La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que demanda a las autoridades de Nicaragua restablecer el orden democrático, liberar a los presos políticos y crear condiciones para elecciones libres e inclusivas. Este acontecimiento es significativo en el panorama político hemisférico, ya que pone de manifiesto las tensiones en la región y la preocupación por la erosión de la democracia en Nicaragua.
México, representado por su delegado ante la OEA, Alejandro Encinas, se distanció de esta resolución, argumentando que no considera que la situación en Nicaragua afecte la seguridad hemisférica. El gobierno mexicano ha afirmado que se opone a convertir cuestiones de derechos humanos en problemas de seguridad y ha rechazado la intervención externa, abogando por el diálogo y la cooperación como medios para abordar la crisis.
La resolución titula “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua” exige acciones específicas: la liberación de detenidos por motivos políticos, la restitución de derechos a quienes han perdido su nacionalidad, y la garantía de libertades cívicas y políticas. Incluye solicitudes para el restablecimiento de la separación de poderes y la implementación de garantías electorales.
Además, la resolución propone la formación de un Grupo Ministerial de Seguimiento, compuesto por diversos países, para dialogar con el gobierno nicaragüense y la oposición. Este grupo deberá ofrecer recomendaciones sobre acciones diplomáticas y jurídicas en un plazo de 60 días, buscando alternativas no coercitivas para abordar la situación.
El texto ha recibido el apoyo de naciones como Argentina, Colombia y Estados Unidos, en un contexto donde las instituciones democráticas nicaragüenses han sido socavadas y los procesos electorales previos han sido anulados. Esta dinámica desencadena una serie de interrogantes sobre el futuro de la gobernanza en Nicaragua y el papel de la comunidad internacional en la promoción de los derechos humanos y la democracia en la región.