León.- Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del Estado de Guanajuato, confirmó que la Fiscalía General del Estado no participó en el operativo de decomiso de 59 millones de litros de combustible ocurrido en una planta de almacenamiento en San José de Iturbide en septiembre pasado. Vázquez Alatriste indicó que dicha operación está bajo la jurisdicción de autoridades federales, ya que su instancia se ocupa de delitos del orden común.
Las declaraciones se produjeron en respuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia mañanera del miércoles sostuvo que el combustible asegurado no era de procedencia ilícita, aclarando que la empresa involucrada tenía los permisos necesarios para operar legalmente. Sheinbaum mencionó también que se encontraron irregularidades en el transporte que fueron corregidas por la empresa.
El fiscal evadió comentar sobre la destitución del delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Juan Francisco Vera Ayala, afirmando que no le correspondía opinar sobre un tema que es competencia de la titular de la institución federal, Ernestina Godoy Ramos. Reiteró que no tenía información adicional sobre el caso del decomiso, indicando que lo que sabe proviene de los medios de comunicación.
Asimismo, al ser consultado sobre posibles acciones legales por parte de la empresa afectada en relación a daños a su reputación, Vázquez Alatriste dijo no tener conocimiento ni competencia sobre el tema.
El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, agregó que la investigación ahora corresponde a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que se encargará de delimitar responsabilidades en el caso. Afirmó que la lucha contra el robo de combustible sigue siendo un desafío significativo en el estado y el país, y destacó el compromiso de las autoridades para colaborar en la mejora de la seguridad.
En otro contexto, Gerardo Vázquez Alatriste abordó el caso de Edgar Franco Ríos, director del despacho Punto Legal, culpable de defraudar a numerosas personas en la promesa de venta de casas en remate bancario. Indicó que se han registrado cerca de 367 denuncias, de las cuales ya se han obtenido dos sentencias condenatorias. Vázquez Alatriste afirmó que además de las sanciones penales, se trabaja en la reparación integral del daño a las víctimas, aunque no pudo proporcionar detalles específicos sobre las acciones en curso para rastrear el destino de los fondos defraudados.