Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha presentado ante el Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Esta propuesta tiene como objetivo modificar la identificación, actualización y vinculación de los predios en el país, lo que podría impactar en la regularización de inmuebles y en la recaudación fiscal de los municipios.
La iniciativa busca establecer criterios comunes entre la Federación, los Estados y los municipios, ante la necesidad de superar las diferencias en el desarrollo institucional y la digitalización de la información inmobiliaria. Estas brechas, según las autoridades federales, dificultan la valoración precisa de los inmuebles y afectan la trazabilidad de la propiedad.
Uno de los principales cambios propuestos es la creación de una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral. Estas herramientas permitirían una mejor identificación de los inmuebles y vincular la información catastral con los registros públicos de la propiedad.
La reforma también incluye la creación de una Plataforma Nacional Catastral, que facilitaría la coordinación tecnológica entre los tres niveles de gobierno. Además, se contempla un Plan Nacional Catastral y modelos para estandarizar trámites y servicios en todo el país.
Las entidades responsables dentro del nuevo esquema incluirían a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como las autoridades catastrales y registrales locales.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es su potencial impacto en la recaudación municipal. La propuesta establece que la actualización de los valores catastrales, la inclusión de predios no inscritos y la implementación de mecanismos de pago digital permitirían ampliar la base gravable, especialmente en relación con el impuesto predial, sin modificar las contribuciones existentes.
El diagnóstico se apoya en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2024, para finales de 2023, el valor catastral promedio representó el 45.4% del valor comercial de los predios. Esta diferencia, indica el Inegi, limita el potencial recaudatorio de los municipios y genera disparidades entre las entidades.
La iniciativa fue presentada el 9 de septiembre y se encuentra en espera de dictaminación en la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobada, los congresos estatales tendrán un plazo de 90 días para armonizar su legislación local. Asimismo, las autoridades catastrales y registrales deberán implementar los modelos y plataformas propuestas a más tardar el 31 de diciembre de 2026.