El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue arrestado por orden del Gobierno boliviano, acusado de encabezar una «organización criminal» dentro de la institución que supuestamente protege al narcoterrorismo. Esta situación surge en un contexto donde Estados Unidos ya había revocado su visa debido a presuntas implicaciones en actividades corruptas.
La detención se llevó a cabo en Santa Cruz y Mariaca fue trasladado a El Alto, donde se encuentra la fuerza antinarcóticos. Mientras el Gobierno del presidente Rodrigo Paz justifica la acción como una medida contra el narcotráfico, el Ministerio Público ha denunciado su arresto como un «secuestro», lo que apunta a una polarización en la relación entre las instituciones.
Mariaca, abogado y académico, había asumido el cargo de fiscal general en 2024, tras un proceso de selección que fue objeto de impugnaciones por su cercanía al oficialismo del Movimiento al Socialismo. A pesar de estas críticas, fue elegido para un mandato de seis años. En su discurso inaugural, prometió combatir la corrupción y la impunidad, temas que ahora se tornan sombríos a la luz de las acusaciones.
Su gestión estuvo marcada por el fallido operativo para capturar al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en 2023. Recientemente, un video en el que Marset supuestamente se refiere a Mariaca como «amigo» ha alimentado las sospechas en torno a su conducta.
El pasado lunes, Estados Unidos impuso sanciones a varios funcionarios de Bolivia, incluidas a Mariaca, por corrupción y su papel en el debilitamiento del Estado de derecho. Estas acciones reflejan la creciente preocupación de la comunidad internacional sobre el narcoterrorismo en América Latina. En paralelo, durante la detención de Mariaca, se arrestaron a otras 13 personas, incluidos tres fiscales. El exministro de Gobierno Eduardo del Castillo es también buscado en relación con estas investigaciones.