Ciudad de México, 20 de octubre de 2025.- Sentados frente a una mesa en la zona de Murales del máximo tribunal del país, ocho ministros escucharon este lunes, en un inédito ejercicio, a una treintena de personas con discapacidad que defienden su derecho a la consulta antes de que se legisle sobre temas que los afecten.

La jornada, que duró cuatro horas y media, marcó el primero de tres días seguidos de audiencias públicas, para desahogar una lista de participantes de 102 integrantes de asociaciones civiles, de la academia, y personas en lo individual.

La demanda fue unánime, que el Pleno no apruebe el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama que resuelve la acción de inconstitucionalidad 182/2025 promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán porque determina que no se deben invalidar en automático las leyes por falta de consulta previa, si estas amplían los derechos de las personas con discapacidad.

Saori Beatriz Pérez Milo, quien vive con autismo, advirtió que la propuesta elimina la obligación de consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar leyes que las afectan, lo que las vuelve a excluir de las decisiones sobre su propia vida y contradice el artículo 4, párrafo 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“La consulta es un derecho, no una opción”, afirmó tras denunciar el uso político de este sector: “Para las fotos y los votos todos aman el autismo y cualquier tipo de discapacidad, pero cuando se trata de garantizar derechos desaparecemos de las mesas de decisión. Lo mismo ocurre cada vez que se utiliza a las personas con discapacidad para la conveniencia pública, mientras el resto del año somos invisibles para el Estado”.

En la audiencia participaron, de manera presencial y por videollamada, principalmente personas con discapacidad motriz, visual y auditiva, apoyadas por intérpretes de lengua de señas. Ángel Ibarra Jasso, quien intervino a distancia, advirtió que la propuesta de Batres podría restringir sus derechos, al plantear que las comisiones de derechos humanos solo impugnen normas cuando lo soliciten, con firmas, al menos 15 personas afectadas directamente.

“Esta parte de que solamente las personas con discapacidad puedan firmar o no acerca de una acción de inconstitucionalidad se me hace un poco peligroso por la persecución política que pueda existir acerca de si firmas, si no firmas, qué pasa”, expresó.

La socióloga Patricia Claudia Brogna, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó la obligación de los congresos de consultar a dicho sector antes de legislar, e incluso establecer un mecanismo que sean ellos quienes los busquen

“Que se habiliten foros de consulta en los distintos estados, considerando las lenguas indígenas y las distintas discapacidades de las personas. Por lo tanto, me parece que la propuesta de la ministra Batres, en realidad, habilita un debate mucho más profundo de cómo garantizar el derecho a consulta, no tanto un procedimiento… si no se invierte la carga de la prueba, y van a ser las personas con discapacidad y las organizaciones las que van a tener que hacer el trabajo de revisar las leyes y de ir a golpear la puerta para decir que hay que formularlas y que violentan o violan ciertos derechos, y muy particularmente el derecho a consulta”, dijo.

En varias intervenciones, las personas con discapacidad expusieron problemas y situaciones que no estaban directamente relacionados con el tema de la audiencia, por lo que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pidió ceñirse al debate y aclaró que el ejercicio era una audiencia, no una consulta, ya que son el Legislativo y el Ejecutivo quienes están obligados a realizar ese tipo de procesos.

Ciudad de México, 15 de octubre de 2025.- Luego de un debate que se extendió por casi siete horas, los diputados federales aprobaron en lo particular la Ley Federal de Derechos, con los aumentos propuestos en el dictamen, con 352 votos a favor por parte de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), y 133 en contra por parte de los grupos parlamentarios de oposición.
En la minuta enviada al Senado de la República para ser ratificada, se crearon nuevos cobros de derechos como el de autorizaciones para realizar visitas a embarcaciones en navegación de altura, como por ejemplo los cruceros, por el que se cobrará 297.89 pesos.
También se estableció un pago por formatos de autorización de salida del país de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, con un monto de 294.01 pesos.
Además de los incrementos en trámites migratorios para extranjeros y del ingreso a sitios turísticos y museos, a los que se aprobaron aumentos de hasta más de 100 por ciento, destacan los incrementos en servicios de verificación establecidos en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Aeropuertos.
Entre ellos, los servicios de certificación mediante vuelos de inspección de ayudas a la navegación aérea, por cada hora de vuelo, para los cuales se avaló un cobro de 57 por ciento más, al pasar de 134 mil a 211 mil 618 pesos.
La expedición de certificados de capacidad, licencia o permiso para personal aeronáutico sube hasta en un 20 por ciento; los certificados de aeronavegabilidad hasta en un 32 por ciento y los Servicios de inspección y vigilancia que presta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que brinda a entidades financieras, tienen 16 por ciento de incremento.

Las reservas presentadas por más de 60 oradores fueron descartadas en medio de los reclamos de la oposición por aprobarse una ley que, acusó, viola el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31 de la Constitución.
Los incrementos en materia migratoria, dijo la priísta Marcela Guerra al presentar una de las reservas, representan un “encarecimiento desproporcionado, que convierte un derecho, una regularización migratoria, en un privilegio que solo se obtiene el que tiene dinero suficiente”.
En tanto, la diputada de Morena, Petra Romero, defendió que la adecuación “no solo es necesaria sino urgente para garantizar certeza y coherencia jurídica”, al citar como ejemplo las modificaciones en materia de telecomunicaciones.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2025.- Las amenazas de bomba se trasladaron a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Luego de tres semanas seguidas en las que diferentes planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habían padecido amenazas por colocación de artefactos explosivos, hoy lunes se presentó algo similar en la unidad Cuajimalpa.

Tras llevar a cabo la verificación de las instalaciones, y con base en sus protocolos para este tipo de situaciones, la UAM informó que se trató de una falsa alarma.

“En estricto apego a la autonomía, la institución trabajó en conjunto con las autoridades de gobierno de la CDMX para llevar a cabo la revisión del campus, sin que se hallara algún objeto sospechoso”, detalló en un comunicado.

Asimismo, aseveró que efectuarán las investigaciones para identificar a las personas involucradas, con el fin de deslindar responsabilidades, para lo cual se apoyarán de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Tras este hecho ocurrido ahora en la UAM, la institución exhortó a los estudiantes, docentes y personal a mantenerse alertas ante posibles riesgos que atenten contra su seguridad o integridad.

“Entre todos podremos construir espacios seguros, libres. De violencia y creando lazos de protección y confianza mutua que nos permitan desarrollar nuestras actividades cotidianas”, concluyó.

Ciudad de México, 1 de octubre de 2025.- En una segunda sesión del Senado se inició esta tarde la discusión del dictamen de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de amparo, la que, según expresó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, se mantiene como “el dique protector de la ciudadanía antes los abusos y arbitrariedades del poder, pero se previene que no sea ya un instrumento exclusivo de las élites”

El dictamen se aprobó horas antes en comisiones, con el voto de Morena y aliados, ya que la oposición no la avaló, a pesar de los cambios de fondo en los puntos más polémicos de la iniciativa presidencial, entre ellos la referida “al interés legítimo” en que ya se contempla la posibilidad de amparos colectivos.

Antes de que concluyera la primera sesión de este día, el dictamen quedó en primera lectura y se abrió una segunda sesión, en la que se debaten las modificaciones a la Ley de Amparo.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, detalló que los cambios a la iniciativa presidencial se dieron luego de las dos audiencias públicas para se abrieron para escuchar a especialistas, entre ellos litigantes, académicos, asociaciones y colegios de abogados, jueces, magistrados y funcionarios del gobierno federal.

“Nos aseguramos de que estuvieran presentes todas las visiones sobre el amparo, y no solamente las autoridades, quienes son sujetos no solamente esenciales o quienes las aplican, sino fundamentalmente quienes las litigan, quienes las postulan en el derecho ante los tribunales», sostuvo.

Expuso luego que un cambio fundamental a la iniciativa presidencial se dio en el artículo quinto de la Ley de Amparo relativa al interés legítimo. La iniciativa presidencial, dijo, plantea facilitar el acceso a ese instrumento jurídico, sin distorsionar la naturaleza del acceso a la protección de derechos humanos en la defensa de intereses colectivos o difusos.

Sin embargo, agregó, derivado del amplio debate coinciden y coincidimos con la necesidad de precisar en la ley los elementos que deben tomarse en cuenta para tener por acreditado el interés legítimo para acudir al amparo.

Se precisó, por ello que “la lesión jurídica resentida puede ser individual o colectiva, toda vez que varias voces advirtieron, que la redacción parecía sólo individualizar la lesión».

“En consonancia a con la redacción del artículo 107 de la Constitución se señala que el interés puede tener esas dos dimensiones. De esta forma, atajamos el riesgo que se señalaba de cerrarle la posibilidad a demandas de carácter colectivo para la protección de los llamados derechos difusos”.

Se eliminó además la exigencia de que la lesión sea actual, ya que con ello se podría dejar afuera casos en que la lesión jurídica es inminente o previsible.

Se estima también conveniente eliminar el requisito de que el beneficio obtenido con la sentencia sea directo, para que quede claro que este beneficio puede derivar de la pertenencia a un colectivo, sin necesariamente requerir de una particularización respecto de la persona promovente.

El presidente de la Comisión de Justicia recalcó que no es menor tampoco el cambio que se realizó a la iniciativa en materia de cumplimiento de las ejecutorias de amparo, recobrando los términos originales de la ley vigente, “pues consideramos relevante mantener la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan las resoluciones de las y los órganos jurisdiccionales”.

Por su parte, el senador Inzunza expuso que la reforma “garantiza el acceso a una justicia más ágil, efectiva y humanista, en sintonía con los principios constitucionales y los tratados de derechos humanos que ha suscrito el país y, por supuesto a las exigencias de la sociedad”.

En el caso de las modificaciones a la suspensión en el juicio de amparo es para impedir que se utilice para mantener prácticas ilícitas o privilegios indebidos.

El coordinador de MC, Clemente Castañeda, presentó una moción suspensiva de la reforma, pero fue desechada y comenzó la presentación de posturas de cada uno de los grupos parlamentarias.

Ciudad de México, 27 de septiembre de 2025.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) señaló que la movilización que se realizó la tarde del viernes a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, afectó la operación regular de cuatro mil 527 establecimientos comerciales, lo que afectó las ventas en más de 21.9 millones de pesos.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, mencionó que “lamentablemente el llamado bloque negro aprovechó la manifestación y la inacción de la autoridad para llevar a cabo actos vandálicos, mismos que deben ser condenados de manera enérgica por toda la ciudadanía”.

“Estos ataques no solo perjudican la economía de nuestras pequeñas y medianas empresas, sino que también deterioran la imagen de seguridad y movilidad de nuestra querida Ciudad de México, una cuestión que nos debe preocupar seriamente, especialmente de cara al Mundial de Futbol 2026”, insistió.

Aclaró que en la Canaco “no pedimos represión, exigimos que se aplique la ley; exhortamos a todos aquellos afectados a presentar de inmediato las denuncias correspondientes para que de inmediato inicien las investigaciones que lleven a identificar y llevar ante la justicia a los responsables de los actos vandálicos”.

En un comunicado, exigió “una regulación estricta que prohíba el uso de pasamontañas o máscaras que ocultan el rostro de los participantes, así como la ocupación de las principales arterias de la ciudad y el compromiso de las autoridades a sancionar cualquier acto de violencia, sin excepción”.