La reciente renuncia de Ulises Lara a la Fiscalía General de la República (FGR) ha generado un torbellino de interrogantes, especialmente tras la denuncia emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro. Esta denuncia sugiere la utilización de documentos oficiales falsificados en un esquema de extorsión dirigido a empresarios y proveedores, lo que no solo compromete la integridad de las instituciones judiciales, sino que también plantea graves implicaciones para la confianza pública en el sistema de justicia.
Lara dejó la FGR el 14 de julio, y su salida fue presentada como una decisión personal. Sin embargo, la connotación de su renuncia se ha intensificado con el surgimiento de nuevos detalles que vinculan su nombre a un documento falsificado, datado el 4 de junio de 2026, que aparentemente contenía instrucciones para investigar a ciertos proveedores. Este documento manipulativo llevaba la firma falsificada de Buenrostro, lo que implicaría que individuos desconocidos intentaron inducir a error a sus destinatarios, presentando un falso proceso de investigación como una amenaza.
La falsificación en cuestión sirvió de mecanismo en un entramado de extorsión, donde los proveedores contactados eran advertidos sobre investigaciones en su contra, ofreciendo a cambio un «favor» de la parte de Ulises Lara para frenar dichas acciones a cambio de un pago. En respuesta, la Secretaría Anticorrupción ha enfatizado que Buenrostro no autorizó ninguna instrucción semejante y ha instado a investigar tanto la creación del documento como a los que lo utilizaron con el fin de obtener beneficios económicos.
La situación se complica aún más cuando se considera la estructura de la Fiscalía capitalina, donde Lara trabajó estrechamente con Ernestina Godoy. La llegada de Bertha Alcalde, quien asumió la dirección de dicha fiscalía, ha conllevado a una depuración interna con el objetivo de desmantelar las redes vinculadas a Lara. Esta operación tiene lugar en un contexto de investigaciones sobre posibles redes de corrupción y despojo de propiedades dentro de la misma fiscalía.
Además, han surgido denuncias acerca de vínculos entre grupos dedicados al despojo de propiedades y personas cercanas a la familia Batres, especialmente en áreas como Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa. Estos señalamientos abordan el uso de prácticas de extorsión y la supuesta utilización de influencias políticas.
La denuncia presentada por Buenrostro abre una nueva línea de investigación sobre el uso de documentos oficiales falsificados, poniendo nuevamente en tela de juicio el ambiente de trabajo en las fiscalías tanto a nivel federal como local. Será a través de las indagatorias que se podrá determinar la participación real de Ulises Lara y de otros funcionarios en este escenario orquestado de corrupción. La resolución de este caso se convierte, así, en un indicador crucial del compromiso del estado con la transparencia y la justicia en el ámbito penal.