Guanajuato.- La resolución judicial que otorgó un amparo contra la penalización del aborto en Guanajuato ha generado una continuación en las acciones legales. Integrantes de La Red de Acompañantes de Aborto León, representadas por Nayeli Tello Mendoza y Ernesto Barajas, han señalado que el Congreso del Estado está retrasando el proceso, a pesar de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la interrupción voluntaria del embarazo.
Durante una rueda de prensa, los activistas manifestaron que la jueza federal Luz Adriana Rico Páez, quien emitió el amparo, no profundizó en los argumentos presentados. Criticaron los intentos de diferir audiencias y de enviar el expediente a otro juzgado. Barajas, de Defensa Queer, mencionó que había una intención de evitar una resolución completa en este caso.
La sentencia favorable, emitida el 27 de abril de 2026, establece que el Estado de Guanajuato debe actualizar su legislación conforme a estándares internacionales y criterios de la Suprema Corte. Sin embargo, los activistas advirtieron que la resolución no aborda adecuadamente los argumentos planteados.
Las colectivas y el Congreso han impugnado la resolución. El recurso legislativo se presentó el 18 de mayo. Aunque hay un plazo de 90 días otorgado al Congreso para legislar en esta materia, las activistas aclararon que esto no implica que el aborto quede despenalizado automáticamente, ya que se requeriría una declaratoria general de inconstitucionalidad.
Existen preocupaciones sobre un posible retraso en el proceso, similar al que ha ocurrido en otros estados como Jalisco y Puebla. Las activistas anticipan agotar todas las vías legales y considerarán solicitar que la Suprema Corte atraiga el caso. Además, hicieron un llamado a los diputados locales para que actúen conforme a su responsabilidad legislativa antes de que finalice el plazo judicial.
Manifestaron que mantenerla penalización del aborto genera un clima de miedo entre las mujeres, indicaron que actualmente hay más investigaciones por aborto que por feminicidio en Guanajuato, lo que consideran alarmante.
Aunque han existido avances en la despenalización en otros estados, las activistas advirtieron que persisten retos relacionados con el acceso efectivo a servicios de salud, protocolos médicos y acompañamiento institucional. Insistieron en la necesidad de que el state garantice estos accesos, además del simple hecho de no criminalizar el aborto.
A principios de este mes, se destacó que a 40 días hábiles de que venza el plazo para despenalizar el aborto en Guanajuato, no hay claridad en el proceso legislativo en el Congreso local. Es posible que la discusión sobre este asunto se traslade a un periodo extraordinario de sesiones o hacia el siguiente que inicia el 25 de septiembre. Actualmente, no se cuenta con una fecha establecida para abordar el tema en Pleno.
El diputado morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor, presidente de la Comisión de Justicia, comentó que se llevarán a cabo mesas de trabajo y consultas con niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, estas acciones podrían ocasionar retrasos en el cumplimiento del plazo establecido por la Suprema Corte. Se destaca la importancia de escuchar la voz de diversas agrupaciones antes de tomar decisiones legislativas en esta materia.