El Congreso del Estado de Guanajuato incumplió la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de reformar las leyes que penalizan el aborto voluntario. Esta situación se da en un contexto de falta de consenso, principalmente con la resistencia del grupo parlamentario del PAN a apoyar los cambios legislativos solicitados por diversas organizaciones que abogan por el derecho a la interrupción legal y segura del embarazo. La inercia legislativa no elimina de forma automática los artículos que penalizan el aborto en la entidad, y ahora será el Pleno de la SCJN quien decida si procede a invalidarlos. Para que la reforma tenga efecto general en Guanajuato, se requerirá el voto positivo de al menos seis ministros.
Desde el 30 de abril de 2025, la SCJN declaró inconstitucional el sistema de penalización del aborto en Guanajuato y notificó al Congreso que tenía un plazo de 90 días para modificar la legislación, tiempo que ya ha expirado. El 21 de septiembre de 2025, el tema fue discutido en la Comisión de Justicia, pero se retiró del orden del día sin llegar a un acuerdo. Esto llevó a la oposición a señalar que la bancada del PAN mantiene las propuestas sin avanzar hacia una votación definitiva.
La Secretaría de Salud de Guanajuato reporta 130 interrupciones del embarazo por violación desde 2017 hasta agosto de 2026, involucrando a menores de hasta 11 años. Organizaciones civiles advierten que la eliminación de sanciones penales no garantizará el acceso a atención adecuada para quienes decidan interrumpir un embarazo, enfatizando que se necesita información y personal capacitado para ofrecer estos servicios.
El abogado Roberto Saucedo Pimentel explicó que la falta de una reforma no detiene el proceso actual. La SCJN debe ahora resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuya aprobación también requerirá la mayoría de seis votos. La diferencia radica en que, si se aprueba, la invalidación tendría efectos generales, beneficiando a todas las mujeres y no solo a las que se encuentren en situaciones específicas.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, junto con el Congreso del Estado, ha recibido críticas por no armonizar la legislación penal con los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres, lo que ha llevado a grupos de activistas a presentar juicios de amparo para frenar la criminalización del aborto.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y agosto de 2026 se han registrado 317 casos de aborto, proporcionando una visión más clara sobre el impacto de las políticas en la realidad de las mujeres en el estado. Aunque el aborto voluntario ha sido declarado inconstitucional, las penas persisten en el Código Penal y los jueces aún aplican las leyes existentes en casos relacionados.
La atención a embarazos derivados de violencia sexual en la Secretaría de Salud se realiza conforme a la normativa vigente, sin que la mujer necesite presentar una denuncia para recibir atención médica. La SSG afirma que su personal está capacitado para manejar estos casos, garantizando la confidencialidad y la voluntad de la usuaria respecto a las posibles denuncias.
La discusión en torno al aborto en Guanajuato se mantiene como un tema de relevancia social y política, y los procedimientos legales actuales podrían redefinir el acceso a la atención reproductiva en la entidad en un futuro cercano.