La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) ha emitido una denuncia destacando que el presupuesto económico para el año 2024 incluye dos proyectos de extracción mediante fracking, con una inversión total de 4 mil 63 millones de pesos, a pesar de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que esta práctica está prohibida en el país.
La AMCF reconoce que el presupuesto destinado al fracking se ha reducido en un 50% con respecto al año 2023, cuando fue de 8 mil 208 millones de pesos. Sin embargo, argumenta que es esencial dar un paso adelante y prohibir de manera definitiva esta técnica arriesgada y contaminante.
En un comunicado, la Alianza destaca que a lo largo de la administración de AMLO, que comenzó el 1 de diciembre de 2018 y finaliza el 30 de septiembre de 2024, se ha mantenido una inversión constante en proyectos de fracking. Desde 2019, se han asignado fondos a dos proyectos específicos: «Aceite Terciario del Golfo (ATG)» y «Aceite y Gas en Lutitas». Esta situación contradice la promesa del presidente de prohibir esta técnica.
La AMCF celebra la reducción presupuestaria, pero la considera insuficiente para cumplir con uno de los 100 compromisos de AMLO, que es prohibir métodos de extracción que dañen el medio ambiente y agoten los recursos hídricos, como el fracking. Además, la Alianza expresa su preocupación por la persistencia de proyectos y la asignación de recursos a esta tecnología peligrosa que ya está prohibida en otros países.
La AMCF acusa a Petróleos Mexicanos (Pemex) de llevar a cabo actividades de fracking en México, utilizando el 55% de los recursos asignados a proyectos de esta técnica. Además, señala que en 2020, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) confirmó la existencia de seis asignaciones petroleras con planes de exploración en yacimientos no convencionales, incluyendo la perforación de al menos 27 pozos horizontales con fracking.
La Alianza sostiene que, a pesar de esta contradicción, la administración actual aún tiene tiempo para cumplir con la promesa de prohibir el fracking, ya que le quedan 12 meses para emitir un decreto o una ley que prohíba esta tecnología. La AMCF enfatiza que el fracking requiere grandes cantidades de agua y plantea riesgos ambientales y de salud significativos en un país con estrés hídrico como México, en medio de una crisis climática global.
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