La crisis de desaparecidos en México ha sido sometida a la consideración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta decisión fue comunicada por el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas, quien destacó que, a pesar de algunos avances normativos e institucionales del gobierno local, estos resultan insuficientes para abordar el fenómeno de manera efectiva.
En redes sociales, se precisó que la postura del Comité se basa en un análisis riguroso contemplado en la Convención correspondiente. El objetivo es fortalecer la respuesta estatal con el apoyo internacional necesario para beneficio de las víctimas. Esta declaración sigue a la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, quien afirmó que la impunidad es uno de los problemas más señalados por víctimas y organizaciones.
El Alto Comisionado hizo un llamado a erradicar la impunidad, exigir justicia y establecer procesos efectivos de rendición de cuentas que incluyan la reparación del daño y garantías de no repetición. Esta medida se toma a pesar de la negativa del gobierno mexicano a aceptar las conclusiones del informe del Comité, que afirmó que existen indicios de que en el país se han cometido desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
El gobierno ha argumentado que estas situaciones son producto de actividades de grupos delictivos y no de acciones de agentes del Estado, lo que ha generado un profundo debate sobre la naturaleza del fenómeno en el país.