El acceso al agua limpia y suficiente es un derecho humano fundamental, y su garantía representa uno de los retos más significativos en México. En este contexto, la nueva Ley General de Aguas establece un marco legal para regular el uso del agua, buscando mejorar la calidad y disponibilidad del recurso para la población.
En Guadalajara y su zona metropolitana, los ciudadanos enfrentan problemas relacionados con la calidad del agua potable y la suficiencia de abastecimiento en diversas colonias. La situación se ha deteriorado en 2026, con reportes de agua turbia, malos olores y contaminantes, lo que ha generado exigencias de transparencia y acciones efectivas por parte de las autoridades.
La Ley General de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objetivo reglamentar el artículo 4º de la Constitución, elevando el acceso y el saneamiento del agua a derechos humanos. La legislación reconoce el agua como un bien nacional y prioriza su uso para consumo personal y doméstico sobre usos industriales.
Entre las disposiciones clave, se establece que la Federación, los estados y los municipios deben coordinarse para promover el saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Las dependencias públicas tienen la obligación de garantizar que el agua suministrada cumpla con estándares de calidad y equidad, priorizando el interés de la infancia.
Adicionalmente, los organismos operadores no podrán suspender el suministro de agua por falta de pago en el consumo doméstico, manteniendo un mínimo vital garantizado para subsistencia y higiene. Los municipios continúan siendo responsables de los servicios de agua potable y alcantarillado, con un reconocimiento formal a los Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento en zonas rurales e indígenas.
Por último, se crea un Registro Nacional del Agua para identificar públicamente la ubicación y uso de los recursos hídricos, estipulando revisiones de concesiones para prevenir la sobreexplotación de acuíferos y la reventa de agua agrícola a terceros.