La Fiscalía General de la República (FGR) está llevando a cabo una investigación sobre más de 59 millones de litros de combustible asegurados en una terminal situada en La Fragua, San José Iturbide, debido a que no se ha podido acreditar su origen. Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar la propiedad y trazabilidad de este combustible.
El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, indicó que este aseguramiento se deriva de investigaciones previas relacionadas con otros operativos en la región. Detalló que el operativo comenzó con un aseguramiento en una gasolinera de San Luis de la Paz. Posteriormente, se obtuvo la orden judicial para realizar un cateo en el inmueble en cuestión en Dolores Hidalgo, lo que permitió llegar finalmente a la terminal en San José Iturbide.
González Martínez evitó confirmar si este aseguramiento constituye el mayor decomiso de combustible en Guanajuato, enfatizando que las investigaciones aún continúan. También mencionó que no es prematuro calificar la situación como ilícita, ya que es fundamental determinar la procedencia del hidrocarburo.
La FGR apunta que esta investigación forma parte de esfuerzos más amplios para combatir redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible. González Martínez enfatizó que existen individuos provenientes de otras entidades que operan en Guanajuato, aunque decidió no identificar esos estados para evitar estigmatizarlos.
Por su parte, el director general de la consultora GMEC, Gonzalo Monroy, cuestionó la suposición de que el combustible asegurado sea de origen ilícito, destacando que la terminal en cuestión, operada por el Grupo SIMSA, es una de las principales instalaciones de distribución de combustibles en la región del Bajío.
Los antecedentes del aseguramiento indican que la FGR inició la indagatoria el 3 de julio de 2026, tras la detención de un individuo que supuestamente descargaba combustible sin acreditar su trazabilidad. Este operativo incluyó el aseguramiento de diversos vehículos y contenedores, así como la documentación relativa que será analizada en el marco de las investigaciones.
El gobierno municipal de San José Iturbide se ha comprometido a colaborar con las autoridades en la investigación sobre el decomiso. Existen preocupaciones de la comunidad por la falta de protocolos adecuados de protección civil en la terminal de almacenamiento, que está situada cerca de varias instituciones educativas.
Cabe mencionar que la terminal fue inaugurada en diciembre de 2017, y ha sido objeto de quejas y sospechas por parte de los residentes locales respecto a la seguridad y el manejo de combustible.
A medida que las autoridades sigan investigando, la FGR y el gobierno estatal deberán determinar la legalidad de la procedencia del combustible asegurado y tomar las acciones correspondientes en caso de que se confirmen irregularidades.