La solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de Estados Unidos, resalta un momento crítico en las relaciones entre México y su vecino del norte. El Departamento de Justicia acusa a Rocha Moya, en funciones y perteneciente al partido Morena, de tener vínculos con el narcotráfico.
La revelación de esta acusación ha generado una intensa controversia política en el país. Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte, advierte que se trata de un «punto de inflexión» en la cooperación bilateral, especialmente tras la administración del expresidente Donald Trump. La presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum aumenta ante el potencial impacto de esta demanda.
El caso representa un desafío significativo para la política de seguridad en México, que había mostrado avances recientes, como la neutralización de líderes del narcotráfico. Ahora, la presidenta Sheinbaum enfrenta decisiones difíciles: respaldar a los funcionarios involucrados, entregarlos a EE.UU. o iniciar sus propios procedimientos judiciales.
Sumano sugiere que optar por no extraditar a Rocha Moya podría acarrear represalias económicas por parte de Estados Unidos. Aunque una intervención militar estadounidense parece poco probable, el investigador no descarta que esta situación desencadene acciones similares contra otros políticos en México.
La acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que involucra a diez funcionarios mexicanos en conspiraciones con el Cartel de Sinaloa, se sostiene en pruebas recopiladas durante meses de investigación. Esto aumenta la presión sobre el gobierno mexicano, que ahora debe definir su respuesta ante la Administración estadounidense.