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Romero denuncia «cacería de brujas» de la 4T por caso Ruffo

PAN amplía registro ciudadano ante incertidumbres en estrategia electoral

La reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha desatado un fuerte debate en la esfera política mexicana, generando acusaciones de persecución política por parte del Partido Acción Nacional (PAN). La dirigencia nacional del PAN considera que el gobierno, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, lleva a cabo una «cacería de brujas» hacia políticos opositores, lo que plantea inquietudes sobre el estado del Estado de derecho en el país.

El líder del PAN, Jorge Romero, ha instado a la presidenta Sheinbaum a asegurar que la legislación se aplique de manera equitativa, señalando que la falta de rigor en la persecución de ciertos políticos de Morena, vinculados con el crimen organizado, evidencia un posible sesgo en la aplicación de la ley. Según Romero, corresponde a Ruffo Appel responder a las acusaciones de contrabando de combustible, pero resalta que la desigualdad en la persecución de delitos es problemática.

Además, Romero ha exigido la apertura de una investigación sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y sugiere que debería solicitar su licencia de cargo en función de las acusaciones que pesan sobre ella. Señala que el discurso de la gobernadora sobre la política de «abrazos, no balazos» refleja un pacto de impunidad, sugiriendo que este enfoque ha servido para proteger a ciertos políticos en lugar de combatir el crimen.

El PAN también ha afirmado su intención de defender la soberanía nacional frente a posibles acuerdos comprometedores. Romero anunció que su partido presentará denuncias pertinentes y demandará que el Congreso de la Unión convoque a una audiencia de los funcionarios implicados en este contexto, reafirmando su rechazo a cualquier tipo de pacto que comprometa la integridad del Estado.

En conclusión, la situación plantea desafíos significativos para la política mexicana, donde las acusaciones de uso político de la justicia y la impunidad se entrelazan, lo cual podría redefinir las dinámicas de poder y la confianza pública en las instituciones.