El anteproyecto presupuestal presentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el año fiscal 2027 ha suscitado un intenso debate político, especialmente tras el anuncio de un incremento del 12.7% respecto al presupuesto vigente. Este aumento, que culmina en un total de 6,104.5 millones de pesos, ha sido calificado por la presidenta Claudia Sheinbaum como un intento de perpetuar privilegios dentro de una institución que, según su perspectiva, debería alinearse con las políticas de austeridad.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expresó su rechazo al presupuestal, señalando que el incremento no es coherente con la dirección que su gobierno busca para la administración pública. Su comentario sobre «transformaciones» personales al interior del edificio judicial refleja una creciente desconfianza hacia la autonomía de la Corte y el uso de los recursos públicos.
Este presupuesto, que marca el primer intento de financiación bajo la nueva legislación del Poder Judicial, ha generado críticas internas en la SCJN. La ministra Lenia Batres ha afirmado que el aumento contraviene las directrices de austeridad establecidas por el gobierno. Sin embargo, la Corte defiende que un 80% de los recursos solicitados se destinarán a sueldos y prestaciones del personal, argumentando la necesidad de garantizar la continuidad de proyectos de innovación y cumplimiento de obligaciones laborales.
Un punto destacado en el debate es la inclusión de una previsión para un seguro de gastos médicos mayores para los empleados de la Corte, aunque este no incluiría a los magistrados y ministras. Esta medida ha suscitado cuestionamientos acerca de la equidad y la correcta utilización de los fondos públicos.
La propuesta, actualmente en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, deberá ser evaluada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presentada a la Cámara de Diputados a principios de septiembre. El resultado de este proceso no solo definirá el rumbo financiero de la SCJN, sino que también tendrá repercusiones en el marco estratégico del Poder Ejecutivo y su relación con el sistema judicial.