En Guanajuato, la Cámara de Senadores aprobó el 20 de octubre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con el objetivo de fomentar la adopción de estas modalidades de pago en trámites gubernamentales y en la compra de bienes y servicios, con la meta de reducir gradualmente el uso de efectivo. La ley incluye métodos de pago como códigos QR, dispositivos NFC, y transferencias electrónicas, permitiendo a los usuarios utilizar diversas plataformas para realizar sus transacciones.
La disposición establece que los tres niveles de gobierno y los proveedores de servicios deben facilitar la aceptación de estos métodos de pago. Asimismo, se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la responsabilidad de definir los sectores estratégicos donde se requerirá exclusivamente el uso de las modalidades digitales.
El Banco de México también tendrá la facultad de implementar programas que promuevan la utilización de transferencias electrónicas, así como la creación de un marco normativo para la unificación de las aplicaciones de servicios financieros. En caso de presentarse contingencias que afecten temporalmente los sistemas, se permitirá el uso de efectivo o cheques.
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, expresó que la digitalización tiene el potencial de modernizar el sistema financiero en México y mejorar la inclusión económica, beneficiando especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas. La ley busca ampliar las opciones de pago para ciudadanos y comercios, simplificando los trámites y las compras.
A pesar de los beneficios mencionados, senadores como Ricardo Sheffield y Miguel Márquez manifestaron su preocupación respecto a la atribución de poderes a la Secretaría de Hacienda para decidir estos temas, apuntando que debería ser una tarea legislativa más específica. Sheffield argumentó sobre el peligro de ceder control a un solo funcionario y cuestionó la falta de un mecanismo de revisión adecuado.
Además, Márquez advirtió que la implementación de esta ley podría afectar a sectores vulnerables como campesinos y pequeños comerciantes, quienes pueden no tener acceso a medios digitales. Resaltó que el derecho al uso de efectivo debe ser protegido por la constitución y que la discrecionalidad en la aplicación de pagos digitales puede ser problemática.
Ambos legisladores coincidieron en la necesidad de asegurar que la ley no limite el uso de efectivo en sectores donde la población aún depende de este medio de pago. Consideran que un enfoque más equilibrado es necesario para garantizar el acceso equitativo a todas las modalidades de pago disponibles.