El sector empresarial mexicano ha propuesto suspender el incremento extraordinario del salario mínimo a partir de 2027, limitando futuros aumentos a la inflación. Esta decisión está motivada por la preocupación respecto a los costos laborales, el cierre de empresas y la desaceleración del empleo formal.
José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que se busca abandonar el Monto Independiente de Recuperación (MIR), que ha permitido desde 2019 elevar los salarios por encima de la inflación. Mora argumentó que los incrementos extraordinarios han cumplido su función, al señalar que «una vez que se ha logrado el objetivo, ya no tendría MIR».
La actual política de aumentos salariales ha generado cambios significativos desde 2018, elevando el salario mínimo general de 88.36 pesos diarios a 315.04 pesos en 2026, aunque la recuperación real, ajustada por inflación, es inferior al apreciarse el incremento nominal superior al 250%.
El MIR fue esencial para este logro, ya que incorporó un monto adicional al incremento anual, evitando impactos directos en la inflación. La CCE sostiene que el objetivo de que el salario mínimo cubra al menos dos canastas básicas ya se ha alcanzado. Sin embargo, enfatizan la necesidad de preservar el poder adquisitivo sin poner más presión sobre las empresas, especialmente en un contexto en el que más del 50% de la fuerza laboral se mantiene en la informalidad.
La preocupación de los empresarios es notable en los sectores con menor margen de rentabilidad y en aquellos intensivos en mano de obra, donde los aumentos salariales se suman a otros costos laborales, incluyendo la expansión de días de vacaciones y la reducción gradual de la jornada laboral, establecidos en cambios legales recientes.
Medina Mora también destacó el impacto del aumento de los costos laborales en el empleo, citando el cierre de 14 maquiladoras y la pérdida de aproximadamente 60 mil puestos de trabajo en Ciudad Juárez. Asimismo, el país se prepara para una reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para 2030, lo que también requerirá ajustes organizativos y financieros para las empresas.
La propuesta de la CCE no representa una decisión oficial y no implica que el Gobierno haya renunciado a seguir aumentando los ingresos de los trabajadores. Se espera que la próxima propuesta del Gobierno se presente para su evaluación por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), que incluye a representantes del Gobierno, trabajadores y empresarios.