Registro de celulares en [Ciudad, Estado]: líneas exentas de alta

El 29 de junio de 2026, entrará en vigor en México un registro obligatorio de líneas telefónicas activas, implementado por el poder ejecutivo con el objetivo de combatir la extorsión, un delito de alto impacto en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, la extorsión se ha consolidado como uno de los delitos más frecuentes y, en su mayoría, se lleva a cabo por medio de llamadas telefónicas.

Este registro se aplica a líneas de telecomunicaciones que pertenecen a empresas como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán. Los usuarios deberán completar su registro, ya sea de manera presencial o a través de plataformas en línea, presentando una identificación oficial, así como su CURP o pasaporte. Los números que no se registren antes del 29 de junio de 2026 serán suspendidos, a partir del 30 de junio de ese año.

Existen excepciones en esta normativa, por lo que los números asociados a tarjetas SIM sin capacidad de realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS no requieren registro. Para el registro en línea, se permiten hasta tres intentos para completarlo. En caso de dificultades, los usuarios pueden comunicarse al servicio de atención al cliente de su operador telefónico o visitar un Centro de Atención a Clientes.

Las líneas no registradas no podrán utilizar el servicio móvil, aunque se permitirá la comunicación con servicios de emergencia y atención ciudadana. La falta de registro no exime a los usuarios de cumplir con sus obligaciones de pago de servicios contratados y equipos telefónicos.

Esta regulación se introduce cuatro años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) en 2022, al determinar que la creación de una base de datos centralizada con información biométrica vulneraba derechos fundamentales, lo que ha influido en el diseño de esta nueva medida.

Los datos del INEGI también reflejan que la extorsión presenta una cifra negra superior al 97%, lo que indica que la mayoría de los delitos de este tipo no son denunciados, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia del registro en la reducción de este delito en el futuro.