Guatemala, 18 de enero de 2026.- El Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio por 30 días en respuesta a una escalada de violencia atribuida a pandillas y organizaciones criminales, en un contexto donde la administración sostiene que está recuperando el control de instituciones capturadas y restituyendo la justicia nacional.

Esta decisión, según el Ejecutivo, no alterará la vida cotidiana ni los procesos institucionales, aunque sí marca un endurecimiento legal significativo para frenar intentos de desestabilización.

Desde el inicio de este régimen excepcional, la administración ha insistido en que “no negociamos con criminales, en el marco de la ley y la espada de la justicia los estamos poniendo de rodillas”, tras recientes operativos en los que logró liberar a todos los rehenes de centros penitenciarios sin víctimas fatales. El Ejecutivo llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en la legalidad, remarcando: “Juntos somos más fuertes, juntos los estamos poniendo de rodillas”.

Como medida de duelo por los fallecimientos de agentes policiales, el Gobierno declaró tres días de luto nacional con el pabellón del Palacio Nacional ondeando a media asta. El Ejecutivo resaltó la dimensión humana de estos hechos con la frase: “Hoy habrá familias que quedarán marcadas”, y reafirmó la prioridad estatal de proteger la seguridad pública ante intentos de intimidación.

Según la legislación guatemalteca, el estado de sitio se activa ante actividades consideradas terroristas, sediciosas, de rebelión, asesinatos, secuestros o ataques armados calificables como guerra civil, situaciones en las que se amenaza el orden constitucional o la seguridad estatal. La norma establece que el presidente asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución directa en el ministro de la Defensa Nacional.

Durante el estado de sitio, todas las entidades estatales deben colaborar con la autoridad militar.

Las fuerzas armadas reciben facultades extraordinarias para intervenir y disolver organizaciones, aun sin personería jurídica, y detener a personas sospechosas de conspiración o alteración del orden sin orden judicial previa. Además, se autoriza el uso de medios “preventivos, defensivos u ofensivos” para restaurar la normalidad cuando existan amenazas al orden legal.

El Gobierno subrayó que los recientes actos de violencia responden a la pérdida de privilegios de los grupos delictivos afectados por las últimas reformas en materia de seguridad y al avance estatal sobre estructuras criminales enquistadas.

Recalcó que la estrategia actual está mostrando resultados, reiterando que la aplicación del estado de sitio no suspende la vida institucional ni interrumpe las actividades diarias del país.

Fin de semana violento

Las cárceles de Guatemala registraron disturbios y motines en distintas regiones este fin de semana, mientras que grupos delictivos a su vez perpetraron asesinatos contra agentes de la Policía Nacional Civil.

La situación ha generado alarma entre la ciudadanía y ha puesto bajo presión a las autoridades estatales, obligando a reforzar la presencia policial y militar en los centros penitenciarios más conflictivos.

Intervenciones en recintos penitenciarios permitieron rescatar a más de 40 rehenes, realizar aseguramientos de armas e iniciar traslados médicos, con participación de equipos de rescate que apoyan a personas liberadas durante los operativos.

Los hechos incluso hicieron que la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitiera una alerta de emergencia para sus ciudadanos residentes en Guatemala.

Además se suspendieron clases a nivel nacional, se redujo el sistema de transporte, se cancelaron actividades recreativas y la iglesia católica también canceló misas, entre otras medidas.

Al cierre de esta nota ya se reportaban ocho agentes de la Policía muertos y más de diez heridos, entre otros hechos de violencia que han puesto en vilo al país centroamericano.

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque aéreo en el noroeste de Siria, que resultó en la muerte de Bilal Hasan al-Jasim, identificado como un jefe terrorista vinculado a Al Qaeda y directamente asociado a la emboscada del 13 de diciembre, donde murieron dos militares estadounidenses y un intérprete civil.

Esta ofensiva forma parte de una serie de operaciones de represalia dirigidas a desmantelar las capacidades operativas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) y responde a la estrategia de Washington de neutralizar cualquier amenaza inmediata contra su personal desplegado en la región.

Según el perfil divulgado, Bilal Hasan al-Jasim figuraba entre los principales planificadores de la violencia extremista en la zona. Autoridades estadounidenses lo señalan como el responsable directo del atentado perpetrado en Palmyra, donde un combatiente del Estado Islámico sorprendió a fuerzas mixtas de Estados Unidos y Siria.

“La muerte de un operativo terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación en ir detrás de los terroristas que atacan a nuestras fuerzas”, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central. Y agregó: “No hay lugar seguro para aquellos que realizan, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos”.

El atentado del 13 de diciembre en provocó la muerte del sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y el intérprete civil Ayad Mansoor Sakat. La acción fue ejecutada mediante una emboscada dirigida al convoy militar.

El objetivo central de la reciente operación aérea consistió en debilitar la infraestructura del Estado Islámico y evitar la planificación de nuevos atentados contra fuerzas estadounidenses y sus aliados. Con la eliminación de Jasim, Estados Unidos reitera su decisión de impedir que los grupos terroristas reorganicen sus capacidades ofensivas.

La operación militar, denominada Hawkeye Strike, representó un esfuerzo conjunto en el que participaron Estados Unidos, Jordania y Siria, focalizándose en más de cien objetivos de infraestructura y arsenales del Estado Islámico desde el inicio de la escalada. Esta acción combinó ataques coordinados y labores de inteligencia, ampliando el impacto sobre la red de mando y suministro de los yihadistas.

El último bombardeo contra posiciones terroristas había sido el sábado pasado, también en territorio sirio.

La cooperación internacional resultó fundamental tanto para los avances en Siria como para otras acciones recientes. Como ejemplo de la amplitud de esta campaña, se llevaron a cabo operaciones similares en Nigeria contra enclaves del Estado Islámico, en una continuación de la política exterior estadounidense orientada al combate del terrorismo internacional.

Desde Washington, el mensaje oficial fue enfático: cualquier ataque contra ciudadanos o tropas estadounidenses, dentro o fuera de Siria, será respondido con contundencia. La postura manifestada por las autoridades es clara: quienes organicen, financien o inspiren atentados contra Estados Unidos y sus aliados “no encontrarán refugio y serán perseguidos sin descanso”.

Con esta nueva ofensiva, Estados Unidos reitera su compromiso de impedir el resurgimiento de ISIS en Medio Oriente y sostiene que la protección de sus nacionales y socios seguirá guiando sus acciones militares en la región y en otras áreas consideradas estratégicas.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos y países aliados ejecutaron una ofensiva aérea a gran escala contra posiciones del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en Siria el sábado, en respuesta directa al ataque perpetrado el 13 de diciembre en Palmyra, que provocó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses. La acción militar, bautizada como Operación Hawkeye Strike, fue dirigida por el presidente Donald Trump y marcó una escalada en la respuesta estadounidense frente a los recientes atentados de la organización yihadista.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que la ofensiva tuvo lugar a las 12:30 p.m., hora del Este, con la participación de fuerzas estadounidenses y socios de la coalición internacional. El comunicado oficial precisó que los ataques se dirigieron contra “múltiples objetivos de ISIS en todo el territorio sirio”, en un intento por neutralizar la capacidad operativa del grupo extremista y prevenir futuros atentados contra personal estadounidense y fuerzas aliadas.

EEUU mantiene la presión sobre los terroristas del Estado Islámico en Siria

La escalada militar se produce tras el atentado del 13 de diciembre en Palmyra, donde un combatiente de ISIS emboscó a un contingente combinado de fuerzas estadounidenses y sirias, causando el fallecimiento de dos soldados norteamericanos y un intérprete civil.

La ofensiva estadounidense forma parte de la estrategia definida por la administración Trump para “erradicar la amenaza del terrorismo islámico” y garantizar la seguridad de sus tropas desplegadas en la región.

“Si atacan a nuestros combatientes, los encontraremos y eliminaremos donde sea que intenten escapar de la justicia”, advirtió CENTCOM a través de un comunicado. Esta declaración subraya el tono firme adoptado en los recientes pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos respecto a la persecución de las células yihadistas.

La Operación Hawkeye Strike fue anunciada oficialmente el 19 de diciembre, días después del ataque en Palmyra, y ha contado con el respaldo logístico y de inteligencia de socios internacionales. La ofensiva se inscribe en una serie de intervenciones recientes de Estados Unidos contra enclaves de ISIS fuera de Siria y Irak.

El antecedente inmediato se registró el 25 de diciembre en el noroeste de Nigeria, donde las fuerzas estadounidenses lanzaron una operación contra objetivos vinculados al Estado Islámico en respuesta a una ola de violencia dirigida contra comunidades cristianas. El presidente Trump, en declaraciones difundidas por la red Truth Social, ratificó su involucramiento directo en la decisión de atacar, señalando que “Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes”.

El mandatario enfatizó que había advertido a los militantes sobre las consecuencias de continuar con los ataques sectarios. “Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”, aseguró Trump en su mensaje. Según fuentes militares estadounidenses, la operación consistió en varios bombardeos coordinados sobre posiciones de ISIS en una región marcada por la violencia interreligiosa.

La campaña aérea de la coalición internacional ha buscado debilitar la infraestructura de ISIS en distintos escenarios, incluyendo la vigilancia intensiva de rutas de abastecimiento y la eliminación de centros de mando. Las autoridades explicaron que estos ataques se realizan “en cumplimiento del compromiso permanente de erradicar el terrorismo islámico y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas desplegadas en zonas de conflicto”.

En su declaración, el Departamento de Defensa de Estados Unidos subrayó la capacidad de las fuerzas armadas para ejecutar “operaciones de precisión” y destacó la coordinación con sus socios regionales. “El Departamento de Defensa realizó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”, afirmó Trump.

La ofensiva más reciente en Siria representa la continuidad de una política exterior basada en la acción directa contra grupos considerados una amenaza para la seguridad global. “Seguimos decididos a perseguir a los terroristas que buscan dañar a Estados Unidos y a nuestros aliados”, señaló CENTCOM en su mensaje.

Las autoridades estadounidenses no detallaron la magnitud de los daños infligidos a ISIS en las ofensivas del sábado, aunque recalcaron que las operaciones seguirán mientras persista el riesgo de nuevos ataques. La Casa Blanca mantiene la advertencia de que cualquier agresión contra sus fuerzas en el extranjero recibirá una respuesta “firme y proporcional”.

Estados Unidos, 7 de enero de 2026.- El secretario de Estado Marco Rubio ha comunicado a los legisladores que el presidente Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirla, mientras que Trump ha pedido a sus asesores que le presenten un plan actualizado para adquirir el territorio, según informaron el martes funcionarios estadounidenses.

Rubio hizo estas declaraciones en una reunión informativa celebrada el lunes con legisladores de las principales comisiones de defensa y política exterior de ambas cámaras del Congreso. Ese mismo día, Trump pidió a sus asesores que le presentaran un plan actualizado.

La reunión informativa del Congreso se centró en Venezuela, pero los legisladores expresaron su preocupación por las intenciones de Trump con respecto a Groenlandia, dadas las agresivas declaraciones realizadas esta semana por el presidente estadounidense y uno de sus principales asesores, Stephen Miller, según informaron dos funcionarios.

Rubio no entró en detalles sobre lo que quería decir con comprar Groenlandia. Trump pasó décadas en Nueva York como promotor inmobiliario, y uno de sus principales enviados diplomáticos, Steve Witkoff, tiene la misma trayectoria. Trump ha codiciado Groenlandia desde su primer mandato.

Groenlandia es un territorio autónomo y escasamente poblado que se encuentra bajo la soberanía de Dinamarca, miembro de la OTAN. Dinamarca estableció el control colonial sobre Groenlandia en el siglo XVIII y le concedió la autonomía en el siglo XX.

El martes, los líderes de seis países de la OTAN se unieron a Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, para emitir una notable declaración conjunta en la que rechazaban las afirmaciones de Trump de que Estados Unidos debería hacerse con el control de Groenlandia. Los países que se alinearon con Dinamarca fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España y Polonia, todos ellos aliados cercanos de Estados Unidos.

“Por lo tanto, la seguridad en el Ártico debe lograrse de forma colectiva, en colaboración con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos, defendiendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”, afirmaron. “Se trata de principios universales y no dejaremos de defenderlos”.

“Groenlandia pertenece a su pueblo”, añadieron. “Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellas, decidir sobre los asuntos que les conciernen”.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que Trump no había descartado una invasión estadounidense de Groenlandia.

“El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, afirmó en un comunicado. “El presidente y su equipo están debatiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso del ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”.

Algunos legisladores expresaron su preocupación por los planes anunciados por Trump. El martes por la noche, la senadora Jeanne Shaheen, demócrata por Nuevo Hampshire, y el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que el Gobierno de Estados Unidos debe respetar a sus aliados.

“Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado y respetar la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, afirmaron los senadores, que lideran el Grupo de Observadores de la OTAN en el Senado.

“Cualquier sugerencia de que nuestra nación sometería a un aliado de la OTAN a coacción o presión externa socava los principios mismos de autodeterminación que nuestra alianza existe para defender”, añadieron.

El domingo, Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que “Groenlandia está rodeada de barcos rusos y chinos por todas partes”.

Esas dos naciones son potencias activas en el Círculo Polar Ártico, pero Groenlandia no está rodeada por sus barcos. De hecho, es Estados Unidos quien tiene una base militar en Groenlandia. El vicepresidente JD Vance visitó la base con su esposa, Usha, el año pasado.

Trump también se ha centrado en Groenlandia debido a su potencial riqueza en minerales críticos.

La segunda Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump afirma que el dominio del hemisferio occidental es una prioridad máxima. Esto ha cobrado especial relevancia con la campaña de presión militar de meses de duración de Trump contra Venezuela y la captura el sábado por parte de las tropas estadounidenses de Nicolás Maduro, líder del país, y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque mortal. Además, Trump afirmó a principios del año pasado que tenía previsto adquirir Canadá.

Con información de The New York Times

De acuerdo con un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de los Estados Unidos, Nicolás Maduro tuvo cobertura diplomática para gestionar el retorno de las ganancias de la venta de cocaína.

En la página 11 del mismo texto, se explica cómo habría sido la supuesta estrategia:

“Entre 2006 y 2008, aproximadamente, mientras se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que él sabía que eran narcotraficantes para ayudarlos a trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela bajo cobertura diplomática. Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela, Maduro Moros facilitaba el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni de las fuerzas militares.

En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero del narcotráfico. El avión regresaba a Venezuela bajo cobertura diplomática”, asegura el archivo.

La Justicia de Estados Unidos también sostiene que altos funcionarios venezolanos, encabezados por Maduro, facilitaron y protegieron durante años el envío de toneladas de cocaína en alianza con Los Zetas (hoy el Cártel del Noreste).

Por otro lado, el escrito enlista la participación de militares, políticos y operadores logísticos del régimen venezolano, asegurando que existía un mecanismo de corrupción, protección y violencia que convirtió a Venezuela en una de las principales plataformas del narco en el mundo.

Alianza con Los Zetas

Además de los cargos presentados contra Maduro, el texto judicial menciona la relación del mandatario con distintos personajes, entre ellos: Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.

Menciona que desde 1999, los líderes venezolanos “colaboraron con narco-terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua”, una relación que involucraría, además de Venezuela y México, una estructura multinacional con conexiones en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.

Los párrafos indican que la colaboración iba más allá de la simple protección militar, se trataba ya de la institucionalización y el uso de recursos estatales para el narcotráfico en beneficio de Los Zetas.

Al igual, funcionarios venezolanos vendieron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, se facilitaron vuelos encubiertos y se ofreció cobertura oficial para movimientos de dinero y estupefacientes. El pago de sobornos era una constante, pues cuando un cargamento era interceptado, la respuesta era la entrega de millones de dólares a cambio de silencio:

“Los beneficios del narcotráfico fluían desde las bases militares y policiales hasta las cúpulas del poder, enriqueciendo a los círculos familiares de Maduro y sus principales aliados”, denuncia la Justicia de EEUU.

La Justicia de Estados Unidos sostiene que altos funcionarios venezolanos, encabezados por Nicolás Maduro, facilitaron y protegieron durante años el envío de toneladas de cocaína en alianza con Los Zetas (hoy transformados en el Cártel del Noreste), uno de los cárteles más violentos de México, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El documento menciona la implicación de militares, políticos y operadores logísticos del régimen venezolano, y detalla un mecanismo de corrupción, protección y violencia que convirtió a Venezuela en una de las principales plataformas del narcotráfico internacional.

Un narco-Estado en alianza con Los Zetas

La acusación formal contra Nicolás Maduro también menciona a personajes de su círculo más cercano, entre ellos: Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.

El texto judicial sostiene que, desde al menos 1999, los líderes venezolanos “colaboraron con narco-terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua”. Esta relación criminal no sólo involucró a Venezuela y México, sino que operó como una estructura multinacional con conexiones en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.

Entre los fragmentos más contundentes del documento, se detalla que entre 2003 y 2011, mientras Diosdado Cabello ocupaba cargos oficiales relevantes en Venezuela, Los Zetas trabajaron con un grupo de traficantes colombianos para despachar cargamentos en barcos contenedores con cinco a seis toneladas de cocaína cada uno —y a veces hasta veinte toneladas— desde puertos venezolanos hacia México y, finalmente, a Estados Unidos.

“Las decenas de miles de kilogramos de cocaína enviados por este grupo fueron protegidos en Venezuela por funcionarios militares venezolanos conocidos como ‘los generales’”, se lee.

La acusación judicial también subraya que Los Zetas recibían estos cargamentos bajo protección oficial venezolana, altos cargos militares y políticos, y luego la organización mexicana controlaba las rutas clave en Centroamérica y los métodos para cruzar la cocaína.

Corrupción institucional

La colaboración iba más allá de la simple protección militar. El régimen venezolano institucionalizó el uso de recursos estatales para el narcotráfico en beneficio de Los Zetas.

Al igual que hicieron con el Cártel de Sinaloa, funcionarios venezolanos vendieron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, se facilitaron vuelos encubiertos y se ofreció cobertura oficial para movimientos de dinero y estupefacientes entre Venezuela y México.

“Los beneficios del narcotráfico fluían desde las bases militares y policiales hasta las cúpulas del poder, enriqueciendo a los círculos familiares de Maduro y sus principales aliados”. El pago de sobornos era una constante: cuando un cargamento era interceptado, la respuesta era la entrega de millones de dólares a cambio de silencio e impunidad.

Cabe recordar que desde febrero de 2025, el Departamento de Estado de EEUU designó al Cartel del Noreste (CDN), sucesor de Los Zetas, como organización terrorista extranjera (FTO).

Rutas y métodos

La infraestructura empleada para el tráfico de drogas incluyó rutas marítimas y aéreas. Los envíos de cocaína masivos partían de puertos venezolanos hacia el Caribe, Centroamérica y México, usando lanchas rápidas, buques pesqueros y portacontenedores.

Paralelamente, vuelos desde pistas clandestinas y aeropuertos comerciales controlados por funcionarios del régimen transportaban droga y dinero en efectivo a México, Honduras y Guatemala.

El expediente judicial subraya que la cooperación entre Venezuela y Los Zetas no se limitó al transporte de droga. La colaboración también incluyó la provisión de armas, protección armada, apoyo logístico y la facilitación del lavado de dinero a través de empresas estatales venezolanas.

Según las estimaciones presentadas por las autoridades estadounidenses, para el año 2020, hasta 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela, una porción significativa de las cuales era destinada a rutas controladas por Los Zetas.

“El ciclo de corrupción basada en narcóticos llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a los narcoterroristas violentos que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos”, se lee en el texto de la acusación formal.

El documento judicial incluye episodios concretos de colaboración entre Los Zetas y funcionarios venezolanos, como el pago de 2,5 millones de dólares tras la incautación de un cargamento en México.

La acusación también documenta que familiares cercanos de Nicolás Maduro, como su hijo Nicolás Maduro Guerra y sus sobrinos Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, participaron de forma activa en la organización y logística de envíos de droga hacia el extranjero.

En concreto, las investigaciones y grabaciones de la DEA revelaron reuniones en las que los sobrinos de Cilia Flores y Maduro negociaban el envío de cargamentos de cocaína desde el “hangar presidencial” de Caracas, un área restringida del principal aeropuerto venezolano. En esas conversaciones, los familiares explicaban que contaban con acceso directo a recursos estatales y protección oficial para facilitar el tránsito y la carga de droga hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Estas operaciones, según la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, crearon “un sistema donde el poder político y militar venezolano se devora a sí mismo en una espiral de corrupción alimentada por el narcotráfico”.

Con información de Anayeli Tapia Sandoval de Infobae