En San José de Iturbide, la terminal de almacenamiento de combustible Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., situada en la comunidad de La Fragua, sigue operando tras el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburos por parte de autoridades federales y estatales. A pesar del impacto del operativo, los residentes de La Fragua han vuelto a su rutina diaria, aunque con preocupaciones sobre la seguridad que implica la cercanía de enormes tanques de almacenamiento.
Los habitantes expresan inquietud sobre el riesgo que representan estas instalaciones. La preocupación no es reciente; desde hace años han manifestado su descontento por el crecimiento de la terminal, que originalmente se había presentado con la promesa de construir un parque comunitario además de solo dos tanques de almacenamiento. Los vecinos sostienen que en el pasado fueron engañados con promesas de asistencia y desarrollo que no se cumplieron.
La terminal se encuentra cerca de la escuela primaria Francisco I. Madero y otras viviendas, lo cual intensifica el temor entre los padres que llevan a sus hijos a clases. Los vecinos han realizado protestas, incluso bloqueando la carretera federal 57, demandando atención de las autoridades sin que hasta ahora hayan recibido respuestas efectivas.
Tras el aseguramiento, que tuvo lugar el 5 de septiembre, la presencia de autoridades en la zona fue transitoria. Actualmente, los tanques permanecen en su lugar, la escuela sigue funcionando, y el tráfico en la carretera no ha disminuido, lo que genera una convivencia diaria con una infraestructura que, aseguran, no deseaban tener tan cerca.
La terminal representa también una fuente de empleo, y algunos trabajadores se enfrentan a un dilema: valoran la estabilidad laboral que les proporciona la instalación, pero viven con el temor de lo que implicaría una emergencia en la zona. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales mantienen abierta la investigación sobre el origen del combustible asegurado, sin que se haya producido un pronunciamiento claro sobre la situación actual de la terminal.
En otro orden de cosas, Juan Francisco Vera Ayala dejó su cargo como delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato, un cambio que se produce tras el despliegue de atención pública sobre el caso de la terminal y el imputado aseguramiento. La presidencia de la República y el gobierno estatal solicitaron aclaraciones sobre la operación, mientras que la empresa afectada continúa operando bajo alegaciones de que sus permisos federales están vigentes.