Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia pública para evitar comitivas excesivas y gastos innecesarios con recursos públicos en eventos internacionales, funcionarios y representantes de Morena en Guanajuato confirmaron su asistencia a la FITUR 2026 en Madrid, generando cuestionamientos por incongruencia política y prioridades presupuestales.

En declaraciones recientes, la mandataria federal fue clara: la promoción internacional debe hacerse con austeridad, justificación y resultados, evitando viajes numerosos y erogaciones que no se traduzcan en beneficios directos para la ciudadanía. El mensaje buscó marcar una línea de conducta para todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, en Guanajuato, la respuesta fue contraria al espíritu del llamado presidencial. Diversos actores vinculados a Morena —entre ellos legisladores y funcionarios locales— anunciaron su presencia en la feria turística, sin transparentar metas, indicadores de impacto ni costos desagregados, y en algunos casos respaldando traslados y viáticos desde presupuestos públicos.

Austeridad en el discurso, viajes en la práctica

El contraste no pasó desapercibido. Morena ha sostenido la austeridad como bandera, pero la participación de sus cuadros en delegaciones rumbo a Europa reaviva el debate sobre el uso del erario. La pregunta central es si estas asistencias responden a estrategias técnicas de promoción o a dinámicas de privilegio político.

Aunque algunos funcionarios han asegurado que cubrirán gastos “con recursos propios”, la validación institucional del viaje y la falta de información verificable sobre retornos medibles (inversión captada, convenios firmados, derrama proyectada) debilitan esa defensa. En paralelo, necesidades locales urgentes —seguridad, servicios, obra pública— siguen demandando atención y recursos.

Lo que exige la ciudadanía

Organismos ciudadanos y voces críticas piden coherencia: si la Presidenta llama a la austeridad, los gobiernos y representantes afines deben predicar con el ejemplo. En términos periodísticos, el reclamo es simple: menos comitivas, más resultados; menos opacidad, más rendición de cuentas.

León, Gto.— Héctor Rodríguez, presidente de la Feria de León, subrayó la importancia de consolidar este evento como uno de los motores económicos, turísticos y culturales más relevantes de Guanajuato y del Bajío.

Durante su mensaje, Rodríguez señaló que la Feria no solo representa un espacio de entretenimiento, sino una plataforma integral para impulsar la economía local, fortalecer a los expositores regionales y proyectar a León a nivel nacional e internacional. Recalcó que la planeación y organización del evento se enfocan en ofrecer experiencias seguras, incluyentes y de alta calidad para las familias.

El presidente del Patronato destacó también el trabajo coordinado con autoridades estatales y municipales, así como con el sector empresarial, para garantizar una feria ordenada, con espectáculos de primer nivel, actividades culturales y oportunidades para pequeños y medianos negocios.

Finalmente, Héctor Rodríguez reafirmó el compromiso de la Feria de León con la innovación y la mejora continua, buscando que cada edición supere a la anterior y consolide a León como un referente de grandes eventos en México.

La nota publicada sobre el viaje a Madrid vuelve a poner en el centro una figura que suele pasar sin mayor ruido por la agenda pública, pero que esta vez aparece con pasaporte en mano: la diputada local Edith Moreno.

De acuerdo con la información difundida, la legisladora acompañará a su esposo en una gira internacional, junto con su hija, bajo el argumento de que cada quien pagará sus propios gastos y que el viaje no afecta su desempeño parlamentario. Y justo ahí es donde el discurso empieza a chirriar.

Porque si algo ha caracterizado el paso de Edith Moreno por el Congreso local no ha sido precisamente una agenda intensa, reformas de alto impacto o una presencia constante en los grandes debates estatales. Su rendimiento legislativo ha sido, por decirlo suavemente, discreto. Tan discreto, que cuesta trabajo notar cuándo está… y cuándo no.

Por eso la ironía resulta inevitable. Mientras su actividad como diputada genera pocas huellas visibles en Guanajuato, su actividad como acompañante en Madrid parece mucho más clara, documentada y defendida. No hay boletines de iniciativas, pero sí explicaciones detalladas del viaje. No hay posicionamientos fuertes en tribuna, pero sí argumentos bien ensayados para justificar la salida del país.

La escena, vista desde fuera, se asemeja más a una luna de miel institucional que a una misión legislativa. Viaje en pareja, viaje en familia, viaje largo —de 10 a 12 días— y con la tranquilidad de que “no hay problema” porque el periodo legislativo lo permite. Como si la función de una diputada se midiera solo por el calendario y no por los resultados.

Se insiste en que el viaje no afecta su labor como representante popular. Pero la pregunta es otra:
¿qué tanto puede afectar algo… cuando el rendimiento ya es bajo?

Porque el problema no es que viaje. El problema es que no se le extraña. Su ausencia no genera vacío, ni rezago, ni debate pendiente. Y eso, en política, dice más que cualquier explicación administrativa.

En un estado con problemas urgentes, una diputación local debería ser trinchera, no sala de espera. Debería ser voz, no acompañamiento. Pero hoy, la percepción es clara: Edith Moreno aparece más como pasajera frecuente que como legisladora activa.

Y cuando una diputada logra justificar mejor un viaje a Madrid que su trabajo en el Congreso, la crítica no es exageración: es consecuencia.

La periodista Rosario Martínez de la Vega denunció públicamente ser víctima de acoso judicial, luego de que autoridades reabrieran un expediente que ya había sido legalmente concluido, hecho que calificó como una forma de hostigamiento contra el ejercicio periodístico.

En un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, la comunicadora hizo un llamado al gobierno de Guanajuato para que se garantice la libertad de expresión, el respeto al debido proceso y se evite el uso de mecanismos legales como instrumentos de presión contra la prensa crítica.

Martínez de la Vega advirtió que la reapertura del expediente, sin la existencia de nuevos elementos jurídicos, no puede considerarse un acto aislado, sino parte de prácticas que buscan desgastar, intimidar y silenciar a quienes ejercen el periodismo de investigación.

La periodista subrayó que este tipo de acciones no solo afectan a una persona, sino que envían un mensaje de advertencia al gremio periodístico, generando un clima de inseguridad e inhibición informativa, contrario a los principios democráticos.

Finalmente, reiteró que continuará ejerciendo su labor informativa, al tiempo que exigió garantías institucionales para que en Guanajuato no se criminalice el periodismo ni se utilicen los tribunales como herramientas de censura indirecta.

Guanajuato, Gto. — Un juez federal determinó vincular a proceso a Sergio Ascencio Barba, ex diputado federal, por su presunta responsabilidad en delitos ambientales relacionados con el desarrollo inmobiliario conocido como La Cucursola, ubicado en la Sierra de Santa Rosa.

Durante la audiencia, la autoridad judicial consideró que existen datos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal en su contra, al advertirse afectaciones al ecosistema derivadas de obras y acciones de urbanización realizadas sin contar con las autorizaciones federales ambientales correspondientes. Entre los daños señalados se encuentran la remoción de vegetación forestal, alteraciones al suelo y la colocación de concreto en una zona de alto valor ambiental.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el proyecto avanzó con permisos municipales y estatales, pero carecía de aval federal, requisito indispensable tratándose de terrenos con vocación forestal. El juez subrayó que dichos trámites locales no sustituyen las autorizaciones que exige la legislación ambiental federal, por lo que el caso amerita continuar su curso en sede penal.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, pero sí abre la fase de investigación complementaria, durante la cual el Ministerio Público deberá robustecer la acusación y la defensa tendrá oportunidad de presentar pruebas. El juzgador fijó un plazo para el desarrollo de esta etapa y determinó medidas cautelares acordes al caso.

Organizaciones ambientalistas y vecinos de la zona han señalado desde hace años el impacto irreversible que proyectos como La Cucursola han tenido sobre la Sierra de Santa Rosa, considerada un pulmón ecológico para la capital del estado. El caso ha cobrado especial relevancia pública por tratarse de un ex legislador federal, lo que reaviva el debate sobre la responsabilidad de actores políticos en desarrollos inmobiliarios cuestionados por daño ambiental.

El proceso continuará en los próximos meses, periodo en el que se definirá si el asunto avanza hacia juicio o si se exploran posibles salidas legales, incluidas medidas de reparación del daño ambiental conforme a la ley.

Fueguito News dará seguimiento puntual al desarrollo del proceso judicial y a las resoluciones que emitan las autoridades federales.

León, Gto.—
El relevo en la cúpula del Poder Judicial del Estado de Guanajuato ya tiene nombre y fecha. La magistrada Alma Delia Camacho Patlán será electa como próxima presidenta del Poder Judicial del Estado, en una votación programada para el 7 de enero, luego de que se cerrara un acuerdo político al interior del pleno.

Sin embargo, el proceso distó de ser automático. Fuentes consultadas al interior del Poder Judicial señalan que en los días previos se registraron negociaciones intensas, intereses encontrados y la conformación de bloques claramente definidos. Incluso, trascendió que un grupo de 10 magistrados y un consejero, con línea previa, impulsaron una ruta distinta con la intención de inclinar la balanza hacia otro perfil.

Pese a ello, el cálculo político terminó imponiéndose y el consenso se cerró en torno a Camacho Patlán, quien logró aglutinar los votos necesarios para consolidar su llegada a la presidencia del máximo órgano judicial del estado.

En este tablero también tuvo un papel relevante el actual presidente del Poder Judicial, Héctor Tinajero Muñoz, quien este viernes rinde su último informe de labores. Tinajero impulsó otros perfiles para la sucesión, entre ellos los de Gloria Jasso Bravo y Cristina Cabrera Manrique, aunque ninguno consiguió los acuerdos suficientes para prosperar dentro del pleno.

Así, entre pactos extrajudiciales, resistencias contenidas y equilibrios internos, el relevo en la presidencia del Poder Judicial de Guanajuato parece ya un trámite formal. No obstante, el verdadero fondo político comenzará después de la votación: quiénes consolidan poder, quiénes quedan relegados y a quiénes se les cobrará la factura de este acuerdo.

Este día se vivió un ambiente de reconocimiento en la Delegación de Bienestar en Guanajuato, donde la titular Alma Alcaraz Hernández encabezó un acto para destacar la labor de 589 Servidores de la Nación que participaron durante 2023, 2024 y parte de 2025 en tareas de apoyo y reconstrucción en comunidades afectadas por desastres naturales en distintos puntos del país.

De acuerdo con lo expuesto, los Servidores de la Nación brindaron acompañamiento en entidades como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Baja California, Hidalgo y Querétaro, llevando programas y atención directa a poblaciones que enfrentaron situaciones de emergencia.

Durante su mensaje, Alcaraz Hernández agradeció el compromiso del personal y subrayó que en la Cuarta Transformación “nadie se queda atrás y nadie se queda fuera”, al tiempo que señaló que el Bienestar debe ser compartido, pues —advirtió— cuando no se comparte “deja de ser Bienestar y se convierte en abuso de poder, lo que representa una traición al pueblo de México”.

La delegada federal también destacó los avances logrados en Guanajuato durante el presente año, donde se incorporaron 145 mil 837 mujeres al programa Pensión Mujeres Bienestar, 63 mil 793 nuevos derechohabientes al programa de Adultos Mayores y 5 mil 625 personas al de Personas con Discapacidad.

Según cifras oficiales, el Gobierno de México destinó más de 36 mil millones de pesos a los Programas del Bienestar en Guanajuato, lo que se tradujo en un aumento de más de 200 mil nuevos beneficiarios en la entidad.

Con esta inversión social, los programas federales alcanzaron a más de 1 millón 800 mil beneficiarios distribuidos en los 46 municipios del estado, consolidando una de las operaciones sociales más amplias del país.

El reconocimiento pone en el centro la labor territorial de los Servidores de la Nación, cuya presencia continúa siendo pieza clave en la implementación de la política social federal en Guanajuato.