La justicia laboral en el sector educativo de Michoacán se ha consolidado como una realidad administrativa, según informes de la Secretaría de Educación. Esta transformación, liderada por la secretaria Gabriela Molina, ha comenzado a eliminar rezagos históricos en el ámbito docente.
Las entregas de los Formatos Únicos de Personal (FUP), promociones y órdenes de adscripción han proporcionado a maestros y maestras una herramienta de certeza y estabilidad. Estos procesos ordenados son percibidos como un cambio significativo en la administración educativa.
Docentes de diversas localidades han compartido sus experiencias. Ania García, jefa de Enseñanza de Secundarias Generales, destacó la transparencia en los nombramientos, mientras que Josué Alvarado, de Maravatío, calificó la recepción de su FUP como un «sueño cumplido». Además, Gretel Muñoz de Zitácuaro, y Heidi Medina de Villa Madero, subrayaron cómo esta seguridad administrativa ha mejorado la motivación en el aula.
El inspector general de Secundarias Técnicas, Josué Acosta, indicó que estos avances son un justo reconocimiento al esfuerzo acumulado de años. Se reportan más de 30 mil beneficios en diferentes áreas, evidenciando una política que ha estabilizado al magisterio, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Estas acciones están alineadas con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.