Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021-2023 revelaron que una gran parte de las personas de entre 20 y 59 años, mujeres en edad reproductiva y adultos mayores, no cuentan con protección contra enfermedades que podrían prevenirse mediante la vacunación.
De acuerdo con los resultados, de las personas con edades entre los 20 a 59 años solo el 38% se aplicó una vacuna, apenas 66% contaban con una dosis contra la rubéola, las mujeres en edad fértil solo el 36% se aplicaron el biológico contra sarampión o rubéola.
En el caso de las personas de 60 años o más, las tasas de respuesta sobre su vacunación contra neumococo, influenza, tétanos y COVID-19, es de 39.2%, respectivamente.
El estudio destacó que los esquemas incompletos fueron más frecuentes en hombres y en personas sin seguro social, principalmente entre aquellos de 20 a 59 años.
El Ensanut recalcó: «La vacunación en estos grupos representa un desafío global para los sistemas de salud, tanto en países de medianos como de altos ingresos, dado que los biológicos son usados en estas poblaciones y se administran principalmente en centros de salud. Los datos sugieren una baja demanda y la necesidad crucial de aumentar la disponibilidad de este servicio».
Además, el antecedente de vacunación de acuerdo con la edad fue insuficiente en la recopilación que realizó Ensanut, ya que todos los grupos de edad tanto para los esquemas completos como para las vacunas individuales.
Con excepción de la vacuna contra la influenza en adultos mayores, la proporción de personas que reportaron haberse vacunado disminuyó en comparación con los resultados de la Ensanut 2012.
La investigación que realizaron en 2012-2023, los encuestados señalaron que no tenían la cartilla, ya que la mayoría expresó que no se les proporcionó en los servicios de salud.
El Ensanut recomendó que la unidad responsable del programa de acción específico de atención al envejecimiento alcance y mantenga 90% de cobertura con vacuna contra influenza estacional en las personas mayores de 60 años por entidad en el ejercicio fiscal 2025.
El estudio sugirió que cada una de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud revise su población de responsabilidad a vacunar, así como la asignación a nivel estatal de las áreas geográficas que quedan bajo su mando con la finalidad de cubrir 100% de las localidades del país.
