La directora de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha anunciado su renuncia, efectiva el 30 de junio de 2026. Este acontecimiento se produce en un momento de creciente tensión interna en el gobierno del presidente Donald Trump, relacionado con las operaciones militares en Irán. Gabbard, quien ha sido figura central en la supervisión del extenso aparato de espionaje de Estados Unidos desde el inicio de la administración Trump, justificó su decisión por la necesidad de brindar apoyo a su esposo, quien ha sido diagnosticado con una forma severa de cáncer óseo.

El presidente Trump elogió la labor de Gabbard en un mensaje publicado en redes sociales, subrayando su contribución al organismo de inteligencia y anunciando que Aaron Lukas asumirá el cargo de director interino de Inteligencia Nacional. Gabbard se convierte en la cuarta mujer en dejar su puesto en el gabinete de Trump en los últimos tres meses, sumándose a las renuncias de figuras como Pam Bondi, Kristi Noem y Lori Chavez-DeRemer.

Con un historial como veterana de la guerra en Irak, Gabbard ha sido notable por su postura crítica hacia la comunidad de inteligencia y su oposición a las intervenciones militares de Estados Unidos en conflictos internacionales. Su salida ya era anticipada, especialmente después de cuestionar, durante una audiencia parlamentaria, la afirmación de Trump sobre la amenaza inminente que representaba Irán, vinculada a los recientes bombardeos en Medio Oriente.

Además, ha sido objeto de controversia por sus posturas sobre Rusia y su posición respecto a la actual situación en Ucrania. Gabbard, quien también ha sido congresista y precandidata presidencial demócrata en 2020, representa una voz singular en la política estadounidense contemporánea. Su dimisión podría tener implicaciones significativas en la dinámica interna del gobierno y en las relaciones internacionales en el contexto actual de vulnerabilidad geopolítica en la región.

Una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia imputa a dos ciudadanos de nacionalidad china por su presunta implicación en una conspiración transnacional de blanqueo de capitales relacionada con cárteles criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este desarrollo subraya la creciente preocupación de Estados Unidos sobre la interconexión de organizaciones criminales en Asia y América Latina y sus consecuencias para la seguridad nacional y la salud pública.

Los acusados, Ruhuan Zhen y Hongce Wu, habrían operado una red criminal desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025. Se les atribuye la tarea de blanquear significativos ingresos generados por la importación y venta de narcóticos ilícitos, incluida la cocaína y el fentanilo. Las actividades de estas redes presentan desafíos complejos y multidimensionales para las autoridades de varios países.

De acuerdo con el documento judicial, Zhen y Wu emplearon métodos sofisticados para el movimiento de capitales ilícitos, incluyendo transferencias espejo y cuentas en el extranjero, junto con tecnologías de comunicación encriptadas para coordinar operaciones. Aunque la acusación fue emitida el 24 de abril de 2025 y un gran jurado federal se ocupó del caso, ambos acusados permanecen en libertad hasta el momento.

En caso de ser hallados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia final será dictada por un juez de un tribunal federal, que tomará en consideración las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales pertinentes.

El anuncio de la acusación fue realizado por funcionarios del Departamento de Justicia, quienes destacan que la investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la DEA, apoyada por diversas oficinas a nivel internacional, incluyendo Bogotá y Dubái, así como múltiples divisiones en ciudades de Estados Unidos.

La acción judicial forma parte de la Operación “Take Back America”, una iniciativa lanzada por el Departamento de Justicia para erradicar cárteles y organizaciones criminales transnacionales. La misión consiste en despojar al crimen de sus beneficios económicos y atacar tanto a los líderes de los cárteles como a sus facilitadores financieros, lo que subraya el enfoque de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y sus repercusiones globales.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su decisión de no asistir a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., que se celebrará en las Bahamas este fin de semana. Alega que su compromiso con las responsabilidades gubernamentales en el contexto de las tensiones en Oriente Medio, particularmente con Irán, y las amenazas en Cuba, le impiden dejar sus obligaciones en Washington, D.C.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump expresó su deseo de participar en el evento familiar, pero subrayó la importancia de su permanencia en la Casa Blanca en este periodo crítico. La confirmación de su ausencia se produce tras una declaración previa en la que había manifestado su intención de asistir a la ceremonia, aunque reconoció que el momento no era propicio debido a la situación internacional.

El mandatario se mostró consciente de las posibles repercusiones de su decisión, indicando que sería objeto de críticas independientemente de su elección respecto a la asistencia. La boda de Donald Trump Jr. y Bettina Anderson, quien se comprometió con él en diciembre de 2025 en Camp David, se llevará a cabo en una ubicación privada con una lista de aproximadamente 50 invitados.

Donald Trump Jr. es hijo del presidente con su primera esposa, Ivana Trump, y actualmente gestiona el negocio familiar junto a sus hermanos Eric e Ivanka Trump, involucrándose activamente en los asuntos comerciales desde que su padre asumió nuevamente el cargo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde se han confirmado 82 casos y siete muertes, en un contexto en el que la violencia y la inseguridad complican la respuesta sanitaria. Asimismo, se reportan cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes potenciales relacionadas con el virus, lo que podría indicar una situación mucho más grave de la que se observa actualmente debido a las limitaciones en la vigilancia epidemiológica y tests de laboratorio.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que la situación en la RDC es alarmante y que, a pesar de los esfuerzos recientes para mejorar la vigilancia y las pruebas, la violencia en la región persiste como un obstáculo significativo. En contraste, la situación en Uganda, país vecino, se mantiene estable, con solo dos casos confirmados y una muerte reportada, sin nuevos contagios.

Además, se ha confirmado la detección de casos en ciudadanos de Estados Unidos relacionados con el brote en la RDC, incluyendo a un individuo que ha sido trasladado a Alemania para atención médica. Otro ciudadano estadounidense ha sido identificado como un contacto de alto riesgo y ha sido enviado a la República Checa para su monitoreo.

La OMS ha desplegado personal adicional en la región de Ituri, que se considera el epicentro del brote, con el fin de reforzar la atención comunitaria y las medidas de contención. La organización también ha estado en comunicación constante con las autoridades de los países afectados y ha convocado sesiones informativas para los Estados miembros, buscando coordinar una respuesta internacional ante esta emergencia sanitaria.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la eliminación de restricciones sobre los hidrofluorocarbonos (HFC), gases de efecto invernadero empleados en refrigeradores y sistemas de aire acondicionado. Este cambio implica un ajuste notable en las regulaciones ambientales de la administración anterior, liderada por Joe Biden.

Trump calificó las normativas vigentes como «ridículas» y afirmó que su derogación se traducirá en una reducción de costos para los consumidores. En este contexto, el suministro restringido de petróleo debido a las tensiones con Irán ha elevado los precios, afectando la economía estadounidense y, potencialmente, la percepción pública de su gobierno.

En una declaración desde la Oficina Oval, el presidente manifestó que ha puesto fin a «las ridículas regulaciones» de Biden, sosteniendo que estas eran innecesarias y perjudicaban al sector. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha comunicado que se ampliarán los plazos para que las empresas eliminen gradualmente el uso de HFC.

Trump aseguró que no se anticipan «impactos negativos» para el medio ambiente tras esta modificación y añadió que se prevé que esta política genere ahorros significativos para los estadounidenses, estimados en hasta 2,4 mil millones de dólares. La medida marca un cambio en la dirección de las políticas climáticas estadounidenses, lo que puede influir en las relaciones bilaterales con otros países comprometidos con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el cumplimiento del Acuerdo de París.

La Administración de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha llevado a cabo el arresto de Adys Lastres Morera, ciudadana cubana y hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), un conglomerado militar que ejerce un control significativo sobre la economía de Cuba. La agencia estadounidense le ha revocado su estatus de residencia permanente bajo la acusación de colaborar con el régimen cubano y representar una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Según declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, Lastres Morera estaba administrando activos inmobiliarios en Florida mientras, presuntamente, facilitaba recursos al gobierno comunista de La Habana. Rubios enfatizó que tal colaboración no será tolerada, afirmando que ningún individuo que infrinja la seguridad nacional podrá residir en Estados Unidos sin consecuencias.

Las implicaciones de este arresto reflejan un endurecimiento en las políticas migratorias y de seguridad nacional por parte de la administración estadounidense hacia individuos asociados con el régimen cubano. La comunidad internacional estará atenta a las reacciones del gobierno cubano ante este desarrollo y a cómo podría afectar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba.

La ciudad de Nueva York ha recuperado más de 9 millones de dólares de Amazon, correspondiente a multas por violaciones a una ley que prohíbe dejar los vehículos con el motor encendido por más de tres minutos. Esta situación ha generado preocupación debido a la contaminación del aire en la metrópoli.

El alcalde Zohran Mamdani destacó que, a pesar del valor de Amazon en el mercado, la compañía no había cumplido con sus obligaciones financieras. Además, enfatizó la importancia de las leyes que buscan garantizar un aire más limpio y comunidades más saludables.

A inicios de este año, el Departamento de Finanzas implementó una iniciativa para recuperar las multas acumuladas por los vehículos que operan bajo Amazon Logistics, los cuales son manejados por transportistas subcontratados. La subcomisionada del Departamento de Finanzas, Annette Hill, lideró un equipo que colaboró con la empresa para asegurar el cumplimiento normativo.

Las leyes municipales que prohíben dejar los motores encendidos tienen el objetivo de mitigar la contaminación y mejorar la salud pública. Los ciudadanos pueden reportar infracciones de forma anónima a través del número 311, acciones en línea o mediante el Programa de Quejas Ciudadanas sobre la Calidad del Aire, que ha visto un notable incremento en las denuncias desde su creación en 2009. Este año, se han registrado más de 62 mil quejas, lo que apunta a un récord histórico.

Costa Rica, 2 de febrero de 2026.- La futura mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, anticipa que durante su gestión, que comenzará el 8 de mayo, dará prioridad a la recuperación de la seguridad y la cooperación con Estados Unidos y El Salvador para enfrentar el crimen organizado y vigorizar la economía. Entre las metas centrales de su administración, Fernández señala la transformación del sistema penitenciario y la erradicación de la impunidad, iniciativas para las que busca respaldo internacional, en particular de estos dos países.

El modelo de “megacárcel” previsto para 5,000 presos, inspirado en la estrategia del presidente salvadoreño Nayib Bukele, representa una de las apuestas más ambiciosas en materia carcelaria. Este proyecto se lanzó en enero con la presencia de Bukele y el presidente en funciones Rodrigo Chaves, y, según Fernández, se prevé su finalización hacia mediados de este año.

La futura mandataria destaca la colaboración técnica y política de El Salvador y añade que Costa Rica puede aportar, a su vez, en esferas como desarrollo social y gestión pública. La presidenta electa expresó su reconocimiento al avance salvadoreño, afirmando que “recuperó su sociedad después de estar sumida en una crisis sin precedentes”, declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Bukele también ha mostrado cercanía con el gobierno costarricense dirigido por Chaves. De hecho, el mandatario fue de los primeros en externar su felicitación a Fernández mediante una llamada telefónica y lo hizo público a través de su cuenta en la red social X. En sus palabras: “Acabo de felicitar vía telefónica a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”.

Lazos con Estados Unidos

La relación con Estados Unidos se mantendrá, según Fernández, en la línea de lo realizado por el actual gobierno. Asegura que proseguirá la colaboración en vigilancia oceánica, dotación de equipos policiales y asistencia técnica en seguridad, elementos clave en la lucha contra el narcotráfico.

Fernández calificó a Estados Unidos como “aliado confiable” y recordó que el país norteamericano es el mayor socio comercial de Costa Rica. Durante su comparecencia, subrayó: “La recuperación de la seguridad será prioridad” y reiteró que espera apoyo de naciones amigas como Estados Unidos y El Salvador.

La gestión actual de Rodrigo Chaves, según detalla la presidenta electa, tomó la determinación de excluir empresas chinas, incluidas Huawei, de licitaciones para redes de telecomunicaciones 5G, aduciendo preocupaciones por las políticas de protección de datos del gobierno chino. Esta acción generó reclamos tanto de la empresa como de la embajada de China, país con el que Costa Rica sostiene lazos diplomáticos desde 2007.

Sobre China, Fernández enfatizó la presencia de una nutrida comunidad china en Costa Rica, a la que considera “parte de nuestra cultura”, aunque advirtió que desplegará “una lucha sin cuartel contra la corrupción” para impedir operaciones ilícitas de empresas, “chinas o del país que sean”.

Al ser consultada sobre su política exterior más amplia, la politóloga de 39 años manifestó que será “respetuosa de la soberanía de los pueblos” e impulsará el fortalecimiento democrático a nivel continental y global. Añadió: “Mantendré relaciones diplomáticas en beneficio del pueblo de Costa Rica con todos los países del mundo velando por el interés de los ticos (costarricenses)”, tal como recoge EFE.

Estados Unidos, 29 de enero de 2026.- Embajadas y empresas internacionales en Cuba están revisando sus planes de contingencia y evacuación a raíz de la presión de Washington sobre la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero.

La preocupación ha escalado en las últimas semanas en sedes diplomáticas y empresariales extranjeras ante la creciente incertidumbre geopolítica en el Caribe y la posibilidad de que Estados Unidos pudiese estar preparando incluso una intervención militar en Cuba, según confirmaron a la agencia EFE cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos que prefieren mantener el anonimato.

El caso más destacado en el sector privado es el de la multinacional británica Unilever, que ha evacuado ya a las familias de sus trabajadores extranjeros en el país, según confirmaron a EFE dos fuentes cercanas a la compañía, que fabrica en la isla productos de higiene, belleza y limpieza.

La decisión de la empresa refleja el nivel de alarma que existe entre las corporaciones internacionales con operaciones en territorio cubano, donde la combinación de amenazas geopolíticas y el colapso económico genera un escenario sin precedentes en décadas.

“Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios”, aseguró a EFE una diplomática en La Habana que prefiere no dar su nombre debido a la sensibilidad del tema.

Las legaciones diplomáticas están actualizando sus planes de evacuación y sus listados de nacionales residentes en Cuba, en ocasiones llamando uno a uno a sus ciudadanos para verificar los datos. Algunas embajadas se están abasteciendo para poder soportar largos períodos sin corriente eléctrica, combustibles y agua, eventualidades que entienden se pueden producir por la combinación del actual contexto de crisis total en la isla y la creciente presión estadounidense.

Entre el sector privado, varias filiales de empresas internacionales contactadas por EFE reconocen, en privado, que la incertidumbre geopolítica les ha llevado a replantear con sus casas matrices la actividad en Cuba. Los dos motivos que alegan son una potencial intervención militar estadounidense, por quirúrgica que pueda ser, y el impacto sobre su actividad del grave deterioro económico del país, especialmente con el aumento de los apagones y la crítica escasez de combustibles.

Algunas firmas internacionales aseguran contar con una reserva de carburantes para sus operaciones manufactureras, pero advierten que si se cortan definitivamente los envíos desde Venezuela y México mantener la producción será insostenible.

Todo esto se da en un contexto en el que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a los bienes importados desde países que vendan o suministren petróleo al régimen de Cuba. El objetivo es proteger los intereses estratégicos de Washington frente a lo que el presidente norteamericano considera “acciones malignas” de La Habana en el plano internacional.

Reservas de petróleo para apenas 15 días

La crisis energética que atraviesa la dictadura cubana ha alcanzado niveles críticos. Según datos de la consultora Kpler publicados por Financial Times, Cuba cuenta con reservas de petróleo suficientes para apenas 15 o 20 días. En lo que va de 2026, la isla solo ha recibido 84.900 barriles de petróleo debido a una única entrega mexicana realizada el 9 de enero, lo que representa poco más de 3.000 barriles diarios, una cifra muy inferior al promedio de 37.000 barriles diarios aportados por todos los proveedores en 2025.

Según datos de la consultora Kpler publicados por Financial Times, Cuba cuenta con reservas de petróleo suficientes para apenas 15 o 20 días

La analista de Kpler Victoria Grabenwöger explicó a Financial Times que la suma de este cargamento a los 460.000 barriles disponibles en inventario a inicios de año permitiría cubrir solamente entre 15 y 20 días de consumo.

El desencadenante inmediato de la crisis radica en el endurecimiento de la presión estadounidense sobre los proveedores regionales. Estados Unidos ha lanzado varias advertencias directas a Cuba desde la captura de Maduro el pasado 3 de enero y ha forzado el cierre del suministro de petróleo venezolano a La Habana, cuando Caracas había sido hasta ahora su principal proveedor.

El último cargamento de petróleo venezolano, vital para la generación eléctrica, se recibió en noviembre, según Kpler. México, que en 2024 se consolidó como principal proveedor de la isla, suspendió envíos tras las crecientes amenazas de Washington. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la decisión sobre los despachos de crudo corresponde a México y definió las entregas como una “decisión soberana”, aunque reconoció que parte de los envíos obedecen a contratos con Petróleos Mexicanos y a ayuda humanitaria.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró esta misma semana que, tras el cerrojazo energético, Cuba estaba «a punto de caer», reincidiendo en su tesis del fracaso económico de la isla. El republicano ya ha ido más allá al apuntar que lo único que quedaba por hacer en Cuba era “entrar y destruir el lugar”.

Su secretario de Estado, Marco Rubio, dijo tras la captura de Maduro: “Si estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco”. El propio subsecretario de Estado Christopher Landau aseguró este miércoles que Washington desearía que este mismo 2026 los cubanos puedan “ejercer sus libertades fundamentales”, en una clara referencia a un cambio político en la isla.

Los analistas energéticos consultados por Financial Times coinciden en lo delicado del escenario. Jorge Piñón, de la Universidad de Texas, advirtió que Cuba tiene “una crisis importante en sus manos si no llegan más cargamentos en las próximas semanas”.

Gonzalo Monroy, consultor energético en Ciudad de México, alertó que “si ahora solo le queda México y México no puede exportar, Cuba tiene un problema enorme”. Nicholas Watson, de la consultora Teneo, consideró que la crisis económica amenaza la viabilidad misma del régimen cubano. Ricardo Pascoe Pierce, ex embajador de México en Cuba, advirtió sobre el riesgo de una “provocación militar” si Estados Unidos decide incautar crudo mexicano con destino a la isla.

Tegucigalpa, Honduras. 27 de enero de 2026.- La próxima administración encabezada por Nasry “Tito” Asfura en Honduras se prepara para implementar una ambiciosa reducción del aparato estatal. La eliminación de 38 instituciones públicas y una estricta política de austeridad definen un giro estructural cuyo propósito es optimizar el gasto y generar ahorros sustanciales.

Parte del ahorro proyectado, calculado en 15 mil millones de lempiras, se destinará al pago de los compromisos laborales pendientes del Estado, según informó la designada presidencial electa María Antonieta Mejía durante una entrevista televisiva citada por medios locales.

En el tramo inmediato previo a su investidura, Asfura ha apostado por la contención del gasto incluso en el acto de su asunción, que se celebrará en el Congreso Nacional y no en el Estadio Nacional, como era tradición en gobiernos anteriores.

Según Mejía, la ceremonia tendrá carácter de “evento simbólico”, sin la presencia de mandatarios extranjeros y con una representación internacional compuesta principalmente por embajadores y delegados de organismos.

Este enfoque busca enviar una señal de institucionalidad y sobriedad, enfatizando la coherencia entre el discurso de austeridad y sus primeras decisiones administrativas.

De acuerdo con los detalles proporcionados por Mejía, el recorte reducirá el número total de instituciones estatales de 113 a 74. La justificación central de la reforma radica en la existencia de duplicidad de funciones, estructuras sobredimensionadas y gasto corriente excesivo en buena parte de las entidades afectadas.

La futura funcionaria aclaró que la eliminación de organismos no conllevará la supresión de funciones esenciales, sino su integración a otras dependencias ya operativas. Para Mejía, “el Estado no es un ente empleador, es un generador de condiciones para atraer inversión. La inversión, tanto nacional como extranjera, es la que debe producir los empleos”.

La visión del nuevo gobierno apunta a reorientar el papel estatal: busca propiciar un entorno favorable a la inversión privada mediante reglas claras, estabilidad institucional y una administración más ágil. Mejía considera que el recorte y la simplificación de la estructura pública son condiciones necesarias para atraer capitales y avanzar hacia un crecimiento económico sostenible.

El anuncio generó preocupación entre empleados estatales y sindicatos, quienes temen el impacto laboral de la medida. Frente a estas inquietudes, el equipo de transición remarcó que el proceso será ordenado y que se cumplirá estrictamente con los derechos adquiridos.

Mejía señaló que el ahorro derivado de la reforma contribuirá a mejorar la sostenibilidad fiscal del Estado, afectado por restricciones presupuestarias y elevados niveles de endeudamiento.

En el ámbito internacional, Asfura realizó recientemente su primera gira como presidente electo, visitando Estados Unidos e Israel para buscar alianzas en materia de inversión, tecnología y comercio, sectores como infraestructura, energía, agroindustria y manufactura fueron presentados como prioritarios para la inserción de Honduras en nuevas cadenas productivas. Promocionar al país como destino de inversión se plantea como eje del nuevo ciclo de gobierno.

Analistas citados por la prensa hondureña señalan que la reducción del aparato estatal podría facilitar la modernización de la gestión pública, aunque advierten que el éxito dependerá de la transparencia, una planificación adecuada y mecanismos rigurosos de control para evitar la concentración de funciones y la pérdida de capacidades institucionales.

Queda pendiente la publicación del listado completo de las 38 instituciones que desaparecerán, dato que se prevé será confirmado tras la instalación oficial del nuevo gobierno, junto con los decretos ejecutivos iniciales.

El desafío, según voces expertas, reside en conciliar la austeridad fiscal con la atención a sectores sociales que dependen de los servicios públicos en áreas como salud, educación y desarrollo social.