La Cámara de Diputados se encuentra evaluando una modificación fiscal que podría incrementar costos para diversas empresas de autotransporte en México. Esta propuesta, incluida en la Ley de Ingresos de 2027, tiene el potencial de restringir el acceso a un estímulo por el pago de peajes en autopistas de cuota. La medida genera inquietud entre los representantes del sector, quienes advierten sobre sus posibles repercusiones en las cadenas de suministro y en los precios al consumidor.
Según reportes de medios locales, la iniciativa sugiere reducir el umbral de ingresos anuales de 300 a 250 millones de pesos para habilitar a las empresas al beneficio fiscal. Este estímulo permite a las empresas acreditar hasta un 50% del gasto realizado en peajes contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aunque el porcentaje de acreditación permanecería inalterado, el ajuste podría excluir a aquellas compañías que actualmente cumplen con los criterios.
La modificación propuesta limitaría el acceso a este incentivo, impactando a empresas cuyos ingresos anuales superen el nuevo límite. De acuerdo con representantes del sector, esta restricción incrementaría la carga fiscal y afectaría los márgenes operativos, en un entorno ya complicado por el aumento de costos en combustibles, peajes, seguros y seguridad en carreteras.
El proyecto legislativo se encuentra en fase de deliberación, y su impacto dependerá de la versión final de la Ley de Ingresos de 2027. Actualmente, el sector del autotransporte enfrenta retos adicionales debido a un aumento en los costos operativos que incluye un incremento promedio del 9.7% en tarifas de peaje durante 2026 y un alza en el precio del diésel.
Según estimaciones sectoriales, el costo por el combustible alcanzaría los 39 mil 400 millones de pesos para el autotransporte. Además, las empresas reportaron gastos de aproximadamente 49 mil 285 millones de pesos en peajes y derechos, sumados a los gastos en seguros asociados al transporte.
Los representantes del autotransporte advierten que un aumento en sus costos logísticos podría trasladarse a los precios de otros productos. Este sector, que representa entre el 10% y el 25% del costo total de venta, podría ver un incremento en las tarifas, repercutiendo directamente en los precios al consumidor.
El debate en torno a la Ley de Ingresos de 2027 enfrenta el dilema de equilibrar la modificación de las condiciones para acceder al estímulo fiscal con la necesidad de controlar los costos del transporte de mercancías. Las organizaciones del sector han señalado las implicaciones de restringir este beneficio, sobre todo en un contexto de presión por los costos de combustible y seguridad en las carreteras.
La decisión final de la Cámara de Diputados determinará si se modifican los criterios de acceso al estímulo por el pago de peajes. Hasta que se complete el proceso legislativo y se confirme el texto aprobado, esta propuesta se mantiene como una consideración, sin convertirse en una medida fiscal definitiva.