La Copa Mundial de Fútbol 2026, que incluirá a México como una de sus sedes, ha suscitado una inquietud considerable en la industria restaurantera del país. Los propietarios de restaurantes, bares y cafeterías se cuestionan si es necesario adquirir una licencia para transmitir los partidos, incluso si son emitidos por televisión abierta. Esta situación ha generado confusión en un sector que busca aprovechar el evento global.

Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), ha señalado que la incertidumbre prevalece en torno a los derechos de transmisión. A pesar de las negociaciones prolongadas con la entidad propietaria de los derechos comerciales, quedan interrogantes sobre las obligaciones que conlleva la transmisión pública de los partidos.

CANIRAC ha logrado establecer un esquema preferencial de licencias para sus afiliados, que clasifica los costos en tres categorías: 4,650 pesos para establecimientos de 1 a 5 mesas, 13,950 pesos para locales con 6 a 20 mesas, y 23,250 pesos para aquellos con más de 20 mesas, que abarca la duración completa del torneo. Sin embargo, un estudio de Bistronomie indica que algunos costos pueden llegar hasta 25,000 pesos, dependiendo de factores como el número de pantallas y la naturaleza del establecimiento.

Izzi Empresas, responsable de la comercialización de las licencias, ha confirmado que se requiere una cuenta especial para negocios, y que el precio varía según la cantidad de pantallas en uso. Esta contratación otorga a los establecimientos el derecho a transmitir los encuentros de manera legal. No obstante, la mayor preocupación radica en las transmisiones realizadas a través de televisión abierta. Alarcón advirtió que incluso estas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones si la actividad se considera comercial y que los restaurantes podrían ser sujetos de requerimientos de licencia si obtienen un beneficio económico de la atracción de clientes.

El dilema es evidente: si una señal es accesible gratuitamente para el público, ¿deberían los establecimientos pagar para proyectarla? Esta cuestión subraya la distinción entre el consumo privado y la exhibición pública con fines de lucro, aunque la práctica de esta distinción aún está poco clara para muchos empresarios del sector.

La situación se caracteriza por una falta de información. Muchos restauranteros han expresado desconocimiento sobre las condiciones de transmisión. Históricamente, algunos optaron por paquetes de televisión de paga, mientras que otros utilizaron señales abiertas sin inconvenientes en ediciones pasadas del evento. La percepción de que ViX tendrá una participación clave en las transmisiones ha complicado aún más el panorama.

Para pequeños restaurantes familiares, gastos adicionales entre 15,000 y 25,000 pesos podrían ser complicado, mientras que grandes cadenas y sports bars pueden absorber más fácilmente estos costos, considerando el potencial de aumento en ventas derivado del Mundial. A pesar de las consultas realizadas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aún no hay respuestas definitivas que aclaren esta situación.

El Mundial representa una oportunidad comercial significativa para la industria restaurantera, capaz de atraer a un alto número de clientes y generar un aumento en el consumo. Sin embargo, el dilema sobre la necesidad de pagar por la transmisión de los partidos sigue sin resolverse.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la detención en Estados Unidos de Carlos Eugenio Benítez Orta, un funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), quien es objeto de una investigación por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. La captura fue el resultado de la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses, aunque no se precisaron los detalles del operativo ni las funciones específicas desempeñadas por cada entidad.

Benítez Orta, de 46 años, fue detenido y posteriormente trasladado a México. Las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron una orden de aprehensión contra él en las cercanías del Puente Internacional Matamoros, ubicado en el estado de Tamaulipas. Este movimiento se enmarca dentro de un esfuerzo ampliado por parte del Gobierno de Estados Unidos para insistir en el fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado en el país.

Se informó que el detenido será llevado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde quedará a disposición de las autoridades judiciales pertinentes. Esta detención se produce en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia, hecho que ha resultado en un incremento notable de capturas y extradiciones en el último año.