En la sesión ordinaria número 57 del Ayuntamiento de Purísima del Rincón, se abordó la presunta separación de dos servidores públicos que documentaron una denuncia de agresión sexual contra un custodio de la Dirección de Seguridad Pública. Esto ha suscitado reclamos y cuestionamientos sobre la situación laboral de los involucrados.
El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Raúl Pérez Guzmán, presentó su argumento afirmando que José Luis Rey, médico municipal, y Giselle, jueza calificadora, fueron impedidos de acceder a sus lugares de trabajo sin recibir una notificación formal de despido. Ambos habían estado de guardia durante el incidente que dieron lugar a la denuncia y elaboraron el reporte pertinente.
Durante su intervención, Pérez Guzmán señaló que a pesar de la negativa de acceso a sus áreas laborales, ambos funcionarios asistieron a la sesión del Cabildo. Indicó que la decisión de separarlos del cargo fue atribuida a Cinthia Yuriko Zukerman Gallardo, coordinadora de Árbitros Calificadores, y subrayó la falta de comunicación por parte de Recursos Humanos sobre el asunto.
El regidor cuestionó la permanencia del custodio acusado de agresión, planteando dudas sobre el razonamiento detrás del despido de quienes denunciaron la situación. En respuesta, el alcalde Roberto García Urbano evitó detallar el fondo del problema, indicando que no era el momento adecuado para discutirlo.
La situación generó distintos puntos de vista en el Cabildo. Algunos miembros, como David Alberto Ortiz Trillo y Benjamín Rodríguez Cruz, pidieron una revisión exhaustiva del caso, sugiriendo que la separación de los empleados no debería ser la única acción tomada si existían responsabilidades más profundas en la investigación de la presunta agresión.
La regidora de Morena, Mónica Guadalupe López Hernández, destacó que el caso merece una investigación adecuada para garantizar la legalidad en los procesos administrativos. Mientras tanto, pedidos para que José Luis Rey y Giselle pudieran exponer su versión fueron desestimados por algunos integrantes del Ayuntamiento, quienes consideraron que el Cabildo no era la esfera adecuada para ello.
El Ayuntamiento no tomó ninguna decisión formal sobre la situación durante la sesión, dejando pendiente la resolución del caso y la situación laboral del custodio mencionado.
En otra información, la directora de Juzgados Cívicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Silvia Lorena Morales Aguirre, anunció que se llevarán a cabo jornadas itinerantes en comunidades rurales para acercar la justicia cívica a la población. Esto permitirá a los habitantes presentar conflictos y obtener orientación sin necesidad de viajar hasta la zona urbana. Esta medida busca prevenir conflictos antes de que se conviertan en situaciones legales más complejas y fomentar la resolución pacífica mediante acuerdos.