La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su administración considerará la implementación de una ley para sancionar a las plataformas digitales que no cumplan con el nuevo decreto que ordena la eliminación de contenidos relacionados con violencia, acoso y abuso sexual, enfocado en la protección de menores. Esta declaración se hizo durante la conferencia de prensa matutina, donde se informó que las plataformas aceptaron el decreto, que será publicado este miércoles, y solicitaron un plazo de 30 días para adaptar sus sistemas. Este proceso estará bajo la supervisión de la Agencia de Transformación Digital.
Sheinbaum Pardo indicó que se tomarán medidas adicionales si las plataformas no cumplen con lo establecido. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el nuevo decreto obligará a las plataformas a verificar la edad de los usuarios, clasificar el contenido según la edad, y establecer configuraciones de privacidad y seguridad predeterminadas dirigidas a niños y adolescentes. Las plataformas deberán también eliminar de inmediato las cuentas y contenidos que fomenten el discurso de odio, el extremismo violento, la explotación sexual y otros comportamientos ilícitos.
Adicionalmente, las empresas deberán implementar herramientas para la supervisión parental y facilitar mecanismos para que los usuarios informen sobre contenidos potencialmente peligrosos para menores. Alcalde destacó que estas obligaciones abarcan servicios digitales que facilitan la comunicación y difusión de contenidos. Entre las compañías que participaron en las discusiones con el gobierno se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, quienes han manifestado su disposición para adoptar las medidas requeridas.
El decreto también estipula que las plataformas deben ofrecer puntos de contacto para atender solicitudes de las autoridades, así como preservar y proporcionar información relevante para investigaciones. Aunque este decreto es obligatorio, no contempla sanciones inmediatas, y la Consejería Jurídica evaluará posibles regulaciones adicionales en el futuro. La medida se basa en la legislación mexicana vigente que protege los derechos de niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar un acceso seguro a internet y prevenir diferentes tipos de violencia digital.