El incremento en el gasto por pensiones contributivas se está convirtiendo en un desafío significativo para las finanzas públicas de México, alcanzando un total de 1.6 billones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. Este aumento, que se ha incrementado desde 65 mil 854 millones de pesos en los últimos 25 años, representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), una subida considerable en comparación con el 1% que representaba anteriormente.
Las pensiones contributivas son prestaciones que dependen de aportaciones obligatorias realizadas por trabajadores, empleadores y el gobierno durante la vida laboral. Están configuradas a través de diferentes sistemas, como el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y otros específicos como los de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Ángel Edoardo Ruiz Buenrostro, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), señala que la presión financiera es en parte atribuible a que el gobierno federal sigue financiando las pensiones bajo el régimen de reparto establecido por la Ley del Seguro Social de 1973. A pesar de que se implementó un nuevo modelo en los años noventa, donde las generaciones más recientes acumulan ahorros individuales a través de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), las obligaciones del sistema anterior permanecen.
Ruiz Buenrostro argumenta que los problemas de financiamiento continúan debido a que los trabajadores bajo el régimen de 1997 no se han jubilado en grandes números. La Modalidad 40 permite a algunos trabajadores elevar su pensión de manera desproporcionada, lo que incrementa los costos del sistema de seguridad social. Se anticipa que la tendencia de gasto en pensiones continuará, lo que podría obligar al gobierno a redirigir recursos de otras áreas para cumplir con sus compromisos financieros.
Se estima que, tras 2030, disminuirán los beneficiarios del régimen de 1973, sin embargo, las nuevas generaciones enfrentarán el reto de depender de sus ahorros individuales. Ruiz Buenrostro identifica dos momentos críticos: el presente, donde se mantienen las obligaciones del régimen anterior, y uno futuro alrededor de 2050, cuando los trabajadores del sistema de Afores comenzarán a retirarse en mayor cantidad.
Es necesario realizar estudios actuariales para evaluar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y determinar ajustes pertinentes. Las autoridades podrían considerar la elevación de la edad de jubilación y restricciones a la Modalidad 40 para mitigar el impacto en la seguridad social. Países como Suecia y Dinamarca han implementado cambios similares para mejorar la sostenibilidad financiera de sus sistemas de pensiones.
El envejecimiento de la población también requiere una revisión profunda del sistema de pensiones. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la estructura demográfica de México está cambiando, y se prevé que entre 2049 y 2056, los adultos mayores sean el segmento poblacional más relevante. Esto plantea la necesidad de evaluar la capacidad de financiamiento de las pensiones en un contexto donde más personas alcanzarán la edad de retiro.
Se requiere un análisis exhaustivo sobre cómo garantizar las pensiones en condiciones cambiantes, dado que el modelo de cuentas individuales del régimen de 1997 depende del ahorro personal de cada trabajador. Ruiz Buenrostro destaca la importancia de contar con estudios que validen la viabilidad futura del sistema de seguridad social e impulsen reformas necesarias para evitar dificultades en la cobertura de pensiones.
A medida que el país busca soluciones a los desafíos estructurales del sistema de pensiones, es imperativo contar con diagnósticos actuariales, consenso entre las partes involucradas y un enfoque que contemple la sostenibilidad y los derechos que las generaciones actuales y futuras han adquirido.