A pesar de que continúan las investigaciones judiciales relacionadas con el caso de acoso sexual por el que fue vinculado a proceso el exalcalde de Silao, Carlos García Villaseñor, el tema vuelve a generar atención pública debido a nuevos señalamientos que apuntan a un presunto encubrimiento por parte de Rogelio Fabián Santoyo Guevara, exsecretario del Ayuntamiento, hacia su hermano, también señalado por presuntos actos de acoso sexual durante su paso por la administración morenista. De acuerdo con testimonios que han comenzado a surgir, existirían más posibles víctimas que refieren situaciones similares, lo que ha vuelto a colocar el caso en el centro del debate público.

 

La situación resulta particularmente relevante porque Rogelio Fabián Santoyo Guevara ha sido identificado públicamente como líder de la asociación Silaoenses contra la Corrupción, una organización que se ha presentado como un espacio ciudadano de denuncia y vigilancia del poder público. Sin embargo, los nuevos señalamientos han abierto cuestionamientos sobre la congruencia entre ese discurso y los hechos que hoy vuelven a colocarlo en el centro de la discusión pública, mientras las investigaciones continúan y nuevas voces comienzan a surgir en torno al caso.

 

Cabe recordar que el hermano del Rogelio en ese momento Secretario del Ayuntamiento , identficado como , Marco Antonio Ceja subdirector de Protección Civil , fue señalado por acosar y hostigar sexualmente a una empleada, forzandola a tener relaciones sexuales con el de lo contrario perderia su trabajo.

 

En el contexto de esta denuncias, la víctima también señaló que el presunto agresor habría manifestado en diversas ocasiones sentirse protegido por su hermano, Rogelio Santoyo, lo que —según su testimonio— generó entre la afectadas la percepción de que existía un respaldo que dificultaba que las denuncias avanzaran dentro de las instancias administrativas. Estas afirmaciones forman parte de los testimonios que han surgido en torno al caso y que hoy vuelven a ser mencionados mientras continúan las investigaciones y se reaviva el debate público sobre más posibles victimas afectadas por el anterior subdirector de protección civil.

 

Rogelio Santoyo y la empresa de basura bajo investigación “NKN”

El manejo del contrato del servicio de recolección de basura en Silao continúa siendo un tema que permanece bajo revisión y cuestionamientos. Durante aquella administración municipal se generó una crisis en la prestación del servicio derivada del conflicto entre la empresa concesionaria Veolia y la participación de la empresa NKN del Centro, cuya incorporación según diversos señalamientos habría sido impulsada por Rogelio Santoyo, quien fungía como Secretario del Ayuntamiento y presuntamente operó políticamente para favorecer la concesión del servicio. La situación derivó en litigios administrativos y abrió un debate público sobre la forma en que se tomaron decisiones relacionadas con el contrato y la operación del servicio. Sin embargo, la falta de unidades de la nueva empresa para la recolección de residuos provocó afectaciones en distintas colonias del municipio, lo que incrementó la presión social y política sobre el gobierno municipal. En ese contexto, las decisiones relacionadas con el manejo del servicio fueron discutidas en sesiones del Ayuntamiento, algunas de ellas celebradas en medio de fuertes tensiones políticas. Durante ese periodo, la Secretaría del Ayuntamiento entonces encabezada por Santoyo tenía la responsabilidad institucional de conducir las sesiones del cabildo, integrar el orden del día y certificar los acuerdos aprobados por el órgano colegiado, lo que colocó a dicha oficina en una posición clave dentro de uno de los episodios más polémicos que enfrentó la administración municipal en torno al servicio público de recolección de basura..

 

Hoy, Rogelio Santoyo busca proyectarse públicamente como activista a través de la organización “Silaoenses contra la Corrupción”; sin embargo, su figura continúa rodeada de diversos señalamientos y cuestionamientos relacionados con su paso por la administración municipal. Diversos episodios ocurridos durante aquel periodo desde decisiones polémicas dentro del Ayuntamiento hasta conflictos administrativos que derivaron en litigios y crisis en servicios públicos han vuelto a ser mencionados cada vez que su nombre aparece en el debate público, generando dudas sobre la congruencia entre el discurso anticorrupción que hoy enarbola y los señalamientos que aún persisten en torno a su actuación como funcionario.

Mario Felipe Cervantes Villegas

La renuncia de la diputada Luz Itzel Mendo González a la militancia del Partido Verde Ecologista de México no solo representa la salida de una figura política con trayectoria y formación en Guanajuato, sino también la pérdida de un activo valioso que ejercía su representación con convicción, identidad y responsabilidad frente a los electores.

Durante varios años, Mendo González participó activamente en la política local, construyendo desde regidurías, direcciones municipales y finalmente desde el Congreso del Estado. Su carta de renuncia revela un quiebre no coyuntural, sino estructural, entre su visión política y la línea que el PVEM ha asumido en el estado: una conducción marcada —según sus propias palabras— por la descalificación personal, el señalamiento público y el desdén a principios fundamentales como la defensa de la vida y la coherencia institucional.

Pero lo que ocurre en Guanajuato es solo un reflejo de una dinámica nacional preocupante.

La reforma electoral promovida por Morena, diseñada para debilitar al INE, controlar órganos locales y mantener hegemonías en 2027, ha comenzado a cobrarse un costo silencioso pero profundo: la traición a sus aliados. Partidos como el Verde, indispensables en la aritmética electoral y legislativa del oficialismo, comienzan a evidenciar fracturas internas frente a decisiones impuestas desde la coalición dominante. Y esas fisuras, cuando se acumulan, terminan por desfondar proyectos políticos que dependen de alianzas para triunfar.

Si algo quedó claro en este episodio es que la verticalidad impuesta por Morena hacia sus aliados genera desgaste, fragmentación y desconfianza. Así como en Guanajuato se pierde a una legisladora con arraigo, en otros estados podrían comenzar a replicarse rupturas silenciosas que debiliten las estructuras territoriales necesarias para ganar elecciones.

El riesgo para Morena no está solo en sus adversarios externos, sino en su incapacidad de mantener lealtades internas con altura política. La caída de gobernaturas en 2027 no llegará por una nueva oposición más fuerte, sino por la descomposición desde adentro. Y la salida de Luz Itzel Mendo González es una señal de advertencia que no conviene ignorar.

Por la Unidad de Investigación | Contacto Noticias

Don Rommel

 

Documentación en poder de este medio confirma que en la partida presupuestal 3852 correspondiente al segundo trimestre de 2025, se registró la compra del medicamento Rybelsus (semaglutida oral), un fármaco de alta especialidad cuyo costo por caja oscila entre los $2,800 y $4,500 pesos, dependiendo de la dosis.

Contacto Noticias cuenta con copia del ticket de compra vinculado a dicho registro presupuesto

 

¿Qué es Rybelsus?

Rybelsus es un medicamento indicado oficialmente que pertenece a la familia de fármacos GLP-1, ampliamente conocidos en los últimos años por su efecto en la reducción de peso corporal, ya que:

• Disminuyen el apetito
• Mejoran el metabolismo de la glucosa
• Favorecen la pérdida de peso significativa

Su uso para control de peso ha generado debate internacional debido a su alto costo y creciente demanda.

 

La pastilla de la austeridad

Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República en 2018, uno de los compromisos centrales fue eliminar privilegios médicos pagados con recursos públicos, bajo la bandera de la austeridad republicana. No se trataba únicamente de una medida administrativa, sino de una definición moral de la cuarta transformación. “ El nuevo gobierno” prometía que ningún funcionario volvería a gozar de seguros privados, cirugías costosas o tratamientos exclusivos financiados con dinero del erario mientras millones de mexicanos dependían de un sistema público de salud limitado y saturado. La narrativa era contundente: el poder debía vivirse con sobriedad y bajo las mismas condiciones que enfrentan los ciudadanos.

Pero la instrucción no llegó a Guanajuato, la diputada local en Guanajuato de origen Sonorense Hades Aguilar adquirio Rybelsius un tratamiento de ultima generación (GLP-1) y de alto precio que, en los últimos años, se ha popularizado por su efectividad clínica para bajar de peso y que, debido a su costo, se ha convertido en un producto prácticamente exclusivo y de lujo para quienes pueden asumir el costo de comprarlo. En un país donde la obesidad ha crecido de manera sostenida y donde amplios sectores de la población no pueden costear terapias innovadoras, la presencia de este gasto dentro de una partida pública inevitablemente abre una discusión de fondo.

El contraste es inevitable. En un país que ha vivido episodios de desabasto de medicamentos, donde padres de familia han salido a marchar por quimioterapias y pacientes buscan insulina que no llega, la discusión sobre el uso del dinero público de los Guanajuatenses para este medicamento no es menor.

En la agenda pública de la diputada local  Hades Aguilar no destacan iniciativas contundentes para combatir el desabasto ni propuestas estructurales en materia de salud. No hay ni siquiera una iniciativa legislativa por parte de ella para garantizar el acceso universal a tratamientos básicos.

 

Sin insulina en clínicas… pero con “Diet Treatment” en la partida a costa de los Guanajuatenses.

 

Resulta lamentable que mientras existen necesidades urgentes en materia de salud, haya quienes prefieran destinar recursos a fines que poco abonan al bienestar social. Más que promover gastos innecesarios, sería más congruente sumar esfuerzos por parte de Hades Aguilar para fortalecer el almacén de medicamentos que actualmente gestiona el Diputado Federal Pepe Aguirre, el cual requiere respaldo y apoyo real para atender a quienes más lo necesitan, si podemos ver las fotos aparece practicamente vacio.

 

Si verdaderamente existe compromiso con la ciudadanía, una señal clara sería destinar parte del sueldo o impulsar una colecta permanente de medicamentos en beneficio de las familias guanajuatenses. Hoy más que nunca, la responsabilidad pública debe traducirse en acciones concretas y sensibilidad social, no en discursos ni en gastos cuestionables.

 

 

 

 

La trayectoria reciente de Hades Aguilar refleja una evidente contradicción entre el discurso que promueve públicamente y las acciones que ha llevado a cabo desde su posición legislativa. Mientras se presenta como una voz crítica del privilegio, la opacidad y el gasto excesivo, su bajo rendimiento en el Congreso, la falta de propuestas sustantivas, y el uso repetitivo de mensajes institucionales vacíos en redes sociales contrastan con esos ideales. La ausencia de resultados concretos, sumada a una estrategia de comunicación enfocada más en la simulación que en la rendición de cuentas, pone en entredicho su compromiso con los principios que dice defender. En un contexto donde la ciudadanía exige autenticidad y coherencia, esta distancia entre lo que se dice y lo que se hace erosiona la confianza pública y proyecta una figura política más cercana al cálculo que a la convicció

Por instrucciones de la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el funcionario estatal Jorge Jiménez Lona informó que se mantiene contacto permanente con 95 personas originarias de Jaral del Progreso que quedaron varadas en Ciudad Guzmán, Jalisco, tras los hechos registrados el pasado domingo.

Desde el Gobierno de la Gente se detalló que ya se coordina el operativo para su traslado y retorno seguro a Guanajuato, brindándoles transporte para que puedan regresar sanas y salvas a sus hogares.

Las autoridades señalaron que, ante este tipo de acontecimientos, la respuesta ha sido inmediata, con solidaridad y trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, reafirmando el compromiso con la tranquilidad y seguridad de las familias guanajuatenses.

Se prevé que en las próximas horas se concrete el traslado de las personas afectadas.

Por: Mario Villegas

En Silao ha comenzado a construirse una narrativa de “activismo anticorrupción” encabezada por Rogelio Fabián Santoyo Guevara. Sin embargo, su propio historial público abre preguntas que no pueden ignorarse.

Santoyo no es un actor externo al poder. Ha transitado por el PAN, fue candidato del PRI en 2018 y posteriormente operador político y Secretario del Ayuntamiento bajo el gobierno de Morena en Silao (2021–2023) en la administración del hoy exalcalde Carlos García . Es decir, no se trata de un ciudadano ajeno al sistema que hoy critica, sino de alguien que formó parte de él durante más de dos décadas.

Durante su gestión como Secretario del Ayuntamiento, el municipio de Silao vivió una de las crisis políticas más profundas del periodo reciente: denuncias cruzadas, sesiones privadas, señalamientos de desvío en Tesorería, intentos de destitución y ruptura con el alcalde que él mismo ayudó a llevar al poder.

De acuerdo con información consultada por Contacto Noticias en la Plataforma Nacional de Transparencia y en documentación vinculada a investigaciones en curso por parte de autoridades fiscalizadoras y ministeriales, el ex secretario del Ayuntamiento de Silao, Rogelio Fabián Santoyo Guevara, aparece referido en actuaciones relacionadas con presuntas irregularidades que, de acreditarse, podrían encuadrar en delitos tipificados en el Código Penal del Estado de Guanajuato, tales como peculado (desvío de recursos públicos), ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, falsedad en declaraciones o documentos, encubrimiento y posibles conductas vinculadas a triangulación de recursos.

Los expedientes consultados también hacen referencia a eventuales conflictos de interés en nombramientos y decisiones administrativas adoptadas durante su gestión, los cuales forman parte de líneas de investigación abiertas ante instancias competentes,  tal es el caso del hermano de Rogelio el cual ocupaba un cargo directivo en Protección Civil municipal y fue señalado en una denuncia por presunto hostigamiento sexual, caso que desató controversia pública y críticas hacia la actuación institucional del gobierno municipal.

Operaciones millonarias y carpetas abiertas: el contexto de su gestión

Uno de los episodios más relevantes del periodo 2022–2023 fue la autorización para adquirir un predio de 50,000 metros cuadrados destinado al Hospital IMSS, por un monto total de $20,547,310 pesos. El esquema de pago contempló 10 millones de pesos en efectivo y más de 10.5 millones mediante permuta de áreas de donación municipales.

De acuerdo con las actas del Ayuntamiento, el tema fue abordado en sesión privada, bajo el argumento de reservar la ubicación del predio. Posteriormente, incluso se registró un intento de revocación del acuerdo aprobado.

El análisis técnico de las actas y documentación relacionada advierte en esta operación riesgos elevados de posible sobre o infra-valuación del inmueble, eventuales conflictos de interés, discrecionalidad en la selección del predio y opacidad derivada del manejo del asunto en sesión privada

Este hecho adquiere especial relevancia considerando que, en ese momento, Rogelio Fabián Santoyo se desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento, cargo responsable de la integración del orden del día, la convocatoria a sesiones y la certificación de los acuerdos adoptado

Carpetas de investigación en Tesorería y señalamientos en sesión pública

Otro eje crítico documentado en actas de marzo y abril de 2023 fue la referencia formal a la existencia de las carpetas de investigación 25394/2022 y 18719/2023 en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, relacionadas con presuntos hechos ocurridos en Tesorería municipal.

Durante sesiones de Ayuntamiento se mencionaron públicamente posibles desvíos por alrededor de 4 millones de pesos, así como la realización de un cateo, además de debates sobre el perfil del nuevo titular de Tesorería ante un posible conflicto de interés.

El análisis de los expedientes y actas municipales clasifica este apartado como de alto nivel de riesgo institucional, señalando que, de acreditarse irregularidades, podrían configurarse conductas como malversación, triangulación de recursos, falsedad documental o encubrimiento

Hoy Rodolfo Santoyo encabeza el movimiento denominado “Silaoenses Contra la Corrupción”, presentándose como referente ciudadano del combate a las irregularidades administrativas del Gobierno. Sin embargo, incluso al interior de esa organización existen señalamientos y controversias sobre la legitimidad de su representación.

De acuerdo con versiones de integrantes fundadores de la asociación, su nombramiento como dirigente ha sido cuestionado e incluso desconocido por quienes afirman ser los titulares originales de la organización. La disputa interna añade un nuevo elemento de contradicción a la narrativa de legalidad que hoy promueve.

Si las investigaciones abiertas llegaran a derivar en responsabilidades penales y se acreditaran conductas como peculado, uso indebido de atribuciones o tráfico de influencias delitos tipificados en el Código Penal del Estado de Guanajuato las sanciones podrían alcanzar varios años de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la reparación del daño.

No es un asunto de fe. Es un asunto de Estado.

La diputada local de Morena, Miriam Carmona, realizó compras oficiales para su oficina en el Congreso de Guanajuato a favor de Distribuidora Eléctrica del Mundo S.A. de C.V. Las adquisiciones están documentadas.

 

El dato adquiere otra dimensión cuando se considera que la legisladora ha sido identificada públicamente como integrante de La Luz del Mundo, organización religiosa cuyos líderes han enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos.

En 2022, el líder internacional de esa iglesia fue sentenciado en California tras declararse culpable de delitos graves. El caso colocó a la organización bajo escrutinio internacional.

En ese contexto, el estándar de separación entre religión y función pública debería ser más estricto, no más laxo.

México es un Estado laico.
No por tradición.
Por Constitución.

El problema no es que un servidor público tenga creencias. El problema surge cuando recursos públicos terminan en empresas vinculadas a su propio entorno religioso.

La discusión ya no es espiritual. Es institucional.

Cuando actores políticos mantienen cercanía con organizaciones religiosas cuyo liderazgo ha sido condenado en tribunales extranjeros por delitos de abuso sexual, el deber de transparencia se multiplica.

Más aún en un país donde el principio de separación entre Iglesia y Estado no es una consigna retórica, sino una herencia constitucional que se remonta a Benito Juárez, figura constantemente reivindicada por el obradorismo como símbolo del Estado laico.

Cuando un servidor público contrata con empresas vinculadas a su entorno cercano —sea político, familiar o religioso— inevitablemente se activa una palabra en la conversación pública: tráfico de influencias.

Un elemento adicional que no pasa desapercibido: la diputada local Miriam Carmona es hermana del senador por Guanajuato, Emmanuel Reyes Carmona. El parentesco no implica irregularidad por sí mismo, pero en un contexto que mezcla recursos públicos, vínculos religiosos y poder político, eleva el nivel de escrutinio y refuerza una exigencia básica en democracia: transparencia absoluta y separación clara entre intereses personales y función pública.

Xichú, Guanajuato. — En gira de trabajo por la Sierra Gorda, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, acompañada por Jorge Jiménez Lona, Secretario de Gobierno encabezó la entrega de nuevas calles y del Centro de Salud con Servicios Ampliados, obras consideradas de alto impacto para el desarrollo del municipio.

Durante la jornada se destacó que estas acciones representan una mejora sustancial en la calidad de vida de miles de habitantes, al fortalecer tanto la infraestructura urbana como los servicios de salud en una de las regiones más apartadas del estado.

El Centro de Salud con Servicios Ampliados permitirá ampliar la cobertura médica, reducir traslados a otros municipios y ofrecer atención más oportuna a las familias de Xichú y comunidades cercanas. En tanto, la entrega de calles mejora la movilidad y las condiciones de seguridad para la población.

“Recorrer Xichú ha sido un honor y una gran alegría, que nos compromete a seguir avanzando en equipo con las familias de todo Guanajuato”, se expresó durante el evento.

Autoridades reiteraron que el trabajo coordinado entre gobierno y ciudadanía seguirá siendo clave para impulsar obras que generen bienestar social en todo el estado.

Desde Contacto Noticias continuaremos informando sobre los avances y proyectos que impactan directamente a las comunidades de Guanajuato.

Don Rommel.

Hay decisiones que revelan prioridades.

Jesús Ramírez Garibay, secretario general de Morena en Guanajuato, decidió convocar a la ciudadanía a donar alimentos y medicinas para enviarlos a Cuba en un acto de “solidaridad internacional”.

El discurso apela a la empatía global. A la hermandad entre pueblos. A la responsabilidad moral frente a crisis externas.

Pero la política no se mide solo por discursos.
Se mide por el orden de las prioridades.

Morena recibirá 2,486 millones de pesos de financiamiento público partidista a nivel nacional y más de 70 millones de pesos en Guanajuato. Es decir, no hablamos de una organización que opere desde la carencia, sino del partido con mayor financiamiento público en el país.

Sin embargo, la convocatoria no está dirigida a atender rezagos en Guanajuato capital, donde vive el propio secretario, ni a fortalecer redes de apoyo en colonias donde las familias enfrentan dificultades reales para completar la despensa, pagar medicamentos o sostener gastos básicos.

En comunidades del estado hay adultos mayores que dependen de apoyos mínimos, madres que estiran el ingreso hasta el límite y jóvenes que abandonan estudios por falta de recursos. La pobreza no es un concepto abstracto en Guanajuato; es una condición concreta que se vive todos los días.

Por eso la pregunta no es ideológica.
Es ética y política:

¿La solidaridad debe empezar fuera del país cuando en casa existen carencias evidentes?

Impulsar una colecta es una decisión política. Define qué causa se coloca en el centro del discurso. Y en este caso, el centro no está en la ciudad donde reside el dirigente, ni en el estado que representa, sino en una agenda internacional que coincide con la narrativa histórica del partido.

El contraste se amplifica cuando el propio Ramírez Garibay proyecta públicamente una vida vinculada a viajes frecuentes a Estados Unidos y a una imagen alineada con marcas y moda estadounidense, mientras promueve una causa asociada al discurso ideológico crítico de ese mismo modelo.

No se trata de cuestionar su derecho a viajar o vestir como prefiera.
Se trata de coherencia política.

Cuando se gobierna y se administran millones en financiamiento partidista, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse por qué la prioridad solidaria no se traduce primero en acciones visibles dentro del propio estado.

La solidaridad internacional puede generar titulares.
Pero la necesidad local exige responsabilidad.

Porque antes de mirar hacia La Habana, habría que mirar hacia Guanajuato capital.
Antes de pedir donativos a la ciudadanía, habría que explicar qué prioridades definen realmente la agenda política.

En política, las prioridades no se declaran.
Se demuestran.

Y esa es la verdadera prueba de coherencia.

Irapuato, Guanajuato. — Con el objetivo de garantizar diálogo directo con la ciudadanía y atención oportuna a las comunidades involucradas, quedó instalada la Mesa de Atención Social de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para acompañar el desarrollo del Tren de Pasajeros Querétaro–Irapuato, uno de los proyectos estratégicos de infraestructura en el Bajío.

En el arranque formal de este mecanismo participativo, Jorge Jiménez Lona destacó que la coordinación entre federación, estado y municipios será clave para asegurar que las obras avancen con orden, transparencia y sensibilidad social.

“La infraestructura moderna no solo se construye con maquinaria, sino con diálogo permanente con la gente”, se subrayó durante la instalación del espacio, que permitirá atender inquietudes ciudadanas relacionadas con impacto urbano, movilidad, afectaciones temporales y beneficios económicos del proyecto ferroviario.

Tren Querétaro–Irapuato: impacto económico y competitividad para Guanajuato

El Tren de Pasajeros Querétaro–Irapuato es considerado un detonador de desarrollo regional. Su ejecución fortalecerá la conectividad entre estados del Bajío, impulsará la inversión, dinamizará el turismo y mejorará la movilidad interurbana en Guanajuato y el centro del país.

Además, la creación de la Mesa de Atención Social permitirá mantener comunicación constante con sectores productivos, comerciantes, transportistas y habitantes de las zonas impactadas por la obra, reforzando la gobernanza y la participación ciudadana.

Coordinación de los tres niveles de gobierno

En la sesión participaron representantes federales, estatales y municipales, consolidando un modelo de trabajo conjunto que busca maximizar los beneficios del proyecto ferroviario y reducir posibles afectaciones durante su construcción.

Con esta instalación, Guanajuato avanza en un esquema de infraestructura estratégica que combina crecimiento económico, competitividad y atención social responsable.

Contacto Noticias continuará dando seguimiento puntual a los avances del Tren de Pasajeros Querétaro–Irapuato y a las acciones que impulsen el desarrollo integral del estado.

Guanajuato, Gto. — La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise Muñoz Ledo, anunció la donación del helicóptero que se encontraba asignado a su servicio para integrarlo de manera permanente al Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), con el objetivo de fortalecer la atención médica aérea en la entidad.

La aeronave será destinada a traslados médicos de emergencia, intervenciones en comunidades rurales de difícil acceso, atención de accidentes graves y respuesta inmediata ante situaciones críticas que requieran movilidad aérea especializada.

Durante el anuncio, la mandataria estatal subrayó que su administración mantiene como eje central la protección de la vida y la salud de las y los guanajuatenses, priorizando el uso eficiente de los recursos públicos en beneficio directo de la población.

Con esta decisión, el helicóptero dejará de tener un uso ejecutivo para convertirse en una herramienta operativa estratégica del sistema estatal de urgencias, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y ampliar la cobertura en zonas alejadas.

Autoridades de salud destacaron que el fortalecimiento del servicio aéreo puede ser determinante en casos de traumatismos severos por accidentes carreteros, complicaciones obstétricas en regiones rurales, infartos, eventos cerebrovasculares y otras emergencias donde cada minuto es crucial.

La incorporación de la aeronave al SUEG representa un refuerzo a la infraestructura de atención prehospitalaria en Guanajuato y consolida una política pública orientada a la atención oportuna y efectiva de las emergencias médicas en todo el territorio estatal.