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Fiscalía de Guanajuato: Descartan hackeo y se investiga extorsión

Fiscalía de Guanajuato: Descartan hackeo y se investiga extorsión

La suspensión del servicio de 147 kioscos operados por el Gobierno del Estado de Guanajuato se debió a un intento de extorsión, no a un hackeo, según lo declarado por el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste. Estos kioscos, que ofrecen servicios digitales como copias de actas de nacimiento y pago de impuestos, han estado fuera de servicio desde el 2 de octubre.

Vázquez Alatriste explicó que el intento de extorsión fue perpetrado por individuos que no tenían claro el objetivo de su acción, lo que sugiere un error en la selección del blanco. El fiscal se abstuvo de proporcionar detalles sobre la cantidad de dinero demandada, citando que dicha información forma parte de la investigación en curso.

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG) no ha emitido información sobre la causa de la suspensión, pero el fiscal aclaró que la información de los ciudadanos no fue comprometida. Según su declaración, datos extraídos pertenecen al proveedor del servicio y no son relevantes en términos de seguridad.

La empresa Zona Zero, S.A. de C.V., con sede en Colima, es la encargada de la infraestructura y el funcionamiento de los kioscos. Tiene contratos vigentes con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Guanajuato que obligan a la empresa a garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, no hay cláusulas específicas que aborden la seguridad y el mantenimiento en caso de incidentes.

A pesar de que han sido reportados diversos ataques informáticos a dependencias estatales, la Fiscalía no ha podido proporcionar un conteo exacto de las denuncias recibidas o detalles sobre la situación de cada investigación. El fiscal Vázquez Alatriste indicó que hay un avance en los casos, pero no dio cifras específicas.

Entre los incidentes previos se incluye un ataque al SATEG que resultó en la suspensión de los kioscos. También se ha reportado la sustracción de datos de miembros de las Fuerzas de Seguridad Pública y filtraciones relacionadas con el Banco Estatal de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Las afectaciones han trascendido a múltiples dependencias, generando inquietudes sobre la seguridad de la información en el estado. Sin embargo, el número total de denuncias y el avance específico de las investigaciones siguen sin precisarse públicamente.