El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la vigilancia sobre dos áreas de posible desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico mexicano. Estas condiciones podrían dar lugar a la formación de «Iselle», el noveno ciclón tropical de la actual temporada, en caso de concretarse su evolución.

Según informes provenientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la primera zona de baja presión se localiza al sur de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con un 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en un periodo de siete días. Si se desarrolla, se le asignará el nombre «Iselle».

La segunda zona de baja presión se encuentra al oeste-suroeste de la península de Baja California, con un 50% de probabilidad de desarrollar un sistema ciclónico en la misma temporalidad. Las autoridades de Protección Civil han instado a la población y a la navegación marítima en estas áreas a mantenerse informados a través de fuentes oficiales por posibles cambios en el comportamiento de estos sistemas.

A nivel nacional, el monzón mexicano está generando lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Además, los canales de baja presión interactúan con otras circulaciones atmosféricas, provocando lluvias significativas en Veracruz, Oaxaca y Puebla, y chubascos en el noreste, oriente y sur del país, así como en la península de Yucatán. Se prevé la posible caída de granizo en el centro y occidente de México.

En el norte del país, el ambiente continuará caluroso, especialmente en los estados del litoral del Pacífico, golfo de México y la península de Yucatán, con una onda de calor que se presenta en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Las personas adultas mayores beneficiarias del programa «Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores» se preparan para recibir el próximo depósito en septiembre de 2026. Aunque la Secretaría del Bienestar no ha divulgado el calendario oficial, se estima que los primeros depósitos comenzarán el martes 1 de septiembre, siguiendo un orden alfabético basado en la letra inicial del apellido de cada beneficiario.

Este programa social otorga un monto bimestral de seis mil 400 pesos, cifra que representa un incremento respecto a los seis mil 200 pesos previos. El aumento busca actualizar el apoyo económico y contribuir a los gastos cotidianos de los beneficiarios. Según la programación preliminar, los depósitos se realizarán de la siguiente manera: el 1 de septiembre para apellidos que inician con la letra A, y continuará cada día con los siguientes grupos de letras hasta el 25 de septiembre, fecha en la cual se completaría la dispersión.

La elegibilidad para recibir este apoyo se restringe a personas de 65 años o más, quienes deben cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades. Para registrarse, los interesados deben presentar documentación que incluye identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y el Formato Único de Bienestar en los módulos designados por la Secretaría del Bienestar.

Si un beneficiario pierde su Tarjeta del Bienestar, debe reportar la situación de inmediato llamando al 800 900 2000, número destinado al Banco del Bienestar, donde se le indicará el procedimiento para bloquear la tarjeta y recibir un nuevo plástico.

Cabe aclarar que no habrá un pago doble extraordinario por la Pensión Bienestar en septiembre. Algunos beneficiarios que reciben pensiones del IMSS o ISSSTE pueden ver depósitos de diferentes fuentes en el mismo periodo, pero esto no implica un aumento en el apoyo de la Pensión Bienestar. Para conocer el calendario definitivo de pagos, se deberá esperar la comunicación oficial por parte de la Secretaría del Bienestar.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha implementado nuevas medidas para la prevención y combate del lavado de dinero, afectando principalmente al sector no financiero. A través del Acuerdo 115/2026, se establecen disposiciones para fortalecer el Enfoque Basado en Riesgo y alinear la normativa mexicana con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Este esquema introduce obligaciones graduales para sectores como el inmobiliario, la compraventa de vehículos, joyas, metales preciosos y la gestión de apuestas. También incluye regulaciones sobre la emisión de tarjetas de servicios, monederos electrónicos y el manejo de activos virtuales, así como la supervisión de notarios y contadores que operen recursos ajenos.

Entre los cambios más relevantes, se encuentran las asociaciones y sociedades sin fines de lucro que recibirán donativos y que deberán adoptar medidas de prevención según el riesgo asociado a sus actividades. Los sujetos obligados deberán elaborar un Manual de Políticas Internas, identificar y clasificar el riesgo de sus clientes, y conservar documentación durante un periodo ampliado de 10 años.

Adicionalmente, la regulación exige el uso de sistemas automatizados para la gestión de expedientes digitales y la detección de operaciones inusuales. Estos sistemas considerarán variables como el monto y la frecuencia de transacciones, así como la localización geográfica de las operaciones. En caso de detectar actividades sospechosas, se deberá realizar una diligencia reforzada y notificar a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas.

Una de las disposiciones clave es la identificación del beneficiario controlador. Las empresas deberán documentar y mantener esta información durante al menos una década. A partir de 2028, las organizaciones estarán sujetas a una auditoría obligatoria para evaluar su cumplimiento en materia antilavado, especialmente aquellas consideradas de mayor riesgo, las cuales deberán contratar auditores externos certificados.

El nuevo marco establece la necesidad de fortalecer la capacidad de análisis en instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República, ante el probable incremento de alertas y reportes. Sin recursos adicionales, puede haber un riesgo de que esta estrategia se convierta en una carga burocrática tanto para empresas como para autoridades.

Para cumplir con estas exigencias, la Secretaría de Hacienda modificó las Reglas de Carácter General de la Ley Antilavado, obligando a los sujetos obligados a implementar mecanismos automatizados de supervisión. Estas herramientas deberán realizar funciones operativas continuas, centralizar la información y emitir alertas tempranas ante coincidencias con listas de control, como las de Personas Políticamente Expuestas.

Las auditorías comenzarán en 2028 y las organizaciones estarán obligadas a evaluar sus políticas antilavado y la eficacia de sus sistemas de monitoreo. Las entidades de bajo riesgo podrán efectuar evaluaciones internas, mientras que las de alto riesgo deberán recurrir a auditorías externas, lo cual implicará costos adicionales por contratación de especialistas.

A pesar de estos avances, la normativa no aborda el refuerzo institucional necesario en entidades como el SAT, la UIF y la FGR, lo cual podría aumentar la carga operativa y económica para las empresas, particularmente para las pequeñas y medianas.

El lunes en Monterrey se prevé un clima despejado con temperaturas que oscilarán entre 23 y 37 grados Celsius. Según el pronóstico, no se espera precipitación y los vientos proceden del Este a una velocidad de 6 kilómetros por hora. La humedad se registrará en un 45%, lo que indica un clima relativamente seco para la jornada.

Para el resto de la semana, el pronóstico indica que el martes se presentarán algunas nubes y la temperatura máxima alcanzará los 38 grados, mientras que la mínima será de 22 grados. El miércoles se anticipa un ambiente muy nublado con temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 24 grados. El jueves se prevén lluvias ligeras, con máximas de 36 grados y mínimas de 25 grados.

A lo largo del fin de semana, el clima seguirá con nubosidad, con temperaturas máximas de 36 a 37 grados y mínimas de 25 grados. En particular, el lunes 24 de agosto hay posibilidad de lluvia ligera, con máximas de 36 grados y mínimas de 24 grados.

Este informe proporciona una visión clara sobre las condiciones climáticas esperadas y su evolución en Monterrey.

Las personas cuyos números de teléfono terminan en el dígito 1 tienen plazo hasta el 31 de agosto de 2026 para registrar su línea ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Este proceso es parte de una iniciativa para vincular las líneas telefónicas con la identidad de sus titulares. La CRT ha advertido que la falta de registro resultará en la suspensión de los servicios de llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

El registro implica conectar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial, como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), con el número telefónico. Si no se completa este trámite antes de la fecha límite, las compañías telefónicas procederán a suspender los servicios dentro de 72 horas posteriores al vencimiento.

No obstante, la CRT ha aclarado que, en caso de suspensión, el usuario no perderá su número. El registro puede realizarse luego de la suspensión, y una vez validado, el servicio será restaurado de inmediato. Es importante señalar que no se requiere saldo ni conexión a datos móviles para llevar a cabo el procedimiento.

Durante el periodo de suspensión, los usuarios podrán comunicarse con ciertos números de emergencia, incluyendo 911 y 088, así como con la atención ciudadana al 079 y otros servicios específicos.

El calendario establecido por la CRT para el registro de líneas es escalonado según el último dígito del número. La fecha límite para el número que termina en 1 es el 31 de agosto de 2026. Las fechas para otros dígitos son las siguientes: 0, 15 de agosto de 2026; 2, 15 de septiembre de 2026; 3, 30 de septiembre de 2026; 4, 15 de octubre de 2026; 5, 31 de octubre de 2026; 6, 15 de noviembre de 2026; 7, 30 de noviembre de 2026; 8, 15 de diciembre de 2026; y 9, 31 de diciembre de 2026. Se informa que ya ha vencido el plazo para el dígito 0 y no habrá prórroga.

Las autoridades militares de Baja California Sur han activado el Plan DN-III-E, desplegando unidades del Batallón de Ingenieros ante la proximidad de la temporada de huracanes. Esta intervención se da ante el riesgo de inundaciones y otros efectos provocados por ciclones tropicales en la región.

El comandante de la Tercera Zona Militar, general César Omar Quinn Ponce, indicó que se encuentra en marcha la fase preventiva, que implica la revisión de maquinaria y equipos, así como inspecciones en áreas de riesgo, especialmente en los cauces de arroyos.

Baja California Sur históricamente enfrenta una alta exposición a fenómenos meteorológicos, especialmente en agosto y septiembre, meses en los que se espera la mayor actividad ciclónica. Para la actual temporada, se pronostican hasta 21 ciclones tropicales en el Océano Pacífico.

El Batallón de Ingenieros dispone de 13 unidades de maquinaria pesada para remoción de escombros, cuatro plantas potabilizadoras y equipos de búsqueda y rescate. Además, cuentan con una cocina comunitaria con capacidad para preparar 1,500 raciones diarias.

Al detectar una trayectoria de ciclón que amenace la entidad, se movilizan a las áreas potencialmente afectadas para realizar acciones preventivas y coordinar una respuesta inmediata. Los equipos también están preparados para evaluar y asegurar las vías de comunicación y realizar labores de búsqueda y evacuación.

El Consejo Estatal de Protección Civil ha identificado 27 puntos críticos de riesgo de inundación en los cinco municipios, afectando a casi 800,000 habitantes, lo que representa un alto porcentaje de la población. Los Cabos cuenta con 12 de esos puntos críticos, La Paz con 10, Comondú con tres, y Mulegé y Loreto con uno cada uno.

Ante estas circunstancias, se exhorta a la población a seguir las indicaciones del Consejo Estatal de Protección Civil y de las brigadas de atención en las zonas identificadas como de riesgo.