En el año 2025, Guanajuato registró un incremento del 35.8% en las muertes de intención no determinada, pasando de 302 en 2024 a 410. Esta cifra coloca al estado en el segundo lugar a nivel nacional en este tipo de defunciones, las cuales se reportan por causas externas cuya intencionalidad no se puede establecer. En el contexto nacional, se reportaron 2,916 decesos de este tipo en todo el país.
Según el informe de Estadísticas de Defunciones Registradas 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las 410 muertes en el estado, 350 fueron hombres y 60 mujeres. Un total de 251 de estas muertes correspondieron a personas de entre 15 y 49 años, representando más de la mitad del total.
Las muertes clasificadas como eventos de intención no determinada incluyen casos de envenenamiento por drogas o sustancias químicas, así como ahorcamiento, disparos de armas de fuego y caídas. En cuanto a la distribución por edades, el 61.2% de las muertes fue en personas de 15 a 49 años, seguidas por el 32.7% en personas de 50 años o más, y el 5.1% en menores de 15 años.
León fue el municipio con el mayor número de muertes de intención no determinada, con 70 casos, seguido por Celaya e Irapuato, cada uno con 38, y Salamanca con 24. En el otro extremo, municipios como Purísima del Rincón registraron solo tres decesos, y otros como Cuerámaro y Jaral del Progreso solo dos. Los 410 decesos se distribuyeron en 37 municipios de Guanajuato, con al menos un caso en cada uno.
Ante este aumento, se solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) una explicación sobre el incremento en las muertes de intención no determinada, así como sobre los procedimientos para esclarecer estos casos. Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP) fue consultada sobre las implicaciones de este aumento en el diagnóstico de la violencia y sobre las estrategias de seguridad a implementar. Hasta el momento, ambas dependencias no han emitido respuesta.
El académico y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Saúl Arellano Almanza, destacó la existencia de anomalías en los registros de muertes violentas en el país. Explicó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) utiliza un enfoque limitado al consultar solo las carpetas de investigación de las fiscalías, lo que genera un subregistro. En contraste, el INEGI aplica un enfoque de salud pública y diversas fuentes, lo cual permite características más amplias en el registro de defunciones, incluyendo la clasificación de muertes por agresiones.
Arellano subrayó que el INEGI no puede clasificar las muertes simplemente como homicidios sin suficiente información. Esto puede dar lugar a la clasificación de eventos de intención no determinada cuando los documentos no permiten establecer la intención de una muerte por causa externa.