El gobernador Rubén Rocha Moya ha recuperado sus funciones en Sinaloa tras 112 días de licencia. La Secretaría de Gobernación (Segob) ha informado que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones en su contra, relacionadas con acusaciones de supuestos vínculos con grupos delictivos. A pesar de su reincorporación, el proceso judicial avanza sin interrupciones.

Rocha Moya solicitó su separación del cargo el 1 de mayo con la intención de no obstaculizar las indagatorias y renunció a su fuero constitucional para enfrentar las acusaciones. Su retorno fue comunicado oficialmente a través de una declaración de Segob.

Las investigaciones se originaron en abril tras denuncias del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Durante la administración del presidente Donald Trump, se acusó al gobernador y a otros funcionarios de asociación delictuosa con «Los Chapitos», una célula del Cártel de Sinaloa.

En respuesta a las acusaciones, Rocha Moya afirmó que ha estado en disposición del sistema judicial mexicano durante su ausencia. En un mensaje dirigido a sus seguidores, aseguró que estas acusaciones son infundadas y atribuyó la campaña en su contra a la oposición política.

Segob ha reafirmado su respeto por las instituciones competentes y el proceso legal, y corresponde a la autoridad ministerial proporcionar información conforme avancen las investigaciones.

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que Rubén Rocha Moya ha reanudado sus funciones como gobernador de Sinaloa, aclarando que esta decisión es de carácter personal. Además, la dependencia recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas investigaciones relacionadas con diez personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el gobernador estatal.

La Segob afirmó que es responsabilidad de la FGR proporcionar información adicional conforme avancen las investigaciones. Asimismo, reiteró su respeto por las facultades de las instituciones competentes y el proceso legal en desarrollo.

Rubén Rocha Moya comunicó a través de sus redes sociales su regreso oficial al cargo. Argumentó que esta decisión responde a su compromiso con los ciudadanos que lo eligieron y mencionó que su periodo constitucional concluirá el 31 de octubre de 2027. Hizo referencia a los 112 días de investigación que siguieron a la licencia temporal solicitada ante el Congreso de Sinaloa el 1 de mayo. Durante ese tiempo, se presentó ante la FGR, donde colaboró con los agentes del Ministerio Público.

Rocha Moya subrayó que, según declaraciones de la FGR, no existen pruebas suficientes que respalden su implicación en hechos delictivos. Afirmó su inocencia frente a las acusaciones, señalando que estas tienen motivaciones políticas.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 29 de abril, anunció acusaciones contra Rocha Moya y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. La denuncia fue presentada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York y queda bajo la jurisdicción de la jueza federal Katherine Polk Failla. Entre los mencionados se encuentran Enrique Inzunza, Enrique Díaz, y otros.

El administrador de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance Cole, indicó que el Cártel de Sinaloa utiliza la corrupción y el soborno para facilitar sus operaciones ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ante estas acusaciones, ha solicitado al Departamento de Justicia de Estados Unidos que proporcione las pruebas que sustenten las imputaciones. La Segob reafirmó esta postura en relación con el regreso de Rocha Moya a su cargo. Las carpetas de investigación siguen abiertas y será la FGR la encargada de determinar la información que se deberá emitir a medida que avancen las indagatorias.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que el contralmirante Fernando Farías Laguna será ingresado al penal de El Altiplano tras su expulsión de Argentina. Este procedimiento se produce después de que las autoridades argentinas confirmaran la existencia de pruebas que lo vinculan a una red de contrabando y distribución ilegal de combustible marítimo.

Godoy Ramos detalló a través de un comunicado que, debido a la contundencia de las pruebas presentadas, se autorizó su expulsión. Representantes de la Fiscalía General de la República se trasladaron a Argentina para su repatriación. Una vez en México, Farías Laguna será puesto a disposición del juez de control correspondiente.

La fiscal general también reportó la detención de 15 individuos vinculados a esta red criminal, conocida como “Los Primos”, de los cuales 12 son marinos y agentes aduanales. Entre los detenidos se encuentran Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, identificados como líderes de esta organización.

La fiscalía, en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ha recuperado bienes que implican daños económicos a la organización criminal por más de 340 millones de pesos. Se anticipa que nuevas órdenes de aprehensión se solicitarán contra otros involucrados en la distribución ilegal de combustible en seis estados del país.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reintegró sus funciones el 21 de agosto, tras un periodo de 112 días de licencia. Su ausencia se debió a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que fueron desestimadas. Al regresar, el gobernador emitió un mensaje dirigido a sus opositores, señalando que intentaron dañar su imagen y a su movimiento político.

Rocha Moya había solicitado separarse de sus funciones el 1 de mayo para permitir que la FGR llevara a cabo las indagatorias necesarias sin el impedimento del fuero constitucional, del cual renunció por su «convicción personal». Las imputaciones surgieron a raíz de un expediente judicial en Estados Unidos que lo vinculaba con «Los Chapitos», una facción del Cártel de Sinaloa. A lo largo de su licencia, el mandatario colaboró con las autoridades, compareciendo ante el ministerio público y respondiendo a las solicitudes de información.

Durante su reintegración, el gobernador subrayó que no existen elementos que sustenten su participación en conductas delictivas, y enfatizó su inocencia ante la ley. Pese a ello, la FGR no ha emitido ninguna resolución oficial que lo exonere de cualquier implicación. Rocha Moya manifestó que las acusaciones provenientes de sectores conservadores tienen motivaciones políticas y buscan menoscabar el avance de la Cuarta Transformación, liderada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En su discurso, el gobernador reafirmó su compromiso con las causas sociales y su trayectoria en la lucha por los sectores vulnerables de Sinaloa. Aseguró que retoma su cargo con «la frente limpia», sosteniendo que su regreso a la administración es una reafirmación de su integridad y un compromiso hacia su gestión gubernamental.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha reintegrado sus funciones luego de un periodo de cuatro meses de licencia a raíz de una investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existen pruebas que lo involucren en las acusaciones, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene señalamientos sobre su supuesta implicación en el tráfico de drogas.

Rocha Moya reiteró su inocencia en un comunicado en la red social X, afirmando que regresaba «con la frente limpia». Durante su licencia, desde el 1 de mayo, se puso a disposición de las autoridades mexicanas. La FGR concluyó que no había elementos de prueba que sustentaran las acusaciones en su contra.

El Departamento de Estado estadounidense había señalado a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios sobre una presunta conspiración para introducir narcóticos en Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Los funcionarios acusados también incluyen al senador Enrique Inzunza y a exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas en Sinaloa.

Las acusaciones, difundidas el 29 de abril, enfatizan que estos funcionarios habrían protegido operaciones del cártel, permitiendo el transporte de drogas a cambio de sobornos. En su retorno, Rocha Moya expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando la defensa de la soberanía y la democracia frente a intereses externos.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, manifestó el rechazo del gobierno mexicano hacia la práctica de deportación de connacionales a terceros países de Centroamérica por parte de Estados Unidos. Según información oficial, aproximadamente 2,300 migrantes mexicanos han sido enviados a Guatemala en lo que va del año.

Rodríguez planteó esta preocupación durante una reunión con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, donde solicitó que los migrantes sean repatriados directamente a México, de acuerdo con los mecanismos establecidos. La funcionaria puntualizó que, aunque México respeta las decisiones de otros países en materia migratoria, no está de acuerdo con el traslado a naciones intermedias antes de que estos lleguen a su país.

En el marco de la conferencia matutina encabezada por la secretaria, quien asumió funciones en reemplazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez subrayó la necesidad de mantener el actual acuerdo que facilita el retorno directo de los migrantes. Esta declaración se produce tras la confirmación por parte del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sobre el incremento notable en el número de deportaciones, con cifras que reflejan un aumento desde solo 15 casos en 2025.

Los mexicanos deportados llegan a Guatemala en vuelos provenientes de Estados Unidos y, según reportes, permanecen en dicho país por menos de 24 horas antes de continuar su viaje por carretera hacia México. Arévalo ha dejado claro que Guatemala no actúa como un «tercer país seguro» en estos casos, ya que los migrantes se encuentran en tránsito.

Estados Unidos también ha deportado a ciudadanos mexicanos a Honduras, en el contexto de una política de deportaciones que se ha ampliado desde la administración de Donald Trump. Rodríguez, por otro lado, reportó una disminución del 96 por ciento en la migración irregular hacia Estados Unidos, tanto de mexicanos como de extranjeros.

El Gobierno de Sheinbaum ha documentado previamente un descenso del 97.5 por ciento en los encuentros de migrantes en la frontera, pasando de 305,608 en diciembre de 2023 a 5,433 en mayo de 2024. Además, la titular de Gobernación hizo hincapié en la coordinación diaria entre las autoridades de México y Estados Unidos en cuestiones migratorias, de seguridad y comercio, destacando el contacto continuo entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense. A pesar de las divergencias sobre la política de deportaciones, Rodríguez calificó la relación bilateral como cordial y respetuosa.

Rubén Rocha Moya ha confirmado su regreso al cargo de gobernador de Sinaloa tras 112 días de licencia. La reanudación de sus funciones se dio a conocer a través de su cuenta oficial en la red social X. Durante su ausencia, Rocha Moya solicitó separarse del cargo para atender señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado, realizados por el gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había señalado a Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, por supuestas conexiones con el Cártel de Sinaloa, que ha sido catalogado como grupo terrorista. Se les acusó de haber distribuido grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense.

Durante los días de su licencia, Rocha Moya se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde colaboró con las investigaciones relacionadas con estas acusaciones. Tras su comparecencia, las autoridades no encontraron evidencia que sustentara los señalamientos en su contra, lo que le permite retomar el control del gobierno de Sinaloa.