La Suprema Corte de Estados Unidos ha permitido la continuación de la construcción de un nuevo complejo militar y salón de baile en la Casa Blanca, tras una decisión que se tomó en la votación de 5 a 4. Este fallo posibilita que el proyecto avance mientras persiste un litigio sobre la legitimidad de la autoridad del presidente Donald Trump para llevar a cabo la obra sin el consentimiento del Congreso.
La instancia judicial no se pronunció sobre la legalidad del proyecto, lo que mantiene abierta la controversia sobre las facultades presidenciales en modificaciones a la propiedad federal. De acuerdo con la mayoría de los jueces, el National Trust for Historic Preservation, que había impugnado la construcción, no demostró suficiente daño legal para presentar su caso.
Trump, en declaraciones en redes sociales, celebró la resolución y afirmó que la infraestructura, estimada en 90,000 pies cuadrados, será terminada para el verano de 2028, con financiación de empresarios privados. El proyecto, que incluye elementos de seguridad, se defiende como crucial para eventos oficiales y necesidades de seguridad nacional.
A pesar del avance en la construcción, la Corte no abordó el tema fundamental sobre si el presidente puede proceder sin una autorización legislativa, dejando la cuestión en manos de los tribunales de menor rango. Esta decisión representa no solo un avance en el proyecto, sino también un aspecto polémico de las dinámicas de poder entre el ejecutivo y el judicial en Estados Unidos.