante que ha dejado de guiarse por partidos y discursos, y que hoy decide en función de lo que vive todos los días, de lo que le duele y de quién realmente le resuelve.

Porque Irapuato ya cambió.
Y quien no entienda ese cambio, simplemente no va a conectar.

Hoy la ciudad enfrenta una acumulación de fenómenos sociales que ya no pueden analizarse de forma aislada:

La inseguridad dejó de ser un evento y se convirtió en entorno que ha cambiado la dinámica y el humor social del Irapuatense

El crecimiento urbano de Irapuato ha superado su planeación, expandiendo la ciudad hacia la periferia y aumentando las distancias, mientras el parque vehicular crece más rápido que la infraestructura; el resultado es una movilidad más congestionada, con traslados más largos, costosos y desgastantes para la población.

Irapuato enfrenta un problema estructural de agua: gran parte de su red hidráulica supera los 40 años, lo que provoca fugas, baja eficiencia y fallas constantes; por ello, el siguiente gobierno deberá invertir de forma millonaria en su renovación, con un costo político inevitable.

El siguiente político en Irapuato tendrá que cambiar su modelo de comunicación, no por moda, sino por una realidad social: la gente ya no confía en lo institucional porque lo percibe lejano y poco creíble, y conecta más con lo cercano y auténtico, como lo muestran perfiles como Zohran Mamdani. Esto implica herramientas concretas: videos simples y directos grabados en el momento, presencia constante en redes, interacción real en comentarios, uso de WhatsApp para informar y responder, mensajes claros y cotidianos, y una narrativa construida desde la calle y no desde la oficina. En un entorno de frustración e inseguridad, la ciudadanía no busca producción, busca verdad; por eso el modelo tendrá que ser más sencillo, más humano y más consistente.

La clase media Irapuatense opera bajo mayor presión económica y percepción de riesgo.

El siguiente político en Irapuato tendrá que ir más allá de la seguridad y asumir una reingeniería social desde el municipio. No bastará con entregar apoyos como calentadores o estufas; hoy la gente necesita ser escuchada, atendida y acompañada. El reto será concreto: fortalecer servicios básicos, invertir en atención psicológica municipal de calidad, implementar programas de prevención y atención a las adicciones con enfoque territorial y generar espacios reales de integración comunitaria. Más que apoyos materiales, la ciudadanía está demandando cercanía, atención y soluciones que reconstruyan la convivencia.

Ese es el terreno real en Irapuato del 2027.

Desde mi posición —no solo como empresario, sino también desde el activismo— me toca recorrer la ciudad y recoger el sentimiento de la gente . Escuchar lo que no se reporta, entender lo que no se mide pero hay una precisión necesaria: escuchar no sustituye analizar.

La ciencia de datos explica y ayuda a entender el fenómeno y solucionarlo.

El candidato que no logre integrar ambas dimensiones, va a construir decisiones incompletas.

A partir de ello, el perfil competitivo hacia 2027 no puede ser convencional.

Un verdadero estadista es el que gobierna con base en el conocimiento científico y con el apoyo de especialistas; no quien delega las decisiones en incondicionales que validan sin cuestionar.

La ingeniería electoral hacia 2027 tampoco será lo que tradicionalmente se ha entendido.

No se limitará a segmentar votantes.
Se centrará en comprender comportamientos.

El votante que definirá la elección en Irapuato es, en su mayoría, un adulto joven de entre 25 y 44 años, perteneciente a una clase media y trabajadora que vive bajo presión constante: se traslada todos los días, enfrenta inseguridad, lidia con servicios públicos deficientes y con un ingreso que pocas veces alcanza con holgura. No es un votante ideológico ni leal a un partido; es volátil, crítico y cada vez más desconfiado, que decide su voto a partir de lo que vive en su colonia y en su rutina diaria. Más que discursos o promesas, evalúa resultados concretos, y su decisión se construye desde la experiencia cotidiana: si su entorno mejora, permanece; si no, castiga.

Esta columna no está dirigida a una persona ni a un partido en particular, sino a todas las fuerzas políticas que competirán en Irapuato. Es una reflexión construida desde la experiencia de quien, como empresario joven, observa la ciudad en su operación diaria, pero también desde el análisis de datos, los fenómenos sociales y las nuevas dinámicas que hoy están redefiniendo la política. El mensaje es claro: el perfil del próximo liderazgo ya no admite improvisaciones. Irapuato exige perfiles más completos, más preparados y más conectados con su realidad. Quien no entienda esta exigencia y no postule a los mejores, no solo perderá una elección, quedará fuera de la relevancia pública. Porque en el Irapuato que viene, los proyectos políticos que no evolucionen están condenados a desaparecer.

El debate sobre el abasto de medicamentos en Guanajuato ha dejado de ser un asunto de salud pública para convertirse en un botín político. Los diputados locales de Morena han encontrado en el tema una plataforma de golpeteo, ignorando en el proceso una regla básica de la fiscalización: el que acusa, debería tener la casa limpia.

Lo verdaderamente preocupante no es que se exija transparencia —una demanda siempre legítima y necesaria—, sino la ligereza y el dolo con el que se interpretan los procesos institucionales. Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son, por definición técnica, solicitudes de aclaración dentro de un proceso en curso; no son sentencias firmes ni acreditan en automático un daño patrimonial. Sin embargo, en el discurso legislativo, estas sutilezas desaparecen para construir narrativas de escándalo y erigir tribunales mediáticos antes de que concluyan las auditorías.

El problema de esta estridencia y de su tono de superioridad moral es que no resisten la prueba del espejo. Si el estándar de pureza será la ASF, el análisis debe ser parejo. Y es ahí donde el discurso guinda se resquebraja.

A nivel federal, en las estructuras directamente operadas por la autodenominada Cuarta Transformación, las anomalías no solo superan con creces los montos locales, sino que exhiben fallas estructurales mucho más graves.

Hablamos del caso Birmex, que arrastra más de 1,044 millones de pesos pendientes por aclarar, con expedientes que documentan desde pagos sin respaldo hasta la entrega de medicamentos caducos. Hablamos del extinto Insabi, donde la ASF detectó irregularidades por 651 millones de pesos en un periodo crítico donde apenas se logró entregar el 5.1% de los fármacos oncológicos demandados. Hablamos de Veracruz, bastión del oficialismo, con un boquete financiero por aclarar que supera los 730 millones.

En suma, estamos ante más de 2,500 millones de pesos en la opacidad institucional, a lo que habría que sumarle un proceso federal de compra consolidada anulado por cerca de 13 mil millones. Frente a este desastre administrativo, el tono de los legisladores cambia radicalmente. El escándalo se vuelve silencio; la condena inmediata se transforma en matiz y justificación.

Esta diferencia no es técnica, es profundamente política y evidencia un uso selectivo de la rendición de cuentas: implacables hacia afuera, pero condescendientes hacia adentro.

La narrativa pierde aún más sustento cuando intentan satanizar a proveedores específicos, como DIMESA o PHARMAJAL, presentándolos como un fenómeno exclusivo de Guanajuato, omitiendo convenientemente que estas empresas son contratistas habituales en estados gobernados por su propio partido.

Aquí es donde el papel de diputados como Hades Aguilar y David Mendizábal resulta cuestionable. Su actuación en tribuna se reduce a ser cajas de resonancia de una lógica federal: amplificar los procesos en curso cuando conviene golpear al adversario, y minimizar el desastre cuando las irregularidades manchan al propio proyecto.

Cuando la transparencia se aplica a conveniencia, deja de ser un mecanismo de control institucional para convertirse en una simple herramienta de golpeteo. No es un tema de ser gobierno u oposición, es un tema de consistencia elemental. Y en política, esa falta de congruencia tiene nombre. Tarde o temprano, también tiene costo.

Por Mario Villegas

León, Gto., 19 de marzo de 2026.— La Directora General de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Guanajuato, Irma Leticia González Sánchez, sostuvo un encuentro con integrantes del Consejo Nacional de la Industria del Conocimiento (CNEMCO), con el objetivo de fortalecer la participación del sector privado en proyectos de obra pública federal.

Durante el Espacio de Consultoría convocado por el Consejo Directivo del organismo —presidido por Juan Antonio Guzmán Acosta para el periodo 2026-2027—, se presentaron avances, lineamientos y mecanismos para que empresas puedan integrarse a procesos de licitación en la entidad.

Uno de los temas centrales fue el avance del proyecto ferroviario interurbano, particularmente en el tramo Querétaro–Apaseo el Grande–Irapuato, el cual contempla una extensión total de 108 kilómetros. De acuerdo con la funcionaria, desde 2025 se trabaja en la liberación de derechos de vía, lo que ha permitido dar continuidad a esta obra estratégica para la región.

Además, González Sánchez informó que se han implementado mesas de atención social en los municipios involucrados, con el propósito de socializar el proyecto con la población y prevenir conflictos durante su desarrollo.

En materia de infraestructura social, la SICT destacó la construcción de bachilleratos tecnológicos en Celaya y León, así como acciones de mantenimiento y señalización en la red carretera federal del estado.

Durante el encuentro, también se expusieron los requisitos y normativas para participar en licitaciones públicas nacionales, así como el uso de la plataforma Compras.mx, herramienta clave para que empresas accedan a convocatorias y procesos de contratación gubernamental.

El presidente del Consejo Directivo de CNEMCO, Juan Antonio Guzmán Acosta, subrayó la relevancia de estos espacios de diálogo.

“Permiten conocer de primera mano las necesidades del gobierno y abrir oportunidades para que las empresas participen en proyectos de infraestructura y desarrollo social”, afirmó.

Este acercamiento refleja una estrategia de vinculación entre gobierno y sector empresarial, en un contexto donde los proyectos federales buscan mayor participación de proveedores locales en Guanajuato.