Cifra oficial de desapariciones en México podría estar muy por debajo de la realidad, advierten activistas

El número oficial de personas desaparecidas en México, que superó las 100 mil en 2021, podría ser mucho menor que la realidad debido a problemas sistemáticos en el registro de desapariciones en el país, según el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Esta preocupante revelación ha suscitado críticas de activistas y familiares de las víctimas, quienes argumentan que el gobierno está retrocediendo en la lucha contra la desaparición forzada.

La falta de una metodología clara y transparente en el registro y la ausencia de datos desglosados sobre aspectos demográficos como orientación sexual, identidad de género y estatus socioeconómico y migratorio de las víctimas son algunas de las deficiencias señaladas por Naciones Unidas. Además, se denunciaron actos de revictimización por parte de las autoridades mexicanas, lo que agrava aún más la situación.

Activistas como María Luisa Aguilar han destacado los riesgos que enfrentan los familiares de las víctimas al intentar reportar una desaparición, ya que en algunos lugares de México las autoridades están involucradas con los perpetradores de estos crímenes. Además, el gobierno no ha involucrado adecuadamente a los familiares en el proceso y ha habido oposición por parte de ciertas autoridades para emitir reportes al registro centralizado.

El registro de personas desaparecidas, que en un principio fue recibido con esperanza en 2018, ahora se encuentra bajo ataque por parte del mismo gobierno que lo creó. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la cifra oficial y anunció un recuento de personas desaparecidas. Esta situación preocupa a los activistas, ya que temen que la revisión esté más enfocada en perspectivas políticas que en abordar el problema real de la crisis de desapariciones en México.

La falta de claridad y transparencia en el registro de desapariciones y la subestimación de la magnitud del problema representan desafíos significativos en la lucha contra la desaparición forzada en México.

Padres de los 43 normalistas exigen a la Sedena que cumpla con entregar toda la información sobre el caso Ayotzinapa

Los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han exigido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que cumpla con la orden presidencial de entregar toda la información relacionada con la desaparición de sus hijos. Esta demanda se produce en medio de la continua lucha por justicia y verdad en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.

En una conferencia de prensa llevada a cabo frente al Campo Militar No. 1, los padres y madres expresaron su descontento con el actual gobierno, alegando que no ha logrado administrar justicia en el caso Ayotzinapa. Recordaron que la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue llegar a la verdad en este caso, pero hasta ahora no se ha cumplido completamente.

A pesar de anunciar que levantarán el plantón que habían instalado previamente, los familiares de los 43 normalistas desaparecidos advirtieron que regresarán si el Ejército no entrega toda la información que posee sobre el caso. Han expresado su determinación de obtener respuestas a pesar de los desafíos que enfrenten.

Durante la conferencia de prensa, se colocó una manta con la inscripción «Fue el Ejército de AMLO», lo que refleja la creencia de los padres de que el Ejército está implicado en la desaparición de los estudiantes. También se exhibió una pancarta con la leyenda «Estos son los perpetradores», que rodea las fotografías de figuras importantes, incluyendo al exsecretario de la Defensa Nacional, al exprocurador de Guerrero y a otros funcionarios, a quienes identifican como posibles implicados en la desaparición.

Este llamado de los padres y madres de Ayotzinapa resalta la importancia continua de resolver el caso y llevar a los responsables ante la justicia, además de arrojar luz sobre la necesidad de abordar la grave problemática de las desapariciones forzadas en México.

Nuevo aeropuerto internacional de Tulum se inaugurará en diciembre, confirma AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reafirmó que el nuevo aeropuerto internacional de Tulum «Felipe Carrillo Puerto» abrirá sus puertas en diciembre de este año, destacando los avances en las obras durante una reciente inspección.

En una publicación en su cuenta de redes sociales, AMLO compartió un video que muestra el progreso de la terminal aérea y anunció que está prevista su inauguración para diciembre. Esta confirmación se suma a su declaración del 1 de septiembre, cuando mencionó que tanto el aeropuerto de Tulum como el Tren Maya comenzarían operaciones a finales de año.

El nuevo aeropuerto, ubicado en Quintana Roo, será supervisado por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. Su construcción es parte de un esfuerzo para aliviar la congestión del aeropuerto internacional de Cancún.

Hasta el momento, se ha completado aproximadamente el 65% de las obras, y se estima que se han creado 14,690 empleos como resultado del proyecto. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se unió a AMLO durante su visita y resaltó que el aeropuerto se convertirá en un acceso innovador a la región, beneficiando tanto a la zona central como al sur del estado.

El nuevo aeropuerto de Tulum tendrá la capacidad de atender a alrededor de 5.5 millones de pasajeros al año en su primera fase, con una plataforma diseñada para hasta 32,000 operaciones aéreas anuales. Contará con posiciones para aeronaves comerciales y para la aviación general y ejecutiva, además de un hangar de resguardo.

Se estima que el 75% de los pasajeros que lleguen al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum serán de origen extranjero, lo que refleja su importancia para el turismo en la región. La apertura de esta terminal promete impulsar el desarrollo económico y turístico de Quintana Roo, uno de los destinos más populares de México.

Xóchitl Gálvez advierte sobre riesgo de agresiones durante proceso electoral 2024

Xóchitl Gálvez, potencial aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, ha expresado su preocupación acerca del creciente riesgo de agresiones en su contra, provenientes de simpatizantes del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a medida que avanza el proceso electoral de 2024.

La senadora panista señaló que al convertirse en blanco de ataques por parte del mandatario, se crea un ambiente incierto, especialmente en los estados gobernados por Morena.

«Los seguidores de López Obrador son personas que a veces se dejan llevar por la pasión, y lo que quiero decir es: el presidente, después de enterarse de que querían demoler mi casa, intervino y dijo ‘no, por supuesto que no vamos a demoler la casa de la senadora o de la señora X’, como me llamen», expresó la senadora durante una conferencia de prensa.

Gálvez advirtió sobre la posible formación de grupos de choque: «Si la gente de Morena, por miedo a perder el gobierno debido a su pobre desempeño, decide atacarme, la única respuesta será el repudio de los ciudadanos, porque la gente sabrá que son ellos», afirmó.

La senadora resaltó que actualmente no cuenta con seguridad personal, excepto por su equipo de trabajo, compuesto por seis personas. Utilizó como ejemplo de las agresiones la revelación de datos bancarios y fiscales realizada por el presidente López Obrador, lo que considera una violación a sus derechos.

«Creo que el peor ataque que he experimentado es cuando el presidente viola el secreto fiscal y bancario y accede a mis cuentas, eso es un delito grave, en cualquier país del mundo le costaría su destitución», acusó Gálvez Ruiz.

Además, señaló que la inseguridad también está afectando a los habitantes de Campeche. Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), resaltó que la percepción de inseguridad en la población de esa entidad es del 65%, una situación que atribuyó a la gobernadora morenista, Layda Sansores.

PAN critica la política migratoria de AMLO tras suspensión en Ferromex: «Es inaceptable que no se garantice su seguridad»

El Partido Acción Nacional (PAN) ha expresado su preocupación y crítica hacia la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) después de que la empresa de trenes Ferromex suspendiera sus operaciones en varios estados de México. El PAN considera «inaceptable» que el gobierno no ofrezca soluciones adecuadas ni garantice la seguridad de los migrantes.

Omar Miranda, secretario de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos del PAN, emitió un comunicado en el que alertó sobre las consecuencias negativas de la suspensión de las operaciones de trenes de carga en estados como Nuevo León, Baja California y Chihuahua. Señaló que esta suspensión tiene un impacto económico significativo y es una consecuencia directa de la falta de políticas adecuadas para gestionar la migración de manera ordenada y segura.

Miranda también expresó su preocupación por la falta de una política integral y humanitaria en materia migratoria por parte del gobierno mexicano. A pesar de que el presidente López Obrador ha expresado su apoyo a los migrantes en discursos públicos, la realidad de las políticas implementadas no refleja esta posición.

El PAN hizo un llamado al presidente López Obrador para que tome medidas concretas y efectivas para atender la crisis migratoria. Entre estas medidas, se incluyen la provisión de refugios, atención médica y la protección de menores migrantes no acompañados.

Cabe destacar que la suspensión de operaciones de Ferromex se produjo debido a muertes y lesiones de migrantes que abordaron los trenes en su camino hacia la frontera norte de México. Aunque se informó que los trenes habían reanudado sus operaciones, autoridades de Guanajuato reportaron que cientos de migrantes quedaron varados en Irapuato debido a la suspensión de operaciones de la empresa ferroviaria.

López Obrador Cancela su Asistencia a la Cumbre Asia-Pacífico en EU por Disputa con Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado la cancelación de su asistencia a la cumbre Asia-Pacífico en San Francisco, Estados Unidos, prevista para noviembre. Esta decisión se debe a la presencia de Perú en el evento, un gobierno que no es reconocido por el mandatario mexicano.

López Obrador había confirmado su asistencia a la cumbre en agosto y tenía previsto reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para presentar un plan de desarrollo económico para países de América. Sin embargo, en una conferencia matutina reciente, declaró: «No voy a asistir a San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia-Pacífico y no queremos participar en eso, con todo respeto.»

El presidente mexicano había planeado presentar un plan de desarrollo económico que incluyera financiamiento accesible y créditos baratos para abordar el fenómeno migratorio y combatir la violencia, inspirado en la Alianza para el Progreso liderada por el presidente John F. Kennedy en el pasado.

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre en San Francisco. La decisión de López Obrador de no asistir se enmarca en la disputa diplomática entre México y Perú, que comenzó cuando el Congreso de Perú declaró al presidente mexicano como persona non grata debido a sus comentarios sobre asuntos internos de Perú y su negativa a transferir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú.

Además, López Obrador calificó a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como «usurpadora» y expresó que debería ceder la presidencia a Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso peruano después de intentar dar un golpe de Estado y está actualmente detenido.

Esta cancelación de la asistencia de López Obrador a la cumbre APEC refleja las tensiones diplomáticas entre los dos países y plantea preguntas sobre la cooperación regional en el futuro.

AMLO Acusa a Ministros de la Suprema Corte de Proteger al Fiscal Uriel Carmona

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha acusado a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de proteger al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien enfrenta cargos por tortura. AMLO expresó estas preocupaciones en su conferencia matutina y cuestionó la actuación de algunos ministros de la Corte en relación con el caso de Carmona.

El presidente señaló que existe un conflicto en torno al fuero de Carmona, ya que algunos jueces han otorgado amparos basándose en la suposición de que el fiscal tiene fuero y, por lo tanto, no puede ser juzgado. Sin embargo, AMLO alega que la Corte ya resolvió que Carmona no tiene fuero en este caso y que esta decisión aún no se ha implementado oficialmente.

Este asunto surge después de que el subsecretario de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio, también expresara preocupación por jueces y magistrados que, según él, favorecieron a Carmona y otros acusados en sus procesos penales. Bucio mencionó que algunos magistrados ordenaron la liberación de Carmona en un caso de feminicidio, alegando que no se respetó su fuero.

Uriel Carmona ha sido vinculado a proceso por su presunta participación en un caso de tortura contra un detenido conocido como «El Diablo». El juez de la causa dictaminó prisión preventiva para Carmona, por lo que permanecerá detenido en el penal del Altiplano en el Estado de México. Este caso ha generado controversia y debate sobre la independencia judicial y el debido proceso en México.

 

Xóchitl Gálvez Cuestiona el Destino de Recursos para el Avión Presidencial en el Presupuesto 2024

La aspirante a la presidencia de México por el Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, ha planteado interrogantes sobre la inclusión de una partida presupuestaria destinada a la compra de un avión presidencial en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2024.

Durante una entrevista después de una reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gálvez expresó su descontento por la solicitud de recursos para continuar pagando el avión presidencial, adquirido inicialmente durante el gobierno de Felipe Calderón y posteriormente vendido al gobierno de Tayikistán por mil 658 millones de pesos en abril pasado.

El presupuesto propuesto por el gobierno federal incluye una asignación de 387 millones 618 mil pesos para el pago relacionado con una «aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor». Esta suma corresponde a los pagos por arrendamiento financiero del avión presidencial que se vendió en la mencionada transacción.

Gálvez manifestó su preocupación por la falta de claridad en cuanto a la venta del avión presidencial anterior y cuestionó si se habían cumplido los términos del acuerdo de venta o si se estaban realizando pagos parciales. Además, expresó su inquietud sobre la solicitud de fondos para un nuevo avión presidencial y la necesidad de aclarar estos asuntos.

La senadora también discutió la importancia de un manejo adecuado de las finanzas públicas y su relación con la calificación crediticia de un país. Durante la reunión con los empresarios, se abordaron temas adicionales como las barreras a la inversión, los cambios en las regulaciones del sector energético, la pérdida de liderazgo en el comercio exterior de México y la falta de apoyo a las medianas, pequeñas y microempresas, así como la problemática de la inseguridad debido a la extorsión de la delincuencia organizada.

Finalmente, Gálvez rechazó la idea de demoler la casa que adquirió a un desarrollador mientras era delegada en Miguel Hidalgo, respondiendo a las peticiones de la dirigencia de Morena en la Ciudad de México.

AMLO Elogia Colaboración de Samuel García en Proyectos de Nuevo León: «No Nos ha Costado Trabajo Ayudar»

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó su buena colaboración con el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, en la concreción de proyectos durante un evento de puesta en marcha del Acueducto El Cuchillo.

El mandatario federal extendió un reconocimiento especial a García, quien llegó al cargo como abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), aunque pertenecen a movimientos políticos distintos. López Obrador enfatizó la importancia de trabajar juntos más allá de las diferencias partidistas, permitiendo avanzar en beneficio del pueblo de Nuevo León.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León elogió al presidente por lograr la concreción del proyecto en tan solo un año, a pesar de las estimaciones iniciales de que tomaría al menos cuatro años. El director general de la Comisión Nacional del Agua señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuvo a cargo de la gestión y administración del proyecto.

El Acueducto El Cuchillo II contó con un presupuesto de más de 6 mil 500 millones de pesos y está diseñado para abastecer de agua potable a 5.4 millones de habitantes de Monterrey, una región que experimentó sequías en meses anteriores.

Cabe destacar que a finales de agosto, Samuel García insinuó la posibilidad de una candidatura presidencial para las elecciones de 2024, dado que cumplirá con el requisito de tener al menos 35 años en el momento de la elección. En julio, López Obrador también mencionó la posibilidad de una alianza entre MC y Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

De Chofer de AMLO a Empresario: Los Vínculos de la Familia de «Nico» con el Tren Maya

La familia de Nicolás Mollinedo Bastar, quien en el pasado fungió como chofer de Andrés Manuel López Obrador durante su mandato como jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha incursionado en el negocio del Tren Maya. El gobierno federal está construyendo la estación de Tulum en las proximidades de un parque turístico que pertenece a la familia Mollinedo Portilla y que es administrado por los hijos de «Nico»: Nicolás, Samuel e Isaac René.

Este terreno de 64 hectáreas incluye un cenote y ofrece instalaciones como regaderas, palapas, una zona de comida, baños y un espacio comercial para el alquiler de equipos de esnórquel. El hijo mayor de «Nico» adquirió esta propiedad en octubre de 2018, apenas dos meses después de que el presidente anunciara la construcción del Tren Maya.

Los propietarios de la empresa Preservación Ecológica Sac Actun, que gestiona el parque, son Lydia Esther Portilla Mánica, exesposa de «Nico», y su hermano, Jorge Alberto Portilla Mánica, quien actualmente se desempeña como secretario general del Ayuntamiento de Tulum. Asimismo, el segundo hijo de «Nico» ocupa un cargo en el gobierno como regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) y preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad en este municipio de Quintana Roo.