La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato ha archivado varias iniciativas presentadas por los partidos Morena y Movimiento Ciudadano que abordan temas relacionados con el transporte público y la protección a denunciantes de corrupción. Estas decisiones fueron tomadas durante una sesión llevada a cabo en el recinto legislativo de la ciudad de Guanajuato.
La iniciativa de Movimiento Ciudadano proponía eliminar la atribución de los ayuntamientos sobre la prestación del servicio de transporte público urbano y suburbano, permitiendo que el Gobierno del Estado asumiera competencias en este ámbito. El argumento principal resaltaba que, aunque el artículo 115 de la Constitución establece qué servicios deben manejar los municipios, el transporte público no figura como un servicio obligatorio, lo que lleva a una falta de uniformidad en la regulación y en la fijación de tarifas.
El diputado Rodrigo Zaragoza, durante la presentación de esta propuesta, mencionó que la fragmentación en el manejo del transporte entre municipios causa desigualdades y falta de planeación, lo que podría mejorar si el Gobierno del Estado tuviera atribuciones en esta área.
Adicionalmente, tres iniciativas enfocadas en la protección de denunciantes de corrupción fueron rechazadas, incluidas reformas que permitirían al Ministerio Público coordinarse con el Centro Estatal de Identificación Forense y establecer sistemas de investigación de seguridad pública. La propuesta de Morena para crear una Ley de Protección a Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción, que alinearía la normativa estatal con la federal, también fue desestimada.
Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guanajuato decidió posponer el análisis sobre propuestas para otorgar pensiones a personas con discapacidad permanente en el estado. Esta decisión se tomó bajo el argumento de esperar información adicional de las Secretarías de Derechos Humanos del Gobierno del Estado y de Bienestar del Gobierno Federal, a pesar de que dicha información ya había sido proporcionada.
Las propuestas presentadas incluían un convenio para otorgar pensiones «no contributivas» a personas con discapacidad menores de 65 años, financieras que provendrían del presupuesto estatal y federal, así como otra iniciativa para una pensión a este grupo poblacional. Durante la discusión, varios diputados expresaron su preocupación por la demora en la dictaminación y la necesidad de avanzar en estas propuestas para atender las necesidades de las personas con discapacidad en Guanajuato. La presidenta de la comisión reclamó la ausencia del diputado Jesús Hernández en consultas sobre discapacidad, destacando la importancia de considerar las voces de quienes realmente se verían afectados por estos procesos legislativos.