En el complejo tablero político de Guanajuato, el nombre de Roberto Saucedo Pimentel trasciende ya su historial como litigante y ex candidato del Partido Verde Ecologista a la alcaldía de la capital. Ha construido, con meticulosidad, una imagen pública de activista comprometido con la lucha contra la corrupción; sin embargo, a medida que se escudriñan sus movimientos y alianzas, esta imagen comienza a revelar un perfil mucho más estratégico y calculado, una fachada que encubre intereses económicos y políticos de largo alcance.
Diversas fuentes del ámbito político y empresarial coinciden en señalar que Saucedo opera en estrecha coordinación con Martha Karina Rodríguez Lizola, directora del ISSSTE en Guanajuato. Esta alianza, que va más allá de la relación institucional, se traduce en una plataforma para articular presiones y negociaciones que favorecen a empresarios ligados al sector salud. De igual forma, Saucedo mantiene nexos con periodistas que, junto con estas redes, consolidan un entramado de influencia que capitaliza conflictos internos y auditorías para direccionar contratos públicos, en particular los millonarios destinados a insumos médicos.
Las denuncias penales en contra de Gabriel Cortés Serrano, secretario de Salud, son operadas en conjunto por Saucedo y Rodríguez Lizola como un mecanismo de chantaje para favorecer a un empresario farmacéutico que ha perdido el acceso a compras dentro de la Secretaría de Salud. Esta estrategia jurídica y mediática funciona como una presión directa para restaurar intereses económicos particulares. No se pretende aquí defender al secretario de Salud, quien deberá responder ante la ley si así corresponde, pero lo que está claro es que este proceso está siendo instrumentalizado por Saucedo y Rodríguez Lizola para fines económicos y políticos.
Las confrontaciones públicas con el fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, no son simples enfrentamientos coyunturales, sino parte de una estrategia para fortalecer su posicionamiento político y presionar a los actores gubernamentales involucrados en la adjudicación de contratos, garantizando así el beneficio de los empresarios que financian sus actividades.
En el Congreso del Estado, el brazo político de Saucedo es Miriam Reyes Carmona, diputada local y hermana del senador Emmanuel Reyes Carmona. Su papel de “asesora” y enlace refuerza el entramado de relaciones que cruzan la política, los negocios y la influencia religiosa, dado el conocido vínculo de Emmanuel Reyes con La Luz del Mundo. Esta organización religiosa no solo funciona como un soporte ideológico, sino que también se utiliza como estructura política y mecanismo de financiamiento, aspectos que, aunque prohibidos por la ley mexicana, forman parte del cálculo estratégico de estas redes.
El modus operandi es claro y probado: iniciar procesos legales o denuncias contra funcionarios clave, alimentar una presión mediática constante y, simultáneamente, negociar con proveedores para asegurar la adjudicación de contratos en licitaciones públicas. En un contexto donde la compra de medicamentos, insumos y equipos médicos mueve cifras millonarias, el control de estas adjudicaciones se convierte en una mina de oro que alimenta a este complejo sistema de intereses.
Empresarios del sector privado, según testimonios consultados, han encontrado en Saucedo un intermediario que “facilita” contratos a cambio de comisiones o favores políticos. La mezcla de influencia, litigio y presión mediática coloca a esta red en una posición privilegiada para influir decisivamente en el rumbo del sector salud en Guanajuato.
Los antecedentes públicos de Saucedo denotan un manejo hábil del conflicto: ha utilizado la vía judicial para doblegar a comunicadores y adversarios políticos, transformando victorias legales en capital político. Este talento, aplicado al entramado de intereses económicos y políticos, resulta más difícil de evidenciar, pero no menos efectivo.
Además, es sabido que Saucedo está detrás de las campañas mediáticas de un medio conocido en Guanajuato, dirigidas en contra de Gabriel Cortés, secretario de Salud, y la Casa Azul de Diego Sinhue. Estas campañas no solo buscan debilitar a actores clave, sino consolidar su propio posicionamiento público y político.
Por último, la relación entre Saucedo y Martha Karina Rodríguez Lizola responde a intereses compartidos. Diversos empresarios del sector farmacéutico que proveen al ISSSTE se encuentran vinculados en este circuito, donde Martha, desde su cargo, y Saucedo, como asesor jurídico, operan para presionar y asegurar contratos, configurando así un sistema cerrado que amalgama poder político y lucro económico.
Esta compleja red de intereses plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto del activismo que presume Roberto Saucedo responde a genuinas causas ciudadanas y cuánto a una estrategia meticulosamente diseñada para alcanzar la presidencia municipal de Guanajuato? Lo que es evidente es que su arsenal incluye confrontaciones públicas y campañas mediáticas, herramientas con las que afina su presencia política y económica en la entidad.
