Las protestas lideradas por los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) persisten en el país, con la potencial adhesión de otras organizaciones sindicales. Esta situación se desarrolla en paralelo a la discusión en el Congreso sobre la Ley de Ingresos para 2027, que incluye una propuesta destinada a fortalecer la fiscalización de los recursos administrados por los sindicatos, así como por los gobiernos estatales y municipales.
El proyecto de ley sugiere implementar un programa de verificación y comprobación, gestionado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que obligaría a estas entidades a cumplir con las normas de vigilancia fiscal establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). La iniciativa busca eliminar lo que el poder ejecutivo considera «privilegios de exclusión» y la dispensa de obligaciones para ciertos grupos, contribuyendo así a la lucha contra la corrupción y la impunidad en el contexto de finanzas públicas marcadas por un lento crecimiento económico.
A pesar de que la Ley de Ingresos 2027 incluye beneficios fiscales destinados a grandes contribuyentes, la propuesta fiscal no se limita únicamente a cuestiones de recaudación. En medio de un aumento notable de las protestas, que abarcan a trabajadores del IMSS y del sector petrolero, fuentes gubernamentales sugieren que esta iniciativa actúa como un mecanismo de presión sobre las direcciones sindicales. Este enfoque se da en un momento crítico para el gobierno, que enfrenta retos significativos para frenar el descontento laboral.
Las movilizaciones de los trabajadores del IMSS comenzaron el 13 de octubre, con una marcha masiva, y se preparan para una nueva protesta el 21 de octubre, donde exigirán un aumento salarial y la destitución de su líder sindical, Rafael Olivos. A esta movilización se incorporarán trabajadores de Pemex, a través de diversas agrupaciones sindicales que han formado el Frente de Unidad Petrolera; esto ocurre en un contexto de posibles recortes laborales y ajustes salariales planteados por la dirección de la empresa.
Además, otros sectores sindicales, incluyendo empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y organizaciones del magisterio, han manifestado su descontento y están considerando acciones de protesta similares. La propuesta fiscal del Ejecutivo ya ha sido enviada al Senado y, mientras las protestas se intensifican en varios sectores laborales, el gobierno intenta enviar un mensaje claro: la movilización puede llevar a un examen fiduciario más riguroso sobre las finanzas de las dirigencias sindicales.